EL JAGUAR VOLADOR
E l presidente de los EE.UU., Bill Clinton,     acaba de dar la señal de partida para reanudar la carrera armamentista en  América Latina. Chile tiene la intención de ponerse a la cabeza de esa competencia por el poderío bélico en la región. La decisión de Clinton ha puesto fin a las restricciones impuestas en 1977, bajo el gobierno del presidente Jimmy Carter, a la venta de armas sofisticadas, que se motivaron en las violaciones de los derechos humanos cometidas por regímenes militares como el de Pinochet. Washington asegura creer que en el continente imperan ahora la democracia y el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Eso, en Chile, evidentemente no es cierto. Nuestro país no ha recuperado todavía un sistema democrático en forma ni el gobierno civil tiene autoridad real sobre las FF.AA. Por el contrario, ellas gozan de absoluta autonomía. El caso chileno, por lo tanto, pone en evidencia la hipocresía en las políticas de la Casa Blanca. La determinación del presidente Clinton, por otra parte, reviste un carácter criminal porque impulsa una nueva carrera armamentista en un continente donde más de 210 millones de personas, casi la mitad de su población, vive sumida en la pobreza. Sus expectativas de salir de la miseria y acceder a salud, vivienda y educación disminuyen en la misma proporción en que crecen los gastos militares de sus respectivos países. A más armas, menos pan, menos salud y menos educación. 

AVIONES MILLONARIOS 

 Clinton ha cedido a la presión de los fabricantes de armas, una de las principales ramas de la industria norteamericana que, a pesar del fin de la guerra fría, ha seguido incrementando sus ganancias, en dura competencia con países como Rusia y Francia. Un vocero de la Casa Blanca, al informar del levantamiento de las restricciones, admitió que un motivo poderoso fue el interés norteamericano por la inminente adquisición chilena de numerosos aviones caza bombarderos. La Fuerza Aérea de Chile (FACH), en efecto,según se ha informado, quiere reemplazar su actual dotación de aviones de combate A-37 comprando 24 aviones F-16 (de la fábrica Lockeheed Martin) y F/A-18 (de la fábrica McDonnell Douglas). Los caza bombarderos F-16 ambicionados por la FACH tienen un costo de 25 millones de dólares cada uno, o sea representan un negocio de seiscientos millones de dólares. El doble de lo que necesitan las universidades estatales para mejorar la educación superior. De «casualidad» el jefe de la FACH, general Fernando Rojas Vender, visitaba las fábricas norteamericanas cuando la Casa Blanca hizo su anuncio. Fue festejado por el Pentágono y sólo faltó que lo condecoraran por sus méritos de guerra, entre los que figura el bombardeo de La Moneda en 1973, para derrocar a un gobierno constitucional. El Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, ha calificado, con razón, de «repugnante» el levantamiento de las restricciones a las ventas de armas y ha pronosticado que causará un enorme daño a la democracia y a los pueblos latinoamericanos. En el caso de Chile eso es evidente. El reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que por ahora no tiene ninguna justificación defensiva pero que estimulará la espiral armamentista en los países vecinos, deteriora más el ya debilitado proceso democrático en Chile. Las adquisiciones de armamento -aviones de combate para la FACH, submarinos para la Armada, tanques para el Ejército, todo en curso de negociación-, fortalecerán un poder militar que hace gala de un peso incontrarrestable en la determinación del rumbo del país. Alrededor de mil quinientos millones de dólares anuales -según las cifras públicas- significa para Chile mantener unas FF.AA. que consumen muchísimo más de lo que el país invierte en desarrollo social. La modernización del material bélico, que desmiente en la práctica las amistosas relaciones que se afirma tener con los países vecinos, significa restar recursos que se hacen cada vez más necesarios en salud, educación, viviendas y fuentes de trabajo. Es un costo doloroso e innecesario que debe pagar todo un pueblo que necesita cosas más importantes que armas sofisticadas para una guerra improbable. 

EL NEGOCIO DE LAS ARMAS 
 
 

 El fin de la guerra fría no ha significado un descenso significativo en los gastos militares del mundo, como muchos esperaban. Entre 1985 y 1994 apenas se redujeron en un 2%, situándose en 778 mil millones de dólares. El presupuesto militar norteamericano -unos 250 mil millones de dólares anuales- no es muy inferior al de los años de guerra fría. El gobierno de Clinton ha propuesto al Congreso incrementar la investigación y desarrollo de nuevos tipos de armas. En la actualidad EE.UU. está vendiendo armas a 86 países, aparte de donaciones a otros 50, que en su mayoría son naciones en desarrollo. A partir de 1995, Rusia -que había declinado en el comercio mundial de armas- recuperó un segundo lugar, exportando casi 4 mil millones de dólares, tendencia que sigue en aumento. Perú acaba de comprar a Bielorrusia más de 40 aviones MIG-29 (que cuestan unos 30 millones de dólares cada uno). Por supuesto, Fujimori ha declarado también que esa importante compra «no incrementará la carrera armamentista», aunque alardea de que Perú tiene la más importante fuerza aérea del continente. Norteamericanos, franceses y rusos con sus F-16, Mirage 2000-5 y MIG 21 y 29, respectivamente, están compitiendo fieramente por un mercado en explosivo crecimiento. Para el año 2000 numerosos países tendrán que sustituir o modernizar alrededor de 2.500 aviones de guerra. Se convierten por lo tanto en objetivos de interés para los grandes consorcios bélicos. Uno de esos atractivos clientes es Chile que, con el resto de los países subdesarrollados, realiza adquisiciones por el 56% de las exportaciones mundiales de armas, gastando en ello un promedio del 4% de su Producto Interno Bruto (PIB). Chile alega que su porcentaje del PIB en esos gastos es menor -1,36%- y que los estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial lo hacen aparecer con una cifra demasiado abultada, que es la mayor en términos comparativos de América Latina. Pero tales quejas no parecen verosímiles.
 

NUEVO ROL DE LAS FF.AA. 

 La política actual de Chile en materia de armamento no guarda relación con la definición de defensa nacional que era clásica en nuestro país. Se basaba en prevenir eventuales agresiones por reivindicaciones territoriales de los vecinos del norte, Bolivia y Perú, e intentos de despojo por Argentina. El concepto defensivo ha ido transformándose en uno más activo, que no descarta tomar la iniciativa militar. El tamaño, equipamiento e instrucción de las FF.AA. se encuentra ahora asociado estrechamente a un modelo político, institucional y económico. En un sentido profundo, se puede afirmar que las FF.AA. han atado su destino al modelo neoliberal y han pasado a ser parte integrante de éste. El diseño institucional -y doctrinario- está inspirado ahora en la defensa de ese modelo y la misión de las FF.AA. consiste en acompañar su desarrollo. Las hipótesis de conflicto, por lo tanto, tienen que ver, en primer lugar, con el sostenimiento del modelo institucional, económico y cultural. En ese sentido, el enemigo principal continúan siendo las fuerzas políticas y sociales que se propongan cambiar el modelo, pero ya no sólo en el significado antisubversivo de la doctrina de Seguridad Nacional. Ahora el concepto es mucho más global y no sólo incluye la defensa de los pilares básicos de la Constitución del 80, sino, además, de la economía de mercado como reguladora de las relaciones sociales y como fuente del sistema político y cultural dominante. En este plano la doctrina militar requiere un elevado presupuesto de gastos no sólo para mantener un poder disuasivo permanente sino, también, una capacidad de inteligencia y de acción represiva que ponga a salvo al modelo de cualquier desafío interno. Esto supone grandes sumas de dinero no sólo en armamento sino también en personal, equipos, infraestructura, etc., que permitan mantener bajo control la vida y comportamiento del conjunto del pueblo. 

 GENDARMES DE LAS INVERSIONES 

 La otra dimensión de las FF.AA. en la actualidad es servir de garantía a la expansión de los negocios chilenos (de las grandes empresas radicadas en Chile, para ser más exactos). En una grotesca pero no menos real versión imperialista del papel de las FF.AA., los militares chilenos han llegado a concebirse también como garantes armados de la «expansión económica» del país. Sus teóricos desarrollan la tesis de la coordinación entre el capital inversionista, la diplomacia ( o sea la política) y las FF.AA., en un esfuerzo conjunto para situar al país como una potencia en América Latina. La punta de lanza son las inversiones en el exterior, que ya alcanzan a 17.653 millones de dólares. Cerca del 60% radica en Argentina y más de 2.600 millones en Perú, mientras en Bolivia alcanzan a 400 millones. En conjunto hay 13 mil millones de dólares en capitales «chilenos» invertidos en los países limítrofes. Esto, en la concepción seudo-imperialista que alientan nuestras FF.AA., hace que una nueva responsabilidad la de proteger esos intereses ante cualquier acción hostil- pese sobre los hombros de los militares chilenos, convertidos en garantes no sólo de la institucionalidad sino también de las inversiones en el exterior. Tanta y tan amplia responsabilidad, por supuesto, requiere de aviones de combate, submarinos y tanques de última generación como los que se están negociando con diferentes proveedores, así como costosos servicios de espionaje y contrainteligencia. La variable que al parecer no habían contemplado los estrategos militares del neoliberalismo es el inevitable proceso de transnacionalización de la economía, que puede llevar a unas FF.AA. despistadas a servir de instrumento de represión interna o de agresión a los países hermanos por estar al servicio de las transnacionales. La mayor parte de las inversiones chilenas en el exterior, por ejemplo, están en el rubro de la energía eléctrica: las empresas privatizadas de las que se ha apoderado Enersis en Argentina, Perú y Brasil. En la medida que Endesa de España se ha hecho del control de Enersis, serán en realidad capitales españoles los que la Cancillería y, eventualmente, las FF.AA. estarían defendiendo ante hipotéticos actos hostiles. No saber para quién se traba ja parece ser una constante de las FF.AA., por lo menos desde el 11 de septiembre de 1973. La posesión de nuevo armamento contribuirá a confundirlas aún más y alejarlas del camino perdido de la defensa de la soberanía nacional.

 
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