<<Recadi fue causa de la quiebra del país>> , concluye de la manera más terminante, categórica y dramática, -para desánimo de todos- el Informe Preliminar elaborado por la Comisión Especial del Congreso de la República, designada para investigar el cúmulo de factores que condicionaron y determinaron La Gran Estafa.

Esta tajante afirmación no dista mucho de la nuestra, cuando decimos que el Régimen de Cambios Diferenciales implantado en Venezuela desde el 18 de febrero de 1983 hasta febrero de 1989, administrado por Recadi durante los gobiernos democráticos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi -especialmente en esta última administración-, fue un instrumento utilizado por funcionarios públicos, empresarios, políticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios y ventajas económicas, evadir leyes y lucrarse en grupo e individualmente, en detrimento de los intereses nacionales.

Como apuntamos en el capítulo inicial, la suerte de desatinos cometidos en contra o desde la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, posteriormente denominada Dirección General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación del Ministerio de Hacienda, para acceder por la vía fácil a los dólares baratos controlados por el Estado, acentuaron la corrupción administrativa y la crisis moral general del país, hechos estos fundamentalmente estimulados y protagonizados por las clases dirigentes.

Recadi, La Gran Estafa perpetrada en este lapso de seis años, se desarrolló, además en el período más accidentado que ha sufrido la economía y en el peor tiempo de sacrificios vivido por los venezolanos.

En la parte final, el aludido informe parlamentario asegura que << el Régimen de Cambios Diferenciales, fracasó rotundamente al no alcanzar ninguno de sus objetivos fundamentales>> , cuales fueron: cortar la salida de capitales y contener las importaciones, con el propósito de evitar la reducción de las reservas internacionales; amortiguar los impactos inflacionarios que causarían la contención de las importaciones y la devaluación segmentada del bolívar; favorecer la reactivación económica y evitar una desmejora del nivel de empleo y salarios en la población.

Ocurrió lo contrario. En los años de aplicación de este sistema cambiario múltiple continuó la fuga de capitales no voluntariamente repatriables, las importaciones aumentaron tanto, que el incremento condujo al desbordamiento irresponsable del presupuesto nacional de divisas, lo que redujo a casi cero la posición de las reservas internacionales en poder del Banco Central.

Además, la escalada inflacionaria alcanzó su mayor grado de repercusión sobre el salario y el ingreso real de los trabajadores, y el bolívar experimentó la más fuerte devaluación y pérdida del poder adquisitivo que se haya conocido.

En los últimos seis años, la actividad económica se mantuvo con artificios y malabarismos contables y financieros que exhibieron una relativa y moderada tasa de crecimiento. De tal suerte que con la aplicación del nuevo programa de ajustes, la brutal caída registrada por el Producto Territorial Bruto a fines de 1989, de menos 8,1 por ciento, reveló la magnitud e intensidad de los desequilibrios macroeconómicos reales imperantes en el sistema económico.

Si bien la mano de obra calificada creció por la inercia natural de las estadísticas poblacionales, el desempleo abierto y encubierto creció a niveles alarmantes.

En realidad no son dos sino cuatro las causales principales por las que el país entró en ese proceso de quiebra. Algunos nos han vendido la idea de que el colapso económico de Venezuela se debe, primordialmente, a la baja en los ingresos externos, provocada por la caída y difícil recuperación de los precios petroleros en el mercado internacional. Y, a la irracional manera de administrar internamente estos recursos, relativamente escasos, de los que ha dispuesto el país en los últimos años. Esto es cierto.

Pero hay otras dos razones hasta ahora poco debatidas. En primer lugar, el desarrollo de una política obcecada desde el gobierno del ex-presidente Jaime Lusinchi, de cancelar a como diera lugar y, tal vez en las peores condiciones financieras, el llamado << mejor refinanciamiento del mundo>> . Durante cuatro años y con una situación de bajos ingresos petroleros y fiscales, se destinó más del cincuenta por ciento del presupuesto ordinario y de la rata global promedio de divisas por exportaciones petroleras y no petroleras a honrar los compromisos frente a la Banca Acreedora Internacional.

Demoró el mismo tiempo el ex-mandatario para darse cuenta, de último, de la situación, hasta llegar al extremo de admitir públicamente que la banca lo había engañado, al no retribuir a Venezuela con la misma intensidad y constancia con las que la República colocaba trimestralmente los pagos de capital e intereses de la deuda externa. Una prueba importante de que lo hecho estuvo mal, es que el nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez está reprogramando y aspira reducir las acreencias externas con la banca acreedora. Lo más significativo es que se está montando una plataforma financiera externa nueva, basada en fuentes multibilaterales, sencillamente porque la deuda vieja, además de impagable en su totalidad, es muy cara.

El último elemento sustancial a resaltar es que la corrupción administrativa se adueñó de Venezuela, como consecuencia del diseño de malas políticas económicas generales y de los excesos en los que incurrió la Comisión de Importaciones, al desbordar de manera antipatriótica el presupuesto nacional de divisas en detrimento de las reservas internacionales. Esto constituyó el caldo de cultivo ideal para que funcionarios, privados, políticos y particulares cometieran todo tipo de fechorías y anormalidades no controladas por ningún ente del Estado.

No es casual que Venezuela se haya convertido, por ejemplo, en un cementerio de vacas Holstein, en un estacionamiento de chatarra Zetor, o en un centro de consumo de trigo de bajo rendimiento proteínico.

Según el documento del Congreso, entre las irregularidades atribuibles a los directivos y supervisores de Recadi, en los trámites para el otorgamiento de divisas preferenciales, destacan las siguientes:

- Concesión de dólares preferenciales a empresas que no reunían los requisitos mínimos necesarios para la obtención de las divisas controladas, por cuanto no eran importadores tradicionales o recibieron dólares en proporción mayor al volumen de sus operaciones normales, su capacidad instalada y sus posibilidades de endeudamiento.

- Otorgamiento de divisas preferenciales a empresas recientemente constituidas, habiéndose comprobado que fueron creadas para este fin específico.

- Autorizaciones de Retiro de Divisas (ARD) a empresas que presentaron facturas que no se ajustaban a las condiciones de venta que sirvieron de base para el otorgamiento de divisas preferenciales. Este hecho permitió la aceptación de sobreprecios, motivado a la inclusión de gastos de manejo y logística de importaciones, cargos éstos que estaban implícitos en los precios FOB previamente acordados.

- Expedición de conformidades de importación antes de la vigencia del presupuesto de divisas correspondiente, en cantidades superiores a las asignadas (algunos de estos casos -lo sabemos- aparecen en las actas firmadas por los miembros de la Comisión de Importaciones. Esta fue una de las razones centrales que tuvo el ex-ministro de Fomento, Héctor Meneses, para intentar quitarse la vida).

- Marcadas e inexplicables preferencias en el otorgamiento de divisas. Se constataron casos en los cuales una sola empresa recibió 24 conformidades de importación en un día.

- Expedición de autorizaciones de retiro de divisas (ARD) a importadores que presentaron documentos cuyo trámite se encontraba vencido o incompleto.

- Expedición de conformidades de importación a empresas fantasmas o inactivas, lo cual podía evitarse al analizar la documentación existente en el Registro de Importadores.

Se incluye en el escrito que << se detectaron irregularidades relativas al inadecuado uso que dieron los importadores privados a las divisas preferenciales>> , a saber:

- Empresas que recibieron anticipos de divisas preferenciales para importaciones que no realizaron, sin que se operara el reintegro correspondiente al Banco Central de Venezuela.

- Empresas que a pesar de presentar la documentación correspondiente a sus importaciones, no demostraron la existencia, comercialización o destino dado a los bienes importados.

- Importadores que en transacciones consecutivas presentaron marcadas diferencias de precios en bienes de idénticas características, lo cual hace presumir la existencia de sobreprecios.

- Grupos de empresas con accionistas comunes, que recibieron divisas preferenciales para cada uno de sus establecimientos, asignando a las mercancías precios de venta al público con márgenes de ganancia en la comercialización superiores al 500 por ciento.

- Grupos de empresas cuyo volumen de importaciones era de tal magnitud, que sus embarques ocupaban barcos completos, utilizando sólo siete días entre la fecha de la Conformidad de Importación y el retiro de la mercancía en la Aduana, lo cual hace presumir:

a) Manipulación del personal de la aduana por parte del importador, al obtener éste en sólo tres horas, para la totalidad del embarque la siguiente documentación: acta de reconocimiento de mercancía, actas de valoración y elaboración y liquidación de las planillas de gravámenes;

b) la existencia de estrechas relaciones entre los importadores y los proveedores en el exterior.

- Además se observaron irregularidades en la certificación de las mercancías por parte de las empresas verificadoras, al examinar en pocas horas importaciones correspondientes a un número considerable de containers.

- Los importadores del Puerto Libre de Margarita asignaron precios a sus mercancías con márgenes de comercialización que oscilaban entre 600 y 1.000 por ciento, lo que las hacía inasequibles al turista venezolano, siendo en definitiva los propios importadores y los turistas extranjeros los que realmente se beneficiaron con el subsidio del Estado.

Del anterior cuadro de responsabilidades compartidas entre funcionarios -algunos presionados por el factor político- y empresarios, se desprende una crítica a la manera cómo está concebido el sistema de administración de justicia por Salvaguarda en Venezuela.

Dejando de lado el tema de la obvia partidización irritante y del clientelismo político presente en las instancias llamadas jurisdiccionales, la legislación en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, o es insuficiente, o está incompleta o, en definitiva, está diseñada para que no ocurra nada sustancial nunca.

Según los abogados Humberto Mendoza y Braulio Jatar Alonso, es ridículo que un Juez de Primera Instancia en lo Penal, con atribuciones en Salvaguarda, no pueda enjuiciar a funcionarios públicos en mediana y alta jerarquía. A propósito del Caso Recadi, ésta fue la circunstancia que privó en las decisiones del Juez Instructor, Luis Guillermo La Riva López.

El podía proceder en contra de particulares y funcionarios de escasa importancia, pero nunca entrelazar los delitos detectados entre importadores con la correspondiente contraparte en el sector público al más alto nivel.

Y al contrario, el Tribunal Superior de Salvaguarda, que sí podía conocer de las actuaciones de los más altos funcionarios, cuando funcionó como tribunal de alzada de las decisiones dictadas en primera instancia y desvinculadas del sector público, tampoco cruzó las dos caras del delito, buscando asociar la responsabilidad compartida en un fraude realizado por un privado.

Por esto es que todas las decisiones judiciales tomadas en una u otra instancia, siempre fueron por malversación de fondos públicos y nunca se aplicó la legislación, por ejemplo, del concierto de funcionarios. Curiosamente, la actual Ley de Salvaguarda, además del aprovechamiento fraudulento de fondos del patrimonio público, define otras 30 ó 35 tipificaciones delictuales, no solamente para funcionarios oficiales de alto rango, sino en algunos casos para particulares.

El gran defecto de la actual Ley de Salvaguarda radica en dos aspectos centrales: uno, lejos de poner a los indiciados en aprietos para demostrar su inocencia, les otorga privilegios de jerarquía, como la defensa en ausencia. Y el otro es que constituye una chaqueta de fuerza para los que la aplican, porque provoca la prescripción de muchas causas o la declaración << no hay responsablidad penal sino administrativa>> , ya que como se trata de un articulado puntual y casuístico, no imagina la cantidad y variedad de delitos contra la cosa pública que pueden ocurrir con la evolución del tiempo. Es una ley limitada, rebasa por las circunstancias y no vincula la responsabilidad de funcionarios con la de particulares.

En el plano político-partidista, no hubo quien no se pronunciara en favor de la investigación << hasta sus últimas consecuencias>> y por el castigo a los << verdaderos responsables>> .

Los dos partidos más importantes del sistema, Acción Democrática y Copei, estuvieron claros desde el punto de vista de sus nuevas plataformas económicas -donde figuraba la unificación cambiaria- en que la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales se había erigido en una nueva y más reciente distorsión de la economía y en una fuente suprema de corrupción administrativa.

Pero nunca mostraron un claro interés inicial, que partiera de ellos mismos y de antemano, por asociar a la eventual unificación una intención de clarificar su responsabilidad en la administración del Régimen de Cambios Diferenciales. << Lavarle un poco el rostro a la democracia>> , en todo caso, fue una iniciativa que se le puede atribuir a la prensa responsable, especialmente a El Nacional.

No hay ninguna duda de que el electorado venezolano, cada vez más joven y amplio, censuró la actitud de los dos partidos básicos del sistema, AD y Copei, y sobre la decisión de no votar gravitó, tal vez, en las últimas elecciones directas, no una crítica al sistema democrático en su conjunto, sino a los partidos en general, a sus dirigentes y a la manera cómo han conducido al país en los últimos 32 años.

Junto al paquete económico, con todo y su secuela inflacionaria y recesiva, el otro elemento clave que determinó la elevada abstención, fue el descarado matiz que ha tomado la corrupción administrativa en Venezuela. El golpeado partido de gobierno, Acción Democrática, cargo con la más alta cuota de responsabilidad. Sumados los casos de corrupción denunciados por la prensa o ante tribunales, no quedó prácticamente un sólo ministro o funcionario de nivel de la administración de Lusinchi -incluido él mismo- que no haya sido sometido al escarnio de la opinión pública. Esto nunca se había visto, al menos en tal magnitud, en la historia reciente del país.

Sobre este tema cabe una reflexión. Los partidos políticos y sus dirigentes tendrán que hacer lo propio, pues una de las contradicciones fundamentales que está planteada en el seno de la sociedad venezolana actual -y que se acentuará más y muy rápido en los próximos años- es el distanciamiento real que existe entre el ideario y los líderes tradicionales de la política, con la cada vez más inmensa legión de independientes y jóvenes que hoy constituyen una clara << mayoría silenciosa>> en Venezuela.

Por ello es que esa mezcla de corrupción generalizada y degradante, quiebra de valores, de rechazo a los partidos y sus dirigentes, de políticas de desarrollo equivocadas, de agotamiento de las reservas internacionales, de colapso en las finanzas públicas, y de todo tipo de distorsiones en la economía, constituyen algunos de los elementos que luego han condicionado la concepción y posterior aplicación del programa económico de ajustes del actual gobierno, cuyos efectos y consecuencias sufre la población desde hace ya un año.

Por lo anterior fue por lo que planteamos a los lectores de El Nacional el martes 11 de abril de 1989, lo siguiente:

- Existen razones de peso a las inicialmente referidas -escribimos- que obligan al periodista a jugar un papel más protagónico en el caso Recadi. Por ejemplo, una pérdida en la movilidad del actual gobierno en torno a la política económica que se propone adelantar y que nos afecta a todos, como lo hemos sentido en los últimos meses, tiene que ver, en buena medida con los desafueros cometidos en contra o desde Recadi. Por consecuencia, hoy día un ciudadano común debe pagar más caro un kilo de leche en polvo o cancelar más elevadas las mensualidades de la vivienda. La suma de las angustias ciudadanas ante la situación económica y social, si se quiere, fue una de las causas que provocó los sucesos del pasado 27 de febrero y días sucesivos. Los hechos ocurridos en Venezuela esa semana de graves y desconocidos estallidos sociales, indefectiblemente, están emparentados con las irregularidades cometidas en contra o desde Recadi.

Por igual, que << este es el enfoque que justifica la actitud emprendida por este grupo de profesionales del periodismo y del derecho a los que les ha correspondido denunciar personas, empresas y situaciones ligadas al proceso de otorgamiento de dólares preferenciales en los últimos seis años, en el entendido de que quienes han conspirado con el patrimonio público, son los verdaderos desestabilizadores del sistema>> .

El informe del Congreso a este respecto, dice:

- Una de las consecuencias más serias que provocó al país esta política económica, fue la baja violenta de las reservas internacionales, ya que encontrándose éstas en 13.750 millones de dólares al cierre del año 1985, descendieron el 31 de diciembre de 1988 a 6.671 millones de dólares con el agravante de que las reservas operativas se situaron en el límite mínimo exigido por los acuerdos de refinanciamiento, es decir, 2.044 millones de dólares. No obstante esta situación, se comprometieron más de 5.500 millones de dólares más en cartas de crédito, que perfectamente sabían las autoridades del gobierno y del Banco Central de Venezuela que no podían ser honradas a su vencimiento.

Se adiciona lo siguiente:

- En Recadi no se actuó atendiendo urgentes necesidades del país ya que gran parte de las divisas que manejó se utilizaron para financiar la importación de bienes suntuarios y justamente en la peor situación de nuestro ingreso de divisas, que cayeron a la mitad... Los funcionarios que integraron la Comisión de Importaciones incurrieron en violaciones a la Constitución Nacional, las Leyes Orgánicas de Hacienda, de Salvaguarda, del Banco Central de Venezuela y de Aduanas, así como a decenas de decretos y resoluciones tanto de Hacienda como del Banco Central, sin que el ciudadano Presidente de la República, en su carácter de administrador de la Hacienda Pública Nacional, por mandato constitucional, ejerciera su autoridad para ponerle coto a esta situación.

Finaliza el escrito advirtiendo: << En Recadi, a pesar de haberse manejado cerca de 34.000 millones de dólares, se careció permanentemente de registros y archivos adecuados para el control de las operaciones y ni el Ministro de Hacienda ni la propia oficina trataron de corregir esta anormalidad que era la base fundamental del desorden y por ende de la corrupción. Recadi permitió por la negligencia y la complicidad de los funcionarios que lo manejaron desde los más altos niveles, la comisión de miles de ilicitudes por parte de los importadores en fraude a los intereses de la Nación>> .

Fue lamentable el concepto expresado por el Presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, Silvestre Ortiz Bucarán, cuando se enteró de la decisión de la Corte que exoneró a los funcionarios de Lusinchi: << la sociedad de cómplices lo domina todo>> .

De esta frase sencilla y reflexiva se desprende otra que se nos puede atribuir a nosotros: todos los venezolanos somos culpables, algunos más, otros menos, por dejar que se diera La Gran Estafa en Recadi, por dejar que pasara lo que ocurrió en la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales Recadi. Ahora lo importante es luchar contra esa sociedad de cómplices, y erradicar de ella a los que tienen la responsabilidad más alta.