Desde que se creó el Régimen de Cambios Diferenciales hasta 1986, el Puerto Libre de la Isla de Margarita, así como la Zona Franca de Paraguaná, aparte de asignárseles un cupo en divisas para su uso al tipo de cambio libre, no contaron con dólares preferenciales al tipo de cambio controlado, especialmente al tipo de 14,50 bolívares por dólar.

Fue a propósito de la devaluación de finales de 1986, que en los años 1987 y 1988 el Puerto Libre no solamente recibió de nuevo su cuota de dólares, sino, además, al tipo de cambio de 14,50. Cantidades de productos suntuarios que habían sido desplazados al mercado libre de divisas, fueron rescatados a la tasa oficial, bajo el argumento de evitar escaladas inflacionarias por los efectos de la devaluación decidida por el gobierno de Jaime Lusinchi.

De tal modo que en 1987, se incluyó al Puerto Libre de Margarita en el Presupuesto Nacional de Divisas al tipo de cambio de 14,50 con una cantidad de 176 millones 627 mil 232 dólares, de los cuales fueron ejecutados en este ejercicio 171 millones 496 mil 291 dólares, de acuerdo con las cifras de la propia Recadi.

Mientras que en 1988, el cupo asignado a Margarita fue por 150 millones 486 mil 126 dólares, de los cuales se ejecutaron 122 millones 231 mil 549 dólares preferenciales.

El jueves 7 de abril de 1988, Morel Rodríguez ex y luego de nuevo gobernador del Estado Nueva Esparta, denunció por El Nacional que << dos altos, pero muy altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, (Jorge García duque, el viceministro, y Jesús Vargas Chirinos, director de Aduanas) han recibido comisiones multimillonarias (aproximadamente unos 150 millones de bolívares), manipulando la asignación de cuotas de importación a favor de terceros>> en el Puerto Libre de Margarita.

La denuncia de Morel Rodríguez cayó como un plomo, a tal punto que el Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, decidió oficiar por instrucciones del Presidente Lusinchi, al Fiscal General de la República de entonces, el inolvidable, Héctor Serpa Arcas, el 11 de abril de 1988, solicitando una exhaustiva investigación al respecto.

De acuerdo con un informe confidencial mandado a elaborar por el viceministro de Hacienda, Jorge García Duque, a mediados de 1988, Rodríguez utilizó sus influencias como Gobernador o Secretaria General de AD en Nueva Esparta, para presionar la asignación de divisas a sus recomendados que eran ciertos grupos empresariales registrados en el Puerto Libre << los cuales comercialmente y por su constitución jurídica son independientes... pertenecen a una misma persona natural o por lo menos ésta mantiene una supremacía accionaria en cada una de las empresas del grupo>> .

El documento en cuestión añadió que por estos grupos empresariales << aboga una persona (Morel Rodríguez), que según informaciones adicionales goza de participación en las empresas>> .

Los supuestos protegidos eran: Husseie Yassine, Said Rahal, Hassan Saleh, Afif Hassan Rmaili y Saki Nicolás Rahal. Este grupo de cinco árabes controlaba las solicitudes de importación de las empresas: Importadoras El Mago, El Sha, El Faraón, La Playa, Pepe El Grande, Mi Lindo Sueño, El Gran Mayor, El Gran Poder, Las Pirámides, Doña Juana, El Petróleo, El Pitigüei, Tienda Beatriz, Creaciones Porlamar, Importadora Par, Miss Ganga, Sabana Import, Adriana, La Chinita, El General, El Gobernador, Sultan Hassan, La Fundación, Import Curichaqui, El Terremoto, El Profeta, Importadora Sekmar, Michel, La Raya, Time Store, Importadora Británica y Zorba.

Estas 32 empresas representaron en su conjunto, casi 1 tercio de los cupos en el presupuesto otorgado a Margarita en 1988. (<< Las cantidades solicitadas en 1988 fueron infladas -dice el informe- con relación a años anteriores, cosa que no podía otorgarse de acuerdo a lo solicitado... El perjuicio es evidente y esa es una de las razones para que el solicitante quedara insatisfecho. De ahí -sugiere el documento- que se hayan decidido denunciar ( desde el Puerto Libre) presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de divisas.

Lo que estaba planteado era una reacción que denominamos en La Agenda Secreta de Recadi como la << guerra de los cupos>> , entre diversos grupos y centrífugas empresariales, protegidas políticamente por funcionarios importantes, para tratar de obtener el máximo de las divisas previstas para el Puerto Libre.

La conformación del presupuesto de divisas para los importadores de Margarita en 1988, hizo presuponer que el sistema de distribución de asignaciones legalmente atribuido a la Dirección de Aduanas, estuvo sometido a las más diversas presiones políticas y económicas.

El presupuesto de divisas anunciado por el Ministerio de Hacienda el martes 24 de mayo de 1988, a través de avisos en toda la prensa nacional, no se correspondió con el que fue originalmente corregido por el Despacho, de acuerdo con algunas reformas elevadas a la consideración por instancias técnicas del sector oficial que discreparon con el reparto.

Esto significó que, inicialmente la Dirección de Aduanas de Hacienda presentó un proyecto a la consideración de los superiores (Viceministro y Ministro), quienes señalaron un conjunto de observaciones en cuanto a los montos a otorgar y a la necesidad de recortar asignaciones, pero la versión anunciada a la prensa no recogió la totalidad de las correcciones.

Por ejemplo, la versión presentada al despacho de Hacienda, en orden alfabético, recogía un listado de licencias de importación desde la denominación 002 hasta la 3.711, y fue sobre ésta que se hicieron recortes. No obstante, al anunciarla públicamente a los importadores del Puerto Libre, ciertamente, partió de la licencia 002, pero llegó sólo hasta la denominación 3.571 y fue presentada de manera aleatoria y no alfabética, descartándose en el camino cerca de 200 licencias históricas.

Es decir, que los 176 millones, luego reducidos a 160 millones de dólares preferenciales, se repartieron entre 3.571 y no entre 3.711 licencias establecidas. De esta manera quedaron distribuidos los 160 millones, de la siguiente forma: -83 millones 670 mil 383 dólares para las empresas que importaron el 95 por ciento del cupo otorgado en 1987; - 66 millones 815 mil 990 dólares para las empresas que importaron menos del 95 por ciento del cupo otorgado en 1987;

- Quedó a disposición de nuevas licencias un total de 9 millones 513 mil 625 dólares por asignar.

Al comparar todas y cada una de las licencias favorecidas en las dos versiones aprobadas por la Dirección de Aduanas con la lista hecha pública el martes 2 de mayo de 1988, y tomando en cuenta siempre como agravante que una versión computarizada difiere de la otra por los correctivos que fueron aprobados y que no se instrumentaron, en todos los miles de casos se constatan las diferencias entre el cupo consumido en 1986 y 1987 contra el cupo otorgado y consumido en 1988, con francas violaciones a la legislación establecida.

Una averiguación iniciada a fines de 1987 por importantes funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda, constató que no era conveniente otorgar de nuevo, el 1988, dólares preferenciales al tipo de cambio de 14,50 bolívares, puesto que el sistema de precios del Puerto Libre estaba todo referido al valor del tipo de cambio libre.

Uno de los argumentos de peso para plantear, como se hizo, que se mantuvieran las operaciones al cambio libre, fue que la gran mayoría de las licencias del Puerto Libre no llegaron a consumir nunca los cupos establecidos en 1987, por una parte, y por la otra, que habían introducido para 1988 aspiraciones por encima de los 300 millones de dólares, sin que la base de costos y operación reflejara precios distintos a la denominada dolarización excesiva basada en el tipo de cambio libre.

A pesar de que algunos funcionarios medios llegaron a encontrar suficientes razones para no otorgar más dólares preferenciales al Puerto Libre de Margarita, otros resolvieron que si se hiciera, no obstante la precaria situación de déficit en la balanza de pagos y la imposibilidad de conseguir nuevas transferencias netas en divisas desde el exterior.

El martes 4 de abril, desde La Agenda Secreta de Recadi se reportó que la Cámara de Importadores de Margarita, presidida por Luciano Marín cobraba por la asignación de los cupos.

El Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, y el Viceministro García Duque hicieron el seguimiento a varios recibos expedidos desde los talonarios de la aludida Cámara. Una factura, la correlativa 4.144, correspondiente a la empresa Pinky Movil, por ejemplo, pagó a la Cámara de Importadores de Margarita, << por concepto de asignación de cupo>> , el 29 de marzo de 1988.

Resultó para nosotros desconcertante que el Ministerio de Hacienda investigara algunas actividades de la Cámara y que al mismo tiempo la misma hiciera el papel de denunciante de actividades de corrupción.

En un memorandum fechado el 25 de febrero de 1988, Luciano Marín y Ramón Barra Gómez, director ejecutivo de la Cámara de Importadores de Margarita, dirigido a Jorge García Duque expusieron: << ante las llamadas e informaciones recibidas a cerca de gestores que se dicen con buenos contactos para aumentos en las asignaciones de los cupos de 1988, hemos procurado el respaldo que soporte la respectiva denuncia, sin ningún resultado>> .

- Ante la insistencia de estos comentarios - escribieron - que tanto preocupa a la institución, en directorio de fecha 24 de los corrientes, se acordó plantear el caso a las autoridades de Hacienda y al Gobernador del Estado (Morel Rodríguez), a los efectos de buscar fórmulas que permitan clarificar los que pudiere existir alrededor de tan enojoso asunto>> .

Posteriormente, desde la misma Margarita, estos dos directivos declararon a Régulo Párraga lo siguiente:

- El llamado cobro de comisiones no es tal, sino que se trata de una contribución no obligatorio que hacen los afiliados por las diligencias que realiza la Cámara, para velar por la distribución equitativa de los cupos, al tiempo que sirve para sufragar gastos propios de la institución.

El ex-gobernador Morel Rodríguez, luego reelecto el pasado 3 de diciembre para ocupar el mismo cargo por minoritaria elección directa, reaccionó contra La Agenda Secreta de Recadi luego que desde ésta se publicó un memorandum dirigido por él a la doctora Mariela Rey de Quinteto, Viceministro encargada del Ministerio de Hacienda en la época de Manuel Azpúrua, donde escribió: << Es grato dirigirme a Usted, en ocasión de recomendarle el otorgamiento de un cupo en dólares para la Importadora Elfa, C.A. licencia de importación Nº 3.509. Le agradezco sus buenos oficios en la solución favorable de este planteamiento>> . Vino el oficio con membrete, firma y sello del Gobernador de Nueva Esparta.

A propósito de esta comunicación, el Viceministro de Hacienda, Jorge García Duque mandó a investigar las actividades y relaciones de Morel Rodríguez, - su enemigo histórico -.

- Si mi denuncia la hubieran oído a tiempo el gobierno y la justicia, hubiéramos evitado la sangría que tuvo el país mediante los cupos de divisas y hubiéramos sentado un gran precedente, porque el señor Jorge García Duque estuviera preso hoy en día, junto con su compinche (Jesús Vargas Chirinos). Pero las autoridades fueron alcahuetas -señaló indignado Morel Rodríguez desde Porlamar-. Ante mis denuncias... hoy García Duque y su compinche quieren aparecer ante la opinión pública como unos angelitos que nunca rompieron un plato.

Morel Rodríguez pagó un remitido en la prensa nacional donde puntualizó que en efecto era un gestor, pero << del desarrollo económico y social en Nueva Esparta>> .

- No permitiré que el caso Recadi se convierta en una venganza contra Margarita -explicó-. Quienes se enriquecieron corruptamente con los dólares preferenciales para el Puerto Libre ni son margariteños ni viven en Margarita y tampoco tiene sus corruptas fortunas en la Isla.

El caso particular de lo acontecido con la entrega de dólares preferenciales a los Importadores del Puerto Libre, se diluyó en una investigación mayor practicada por el Diputado Nelson Chitty La Roche de Copei, en todas las aduanas del país.

Ya en La Agenda del 7 de abril, nuestro compañero Régulo Párraga enviado especialmente una semana a la Isla, había reportado lo siguiente: << las aduanas alimentaron al monstruo>> .

- Con gran sorpresa fue recibida en la Isla de margarita -escribió Párraga- la reciente designación de Arevalo Marín Gómez (Hermano de Luciano Marín) como administrador de la Aduana de La Guaira. Hasta hace algunos días él se desempeñó como tal en la Aduana de El Guamache (desde donde en el pasado reciente le habían lanzado acusaciones a Ana Teresa Herrera Balduz, cosa que escribimos en los capítulos pasados) >> .

Pudimos constatar que el traslado de Marín Gómez fue posible gracias a los buenos oficios de Alfaro Ucero, Secretario Nacional de Organización de Acción Democrática. Marín Gómez trabajó en El Guamache directamente con Santos Zapata, jefe de interventores y supervisor inmediato de Juan Méndez (el mismo que evaluó irregularidades en la entrada de tractores por Guanta).

- Pretenden descalificarme como interventor -dijo Méndez a Fabricio Ojeda el 4 de mayo de 1989, cuando visitó nuestra oficina bautizada como DDS.

Debido a la intensa actividad que estaba cumpliendo el Diputado Chitty la Roche, la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, comenzó a investigar las aduanas de Margarita, Puerto Cabello, Puerto Ayacucho, Maracaibo y Barquisimeto. Otro tanto comenzó a hacer la comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.

La misma Dirección de Inspección y Fiscalización de Hacienda, por órdenes de la Ministro Eglée Iturbe de Blanco removió a todos los jefes de las aduanas de Margarita, La Guaira y Maracaibo sobre la marcha.

El 30 de mayo de 1989, el General Rafael Salazar Pasarelli, Jefe del Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperación, entregó a los diputados Carlos Tablante y Liliana Hernández de Acción Democrática, un voluminoso resumen donde se recogían 52 expedientes valorados en 20.000 millones de bolívares, en casos originados en la importación con dólares preferenciales que degeneraron en contrabando de extracción por las aduanas entre 1986, 1987 y 1988.

Las investigaciones de Resguardo Nacional de la GN involucraban a las empresas: Federal Mogul, Dental Cygramca, Química Universal, Química Toptex, Noehmy C.A., Quifoven, Lampoluz, Importadora Delfin, Beech Acceptance Corp., Productora Econogas, Industrial Carichana, Automercados Tía, Industrias Montecatini, Kevic Nuclegan, Maderas Paraguana, Textil Paraguana, Transporte Transilaca, Aeronaúticas Profesional y Tecnoconsult.

Además, Consorcio Sucre-Miranda, Diablitos Venezolanos, Industrias Zicasa, Fábrica de Ascensores, Comercial Pantamar, Codemiven, Fermiconi, Gerad Dabasse (el mismo de Invermica y Capricornio) Futhormave, Avencasa, Stephamar, Interpromar, Golfomar, Empresa Comercial Rubén Darío Perozo, Le Gourmet, Comercial Leven, Pereira y Asociados, Exportadora e Importadora San Rafael, Corporación Yatastay, Comercial Singapur, Importaciones Alcalá Barboza, Inverminca (asociada a Capricornio) y Agropecuaria Onix (asociada de Argea).

Todos estos casos estuvieron para la fecha en manos de juzgados Nacional de Hacienda, de Aduanas y Jueces penales de Salvaguarda.

El sábado 1 de julio de 1989, el Presidente Carlos Andrés Pérez, desde Cumaná, declaró que estaba de acuerdo en que se tomarán medidas en las aduanas, dentro del marco de la nueva política comercial y arancelaria, << para evitar que las mismas se conviertan en nuevo Recadi>> .

El Diputado Nelson Chitty La Roche denunció por quinta vez, el jueves 15 de febrero de 1990, que la entonces Ministro de Hacienda Eglée Iturbe de Blanco, estaba obstruyendo la investigación en las aduanas, la cual todavía no ha terminado.

- La ex-ministro Eglée Iturbe y la Directora de Aduanas, Eva Morales (liquidadora de Recadi) estaban protegiendo a funcionarios aduaneros incursos en delitos de corrupción.

Concretamente, identificó Chitty a los funcionarios Carlos Orense ex-administrador de la Aduana Aérea de Maiquetía; Santos Benjamín Zapata (el socio de Arevalo Marín), funcionario que ocupó posición en El Guamache; Adatiles Silva, de El Guamache y con expediente en Salvaguarda de Nueva Esparta; y Jesús Vargas Chirinos, ex-director de Aduanas de Hacienda. << es el enlace -dijo Chitty- entre las Aduanas y la Guardia Nacional y su impunidad ya resulta irritante>> .

Sobre el tema de la corrupción general en las aduanas y la específica asociada al caso Recadi, el informe preliminar elaborado por el Presidente de la Comisión Especial Douglas Dáger -quien se nutrió de la investigación todavía no concluida por Chitty- dijo lo siguiente: << Las aduanas y su trámite para nacionalizar las mercancías, constituyen la etapa final, la corona, del proceso que se inició con la expedición de las conformidades de importación y la correspondiente autorización de retiro de divisas desde el Banco Central de Venezuela>> .

- Es una voz no contradicha que las aduanas son y fueron - se escribió -, sobre todo en esos años de vigencia de las Oficinas del Régimen de Cambios Diferenciales, un centro de corrupción... Paralelamente, es conveniente mencionar la actuación en estos años del Director General de Aduanas, Jesús Vargas Chirinos, quien mostró debilidad en la consideración de los recursos que por vía jerárquica debía conocer, además de obviar sospechosamente los lógicos procedimientos de revisión de conocimientos aduaneros cuando el supuesto infractor lo recomienda. Las tareas de control e investigación, no siempre contaron con la colaboración de la Dirección de Aduanas ni con la del Director de Inspección ni de la Ministro de Hacienda Eglée Iturbe de Blanco.