El primer indicio que sacó a colación al denominado Consorcio Capricornio, constituido por los franceses Gerard Debasee y Cristian Lachaise Mury, se publicó en La Agenda Secreta del 21 de abril de 1989: << Se constituyeron con 750.000 y recibieron más de 47 millones de dólares preferenciales para la importación de maquinaria agrícola, en sociedad con cinco inversoras y otras diez empresas agropecuarias, desconocidas hasta ese momento.

Se trató del caso especial del diputado del MAS, Orlando Fernández, miembro de la subcomisión del Sector Agropecuario de la comisión Especial del Congreso.

Este primer indicador apuntó a otro desfalco millonario, relacionado con la retención en Paraguaná, en dos galpones ubicados en la carretera Coro-Punto Fijo, de 374 tractores marca Zetor procedentes de Checoslovaquia y la Unión Soviética, pero embarcados hacia Venezuela desde Francia.

Fueron recibidos en la Aduana de Guanta, en el Estado Anzoátegui. Muchas de estas máquinas cruzaron el mar a bordo de los buques Melody y Encadede, de bandera belga. Por primera vez se mencionó al célebre fundo La Alegría.

Otro diputado, Salvador Militello de Copei, denunció que junto con la entrada ilegal de tractores vino un contrabando millonario de cauchos, toda vez que los Zetor originales fueron modificados estructuralmente para incorporales dos juegos de cauchos en el tren trasero. Ya la cantidad de tractores estaba perfectamente identificada; 598 unidades importadas por la Asociación de Ganaderos del Estado Anzoátegui, presidida por Alejandro Trías Rojas. De manera que los encontrados en Falcón fueron parte de un lote mayor.

El otro aspecto a resaltar es que en la valoración y liquidación de derechos aduanales operada en la aduana de Guanta, se concertó un arreglo entre funcionarios e importadores, tras la finalidad de liberar los tractores y no cancelar una multa grande por la anormalidad detectada por el interventor Juan Méndez.

Trías Rojas, a quien a lo largo de la investigación se le colocó como financista y amigo de Luis Alfaro Ucero, Secretario Nacional de Organización de Acción Democrática, interpuso ante el General Jesús Vargas Chirinos, Director de Aduanas de Hacienda, una solicitud de gracia, donde alegó: << no existió intención dolosa por parte de Argea en la importación de tractores agrícolas sobre ruedas>> .

- La decisión de la Dirección de Aduanas - resaltó Salvador Militello en nuestras oficinas -fue la de anular la multa impuesta por los interventores, mediante la escueta comunicación enviada por Vargas Chirinos, el 5 de Agosto de 1988... << no se aprecia de autos la concurrencia de circunstancias que demuestre intención dolosa por parte de la contraventora (ARGEA), institución privada sin fines de lucro y cuyo objetivo principal es propiciar el desarrollo socioeconómico de los pequeños y medianos productores del campo, interés tutelado por el Estado...>> Demás está decir que el interventor Juan Méndez fue destituido del cargo, a raíz de su actuación en este caso.

Fabricio Ojeda dio un parte en La Agenda el 26 de abril, donde se informó que << en la solicitud hecha por Alejandro Trías Rojas ante el Ministerio de Fomento el 25 de julio de 1987, (dirigido por Héctor Meneses) se expuso que la idea era colaborar con el desarrollo de las regiones mencionadas (Anzoátegui, Monagas y Guárico) y enfrentar los compromisos del Plan Trienal de la Cuenca del Unare, en el que el gobierno tiene grandes esperanzas>> .

- Los tractores se vendieron -escribió Fabricio-, como es lógico, a precios superiores a los costos de importación. Pero lo curioso es que no se mantuvieron precios unitarios para todos los clientes, sino que se fueron incrementando en algunos casos. Por ejemplo, el tractor Zetor modelo 101-11 cuyo precio de importación fue 200 mil 448 bolívares, fue vendido al productor Agustín Salcedo Hernández, a bolívares 264.631; es decir, con una diferencia de 54.183 bolívares que representa 25 por ciento de incremento sobre el costo de importación.

El equipo de La Agenda tuvo en sus manos cada una de las facturas de los usuarios de los 600 tractores importados, y en más del 50 por ciento ocurrieron diferencias en los precios de venta con relación a los costos de importación.

El 27 de abril, otro periodista del equipo, Régulo Párraga, encontró suficientes elementos que vinculaban a la Asociación dirigida por Trías Rojas con las empresas del Consorcio Capricornio, Equipagro y Promotora San Antonio. Al parecer, la relación entre los franceses ya mencionados y los venezolanos Adalberto Prinz, Fernando y María Elena Almeida con Trías era por la vía del financiamiento a las actividades de Acción Democrática y Luis Alfaro Ucero en los Estados Orientales del país.

Los 300 tractores llegados a Guanta, pero encontrados en Falcón, fueron confiscados en el Fundo La Alegría propiedad del consorcio Capricornio. Sobre un terrero en litigio.

La red de operaciones denunciada por Fernández involucró no solamente a Argea, sino a las asociaciones regionales de ganaderos Aproeme, Asoproha, Apragui, Aporata, Ugape, Sogatru, y Ugani. Mientras que la centrífuga provocada por la fusión de la Promotora San Antonio y el Consorcio Capricornio, apoyada en la Infraestructura de Argea, permitió constituir las empresas: Desarrollo Capricornio, Panagro, APK, Interamericana Agrícola de Venezuela, Invercosta, Plaza, Tauro, Palma Dorada, El Parque, Inveragri, Rancho Grande, Totalagro, Globalca, Maquipeca, Praga, Almacentro, Agrorepuestos, Servicampo, Los Alamos, El Hierro, Santa Elena, San Andrés, El Mirador, El Guachipano, Los Robles, Los Cedros, El Apamate, Río de Oro, El Charal, El Limón, Equipagro, Agriforest, y Fundo la Alegría.

El caso se complicó cuando el diputado Fernández, desde el Congreso, denunció el 24 de mayo que la Dirección de Control de Empresas e Inversiones Extranjeras del Ministerio de Energía y Minas, dirigida por Ulises Ramírez, << concedió dólares preferenciales también para bienes de capital, adquisición de tecnología y transferencias de capital, sin que existiera por parte de esta oficina los estudios previos necesarios para el otorgamiento de las divisas>> .

Mencionó a la empresa Inverminca, (Inversiones Mineras C.A.), constituida por los abogados Adalberto Prinz Kurucar y María Elena Almeida el 15 de septiembre de 1988, con un capital de 10 millones de bolívares. Pero el 22 de diciembre de 1988 comunicaron al MEM que el francés Christian Lachaise Mury tendría la custodia de los equipos de Inverminca.

Así las cosas, el 3 de enero de 1989, Inverminca solicitó autorización de crédito externo con el First Chicago Financial Corporation de Miami, por 45 millones de dólares preferenciales, para financiar un programa minero en Falcón, destinado a la producción de 4.000 metros cúbicos, por día, de piedra picada.

Pero la empresa Inverminca trajo, ciertamente, una Trituradora, una excavadora frontal, una niveladora de presión autopropulsada, una excavadora zancuda y una planta secadora que jamás fueron utilizadas. E inundaron al país de tractores Zetor alterados y presentados en forma de oruga algunos y con contrabando de cauchos otros.

El representante en Venezuela del Banco Firts Chicago Financial Corporation de Miami y luego sustituido por el Noridib Arab Finance Corporation, era Fernando Almeida, hermano de María Elena Almeida, socia del Adalberto Prinz y los franceses.

Orlando Fernández, antes de viajar a Miami, se reunió con el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y de regreso consignó una copia certificada de una investigación emprendida en Miami, por el Cónsul General de Venezuela, Benjamín Ortega Romero; y el Cónsul de Segunda, Gerardo Thielen Graterol, donde se atestiguó que el First Chicago Financial Corporation era un banco fantasma. << Nos trasladamos a la supuesta dirección de la empresa, 6960 N.W. 46^th Street, Miami, Florida, 33166, y pudimos constatar que la misma estaba desocupada... En la fachada de dicha dirección existen anuncios de la compañía International Freight Systems Inc.>> .

El otro supuesto representante del banco fantasma en Venezuela, Rudolf Werner, a la par de Inverminca, había solicitado ante la misma Dirección de energía y Minas, 5 financiamiento adicionales para las empresas Minera Las Cumbres, Inlain C.A., Naviera Táchira, Forjas Orinoco y Astilleros del Sur, por 156 millones de dólares preferenciales.

Un empleado de Energía y Minas, William Roquet Hernández quedó directamente involucrado en el asunto, porque había recibido varios cheques en su cuenta de la Industrial Entidad de Ahorro y Préstamo, sucursal Parque Central, por hacer favores de reconocimiento al banco fantasma.

Aparte de Inverminca, también quedó señalada la firma Quifoven, de los hermanos Pedro y Dario Kovar, por la misma vía.

El 30 de abril, Orlando Fernández solicitó al Juez Cristóbal Ramírez Colmenares, decidir medidas judiciales en contra de los socios de la llamada conexión francesa. Entre otros elementos, planteó que eran responsables por << uso indebido de dólares preferenciales, contrabando y fraude contra la República>> .

Mientras tanto el Ministro de Energía y Minas, Celestino Armas, ordenó a Ulises Ramírez, detener todas las operaciones de apoyo financiero a Inverminca y los créditos basados en el First Chicago Financial Corporation de Miami.

El 8 de junio, el mismo día que conseguimos por segunda vez la carta dejada por Héctor Meneses, Ramírez Colmenares ordenó un tercer allanamiento a las instalaciones del Consorcio Capricornio, ubicado en el Edificio Onix de El Rosal. Onix era otra empresa de la retícula francesa. Fuimos invitados por Orlando Fernández, pero rechazamos el traslado porque lo de Meneses era demasiado importante como para saturarnos de trabajo. El allanamiento, no obstante, fue reportado en la Agenda del día siguiente, 9 de junio.

El diputado del MAS, a lo largo del proceso de denuncias contra la conexión francesa, fue objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, intentos de soborno en dólares y bolívares.

- Esa misma mañana - el 8 de junio- una voz de mujer me dijo por el teléfono (de su habitación habitual en el hotel El Conde - que me estaban preparando una trampa. Por ello anuncio públicamente que he tomado medidas personales y familiares, a partir de este momento, más que nunca, no recibiré ni una simple galleta de nadie.

El lunes siguiente, 12 de junio, Orlando Fernández en el programa de televisión de Napoleón Bravo (el Hit Parade de la Corrupción) denunció formalmente que su vida y la de Agustín Beroes estaban corriendo serio peligro. El punto impactó brutalmente a nuestra familia.

No teníamos claridad de la relación existente entre la peligrosidad atribuida a las relaciones de cierto poder político con los integrantes del Consorcio, y un informe que, incluso llegamos por nuestra cuenta a leer en detalle.

Un comisario amigo, por la vía de un conocido común, nos citó en un bufete de abogados ubicado en el centro de Caracas. Pudimos leer un denominado << ejercicio policial de posibilidades>> . En ciertas instancias se pensó, en un momento dado, que estaban dadas las condiciones para que el caso Recadi fuera reventado al caos por la vía de un atentado.

En la lista de posibilidades en primer orden estaban: Orlando Fernández, el Juez Luis Guillermo La Riva; y el diputado Carlos Tablante. En un segundo orden: el recién nombrado Fiscal General de la Nación, Ramón Escovar Salom y, de último, subrayado en rojo, nuestro nombre.

La realidad, la atmósfera que rodeaba las denuncias contra Capricornio se tornó muy pesada y el caso Recadi ya tenía 96 días de cobertura diaria en La Agenda Secreta de Recadi. En los mismos días se filtró la información de que dos individuos portando armas largas habían sido atrapados por la Disip en el aeropuerto de Maiquetía. Pudimos verificar ésto, al menos que había ocurrido el hecho, pero no detallar el porqué esta gente estaba armada y a quien respondía. Un tercer elemento fue detectado encima del techo de la oficina de Tablante en el Capitolio Federal. Esto lo pudimos corroborar directamente con el jefe de la Guardia Nacional del Palacio Legislativo. Este<< Espía>> fue consignado en la Disip, Y allí se lo tragó la tierra. Nunca pudimos saber los nombres de ninguno de los tres Hombres

Con el cuadro planteado así, hicimos una presentación a las autoridades de la redacción del periódico y, una vez más, concluimos que no era necesario ser vigilados ni custodiados por personal policial desconocido de la C.A. Editora El Nacional.

Tomamos medidas personales y familiares, y se hizo más rígido el mecanismo de mezclar rutas y estar siempre acompañados por gente del periódico.

Tiempo después supimos que el ejercicio policial se hizo por razones distintas a la situación planteada por el grupo Capricornio. Sólo habían coincidido ambas situaciones en el tiempo. Es la verdad.

El 10 de Junio, el abogado Humberto Mendoza D´Paola nos llamó por teléfono y dio cuenta de que abogados relacionados con la gente de Capricornio Habían hecho circular copias de una cinta magnetofónica donde se escuchaba la voz de Orlando Fernández. Supuestamente, el Diputado del MAS pedía dinero a la empresa Onix, para abandonar las denuncias. La cinta en cuestión estuvo varios días dando vueltas por ahí. Fue rechazada por varios Jueces, quienes no aceptaron darle curso por lo burdo del montaje hecho con fragmentos del programa radial de Orlando Fernández en Barquisimeto.

Entre el 15 y el 26 de junio, se concentraron nuevas evidencias contra la conexión francesa por el seguimiento persistente hecho por los Diputados Orlando Fernández y Salvador Militello. Se introdujeron ante el Juez Ramírez Colmenares unos nueve escritos jurídicos, los cuales salieron todos de manera exclusiva en El Nacional.

El 25 de junio Adalberto Prinz y María Elena Almeida fueron detenidos por la Policía Técnica Judicial, cuando intentaban abordar un avión en Maiquetía con destino a Canadá y luego a París. El seguimiento que provocó la detención de la pareja estuvo a cargo de un comisario apodado << El Chino>> , a quien vimos alguna vez en la oficina de Orlando Fernández.

Pero fue el 26 de junio cuando el Juez Cristóbal Ramírez Colmenares dictó diez autos de detención por este expediente a las siguientes personas: los franceses Gerard Marc Dabasse, y Christian Lachaise Mury; empresarios de la Onix; por aprovechamiento de fondos públicos y actos falsos; como cómplices, a los venezolanos, Adalberto Prinz, María Elena Almeida, Fernando Almeida, Edgard Rodríguez, gerente general del Consorcio Capricornio; Simón Pinto, presidente de Apamol; Carlos López; Ciro Núñez, presidente de Fegafalcón; y al francés Claude Gordard, representante legal en Venezuela del Noridid Arab Finance Corporation.

Se dejó investigación abierta a Alejandro Trías Rojas, presidente de Argea; Anselmo Reyes, Regino Burgos, presidente de Ugape; Francisco Hernández, Tomás Domínguez y Sadi Raimondi, ex-directivos de Capricornio-Equipagro.

El mismo día Orlando Fernández, con su característico estilo agresivo y puntual precisó: << no hay sanción completa y justa, si Alejandro Trías Rojas permanece libre. Debe ir a la cárcel, porque cobró comisiones a los franceses al participar en la operación fraudulenta que trajo al país 600 tractores Zetor>> .

Previamente, el día antes de intentar marcharse del país, Adalberto Prinz y los hermanos Fernando y María Elena Almeida publicaron un remitido en todos los periódicos, donde expresaron:

- Orlando Fernández nos ha hecho víctimas de imputaciones falsas y delictivas... Ya nos condenó y, nos sometió al desprecio público. Pedimos al Congreso que abra una investigación para aclarar los intereses y las intenciones del Diputado Orlando Fernández y que la Comisión de medios inicie otra al programa del Diputado en una radio en Barquisimeto, donde injuria y calumnia a diversos sectores de la colectividad.

El primero de julio, Adalberto Prinz recusó al Juez Ramírez Colmenares, por intermedio de su abogado Eliécer Peña, y el expediente pasó al X Penal, a cargo del magistrado Saúl Ron Brash. En todo el país comenzó la incautación de maquinaria agrícola, tractores y vacas de todas las empresas mencionadas.

Cinco meses y medio después, el martes 14 de noviembre de 1989, el Tribunal Superior de Salvaguarda, por apelación, revocó todos los autos de detención que pasaban sobre la gente de Capricornio (los franceses lograron salir del país con destino a Aruba antes de que Ramírez Colmenares sentenciara, se supo después). La ponencia la elaboró Enrique Sánchez Falcón, fue apoyada por Alaide Mazzarri Mendoza y contó con el voto salvado del presidente Silvestre Ortiz Bucarán. Se argumento la revocatoria en que no estaban suficientemente demostrados los delitos que originaron las detenciones de Fernando Almeida, María Elena Almeida y Adalberto Prinz Kurucar.

Enterado de lo anterior, su principal denunciante, Orlando Fernández, en gesto solitario, se encadenó y esposó en las puertas del Superior de Salvaguarda el 15 de noviembre.

- Estas esposas son las que se colocan a los delincuentes, entonces yo me las coloco, en vista de que no las tienen en sus manos los que salieron en libertad. Como aquí los valores se han invertido, me las coloco yo... Se trata de demostrar que nuestro combate a la corrupción es en serio y esta es una protesta en nombre de tanta gente desmoralizada por esta decisión.

Como moraleja, entre otras, sólo quedó que Venezuela, también, se convirtió en un gran garaje de tractores Zetor y de otras maquinarias como cosechadores, las cuales en poco tiempo quedaron inservibles por falta de repuestos y por no existir técnicos capacitados para reparar las orugas.

El 9 de marzo de 1987, el Ministro de Agricultura, Felipe Gómez Alvarez, quien concibió la política del fracasado << Milagro Agrícola>> , escribió a su colega de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, especificándole como se pensaba hacer en reparto trimestral de 150 millones de dólares preferenciales para la importación de tractores y cosechadoras en 1987. Ya en 1986 se habían importado 3.500 tractores y 400 cosechadoras, autorizadas por Francisco Maldonado Cisneros, director de Recadi, según comunicación del 15 de enero de 1986, y firmada por José Azócar Aguilera, Viceministro del MAC a quien el Superior de Salvaguarda dictó auto de detención por malversar fondos públicos desde la Comisión de Importaciones.

En la misiva enviada por Gómez Alvarez se planteó la importación balanceada de tractores entre 50 y 150 HP de las marcas Ford, John Deere, Case International, Massey Fergusson, Landini, Fiat, Same, Zetor y Styer. Pero el país se inundó de la marca Zetor.

En el aparte correspondiente al sector agropecuario el informe preliminar de la Comisión del Congreso, llega a lo siguiente:<< la ausencia por parte del Estado de una planificación ordenada, técnica y veraz, que ha debido ser diseñada en el Ministerio de Agricultura y Cría, ocasionó una considerable malversación de divisas y convirtió este subsidio (el dólar preferencial) en una fuente de negociados de diversa índole. Hay suficiente irregularidades denunciadas en su oportunidad por algunos parlamentarios en los Tribunales de la República...>>