Además de Acción Democrática, partido sometido por el escándalo al escarnio público, el Socialcristiano Copei y el Movimiento al Socialismo, organizaciones fundamentalmente acusadoras por intermedio de sus delegaciones parlamentarias expresadas en la comisión especial; también otros grupos más pequeños pero con representación popular, como la Causa R y Nueva Generación Democrática, emitieron criterios sobre el caso Recadi.
Para Andrés Velásquez, diputado por la Causa R y miembro de la Comisión Especial del Congreso, << las investigaciones quedarán en nada, no sólo por el débil piso moral de nuestras instituciones, sino porque además Estados Unidos presiona para que se deje en paz a las empresas privadas que supuestamente estarían involucradas>> .
- El caso Recadi -dijo el 19 de julio de 1989- ha provocado una conmoción que nos asquea y está encaminado a no parar en nada. Habrá uno que otro preso menor, pero ninguno de los ex-ministros o funcionarios públicos se pondrá a derecho. En el Congreso tampoco hay voluntad ni decisión para encarcelar a los culpables. Continúa funcionando la sociedad de cómplices. Las presiones políticas para que Recadi y su escándalo desaparezcan vienen de Miraflores y de los partidos Acción Democrática y Copei. Sólo la amonestación moral de los medios de comunicación social será el resultado de esta investigación.
Antes, el 9 de abril, el diputado Germán Febres, jefe de la fracción parlamentaria de Nueva Generación Democrática, expresó que << el partido acompañará al MAS para verle el hueso al problema de Recadi y a sus más variadas manifestaciones de corrupción y para que las investigaciones que adelanta el Parlamento se cumplan con absoluta responsabilidad e imparcialidad política>> .
- Algunas denuncias públicas dejan la sensación de que los empresarios son solamente los responsables. Entre ellos no tengo dudas de que existen unos que estimularon las corruptelas, pero, no obstante, también es grueso el número de funcionarios oficiales que a todos los niveles deshonraron el servicio público, estableciendo alcabalas para el cobro de peaje y conceder las divisas preferenciales.
Pero la línea política de Nueva Generación Democrática no se materializó con el tiempo, puesto que un senador de la organización, José Marsicobetre -cuya mano era decisiva- votó en contra de que la también Senadora Lolita Aniyar de Castro, del Movimiento al Socialismo, ejerciera un derecho de palabra en la Cámara Alta con la finalidad de plantear una investigación y un juicio político al ex-presidente Lusinchi.
Como para remendar el entuerto, luego del episodio recordado como << El Lepajazo>> , y ante la proximidad de las elecciones donde era candidato a gobernador en Miranda por Nueva Generación Democrática, Vladimir Gessen, declaró, el 31 de octubre de 1989, << votaremos en el Congreso para condenar el Régimen de Cambios Diferenciales expresado en Recadi. La Cámara de Diputados debe discutir y emitir un pronunciamiento sobre la gestión política, administrativa y moral del ex-presidente Jaime Lusinchi>> .
Otro criterio importante y no precisamente político levantado desde Maracaibo, fue el planteado por el Obispo de Maracaibo, Monseñor Antonio López Castillo. El 12 de mayo declaró al corresponsal en el Zulia que << si el caso Recadi no se lleva hasta sus últimas consecuencias, la democracia venezolana perderá credibilidad y con ello la situación puede verse muy compleja>> .
- El pueblo ya está cansado de tanta política y corrupción y lo que quiere es que lo escuchen porque desea participar más en la dirección y en las decisiones de la sociedad.
Mientras tanto Fedecámaras, órgano cúpula empresarial que celebró su última asamblea anual en Maracay, por la vía de su presidente, Eddo Polesel, el 18 de julio, pidió ante el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y unos mil empresarios << castigo a los políticos de Recadi>> .
El pedimento estaba basado en que, hasta ese momento, el Juez Luis Guillermo La Riva López, Instructor Especial del caso Recadi, le había puesto la mano a demasiados empresarios. De acuerdo con sus atribuciones, sólo podía requerir en calidad de testigos a los funcionarios públicos pero nunca decidir judicialmente sobre ellos, como después lo haría el Superior de Salvaguarda.
En el sector privado se empezó a desarrollar la angustia de que los responsables no solamente podían y debían ser empresarios. Necesariamente tenían que estar involucrados políticos y funcionarios públicos. La reacción expresada por Eddo Polesel no tenía otra explicación: la detención de un empresario tradicional, próspero y símbolo, Nicomedes Zuloaga. De modo que también cuestionaron al Juez La Riva, en su momento.
