La reacción general de Copei frente
al caso Recadi, por supuesto, fue diferente a la del
partido de Gobierno, al que le estaban señalando a
ex-funcionarios militantes y parlamentarios.
El secretario general del Partido Socialcristiano Copei, Eduardo Fernández, declaró el sábado 1 de abril de 1989 que cuando era candidato a la presidencia de la República, en diciembre de 1987, << y sin esperar que cayera el gobierno de Jaime Lusinchi, desde la misma Recadi denuncié al país que era un monumento a la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia>> .
- Yo estoy dispuesto a respaldar y a ofrecer los votos de Copei, para que esa investigación se traduzca en castigo a los responsables de defraudar a la Nación, cualesquiera sea su rango, importancia o militancia política. Tenemos que reconstruir moralmente el país y debemos empezar por los delincuentes de cuello blanco.
El 3 de abril Fernández recibió en su oficina al Diputado denunciante Carlos Tablante. Este solicitó al primero apoyo político para la investigación.
En realidad, la presencia sistemática de Copei sobre el caso Recadi, desde el comienzo, no pasó más allá de la labores intensas que cumplió el presidente de la Comisión Especial del Congreso y de Contraloría de Diputados, a la vez militante verde, Douglas Dáger.
Esta apreciación es tan cierta que en una oportunidad llamó a la redacción de economía de El Nacional una persona allegada a Copei y conversamos el tema. De esta charla inicial surgió una reunión formal con Eduardo Fernández, en una casa de un amigo financista de él, ubicada en la parte más alta de Altamira, casi debajo de la Cota Mil. Amado Fuguet, Jefe de Información Económica del periódico y este redactor nos reunimos en privado con Fernández, la primera quincena de junio del 89.
El punto fundamental planteado por nosotros fue que cómo era posible que teniendo Copei una ficha dirigente al frente de la Comisión del Congreso y de la de Contraloría que le estaba << metiendo el pecho al asunto>> , prácticamente con las uñas, no se notara el respaldo de la organización a nivel político, dentro y fuera del parlamento.
Incluso, dijimos a Eduardo que más intenso era el trabajo de los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, con menos recursos y gente, que lo que estaba haciendo Copei. Fernández contraargumentó, pero aceptó amigablemente la crítica.
Una semana después, empezaron a notarse los resultados. El lunes 12 de junio de 1989, Enrique Pérez Olivares, Subsecretario General de Copei, dio una contundente declaración en la que afirmó que << la sanción a los culpables del caso Recadi debe incluir la responsabilidad del ex-presidente Jaime Lusinchi, sus ex-ministros, los ex-directores de la Oficina de Cambio Diferencial, funcionarios del Banco Central. Incluida la secretaria privada de la Presidencia, Blanca Ibáñez>> .
- Creemos que las instituciones representativas de los sectores económicos, laborales y los partidos políticos en especial, no deben asumir como ataque institucional -advirtió Pérez Olivares- la apertura de una investigación a uno de sus miembros o militantes, ni el enjuiciamiento de uno de ellos. Eso si, creemos que en éste, como en todos los casos, se deben garantizar los derechos a un proceso sometido a la ley y con pleno derecho a la defensa, exento de los repudiables atropellos a la persona humana que se han presenciado últimamente.
En esta misma línea de acción, el Comité Nacional del partido Copei aprobó un documento que se divulgó el 13 de junio, en términos por igual consistentes:
<< El caso Recadi es el escándalo más grande de corrupción en la historia de Venezuela. Asimismo, es el hecho de mayor incidencia en el dramático deterioro de nuestra situación económica y la causa principal de desaliento, desconfianza y resentimiento reinantes hoy en día en la conciencia popular>> .
De seguidas se analizó: << Lo afirmado obliga ahora a una investigación que constituye un examen severo de los mecanismos a través de los cuales opera la administración pública y a un juicio global de una política y de una manera de gobernar que nos condujeron al desastre económico y moral que hoy caracteriza la vida de la Nación, afectando casi todas sus instituciones>> .
En otro pasaje se concluyó que << durante el mandato del ex-presidente Jaime Lusinchi, a pesar de las innumerables y muy serias denuncias acerca de lo que ocurría en Recadi, no se pasó de algunos simulacros de investigación, en medio de una indiferencia cómplice tanto de la bancada de AD en el Congreso, como del mismo ex-presidente Lusinchi y su tren ejecutivo. Embriagados por el poder y la adulancia tarifada que en abundancia tuvieron los personeros de la anterior administración, jamás atendieron las advertencias y denuncias que como las formuladas por nuestro secretario general, Eduardo Fernández, debieron bastar para frenar el festín de Recadi>> .
Por igual, << iniciada ya una investigación parlamentaria seria y a fondo, los medios de comunicación y la opinión pública en general, descubren asombrados la verdadera magnitud del desastre. Nos encontramos con la irresponsabilidad discrecionalidad de que gozaron algunos personajes que operaron desde Miraflores como la señora Blanca Ibáñez, secretaria del ex-presidente, así como de los ministros que junto a sus directores generales, asumieron la tarea de otorgar las conformidades de dólares preferenciales instituyendo mecanismos para el manejo de esa monumental cifra de más de 30.000 millones de dólares, que fueron siempre una invitación al abuso de poder, al peculado, al enriquecimiento ilícito, a la malversación, al tráfico de influencias y al aprovechamiento fraudulento de bienes del patrimonio público>> .
En la condena política de Copei se señaló que << es esta esfera de la negligencia donde más está comprometida la responsabilidad de los ex-ministros Azpúrua, Hurtado y Meneses, de sus ex-viceministros, de los ex-directores de Recadi y también de una institución poco tocada en todo este asunto y sin embargo íntimamente relacionada con él, como es el Banco Central de Venezuela, pues era allí donde efectivamente se entregaban los dólares y allí se debió impedir que el desaguadero de divisas continuara>> .
El escrito del partido Socialcristiano Copei identificó tres razones básicas que determinaron que, luego, se cometieran cualquier cantidad de ilícitos:
1) Concepción errada de la política económica: al pretenderse que el inmenso sacrificio fiscal que el Estado hacía al vender a los importadores dólares a precios tres o cuatro veces por debajo de su valor en el mercado libre, iría en beneficio de los productores y consumidores, aún sin implementar medidas adicionales que obligaran a vender esas mercancías a un precio relacionado directamente con el costo artificialmente bajo que permitían los dólares preferenciales obtenidos por los empresarios en Recadi.
2) Falta de controles eficaces en el Ministerio de Hacienda y en la propia oficina de Recadi, todo lo cual permitió que muchas empresas recién constituidas sólo para importar, fueran beneficiadas sin garantía apropiada con millonarias sumas de dólares preferenciales.
3) Negligencia grave, al no ejercerse las acciones que el Estado por órgano del Ministerio de Hacienda, debió emprender para ejecutar los créditos a su favor, tales como las fianzas de fiel cumplimiento emitidas por los importadores en favor del Fisco y con el respaldo de los bancos comerciales. Asimismo, las acciones para obligar a los reintegros de aquellos dólares obtenidos y no utilizados de acuerdo a su compromiso por los importadores, casi nunca llegaron a ponerse en marcha.
Finalizó el escrito con la siguiente frase: << Hemos creído nuestra obligación hacer estas reflexiones frente al país, junto con la expresión más categórica de apoyo a las investigaciones que se adelantan, exhortando a las instituciones que las llevan a cabo a que se realicen de la manera más objetiva, desprejuiciada, valiente y con el firme propósito de llegar al fondo del asunto, sin enlodar injustamente ninguna institución o persona, pero sin el temor de afectar, cuando existan razones para ello, a quienes se encuentran comprometidos en maquinaciones que defraudaron y lesionaron el patrimonio público>> .
El documento de Copei fue respaldado con algunos proposiciones dirigidas a las otras fuerzas políticas, en busca de una concertación sobre el tema de la corrupción administrativa en democracia: reformas legales para robustecer al Poder Judicial, dotar de presupuesto apropiado a los organismos encargados de combatir la corrupción, crear unas brigadas anticorrupción para determinar pruebas, crear la figura del testigo de cargos en la Ley de Salvaguarda, enmendar la Constitución para crear la figura de la confiscación de bienes, incorporar la recompensa para los denunciantes, designación del nuevo Tribunal Superior de Salvaguarda, pedir a la Contraloría que acelere sus investigaciones, exigir al Presidente una actitud más firme del Ejecutivo en la lucha contra la corrupción.
De inmediato, los dirigentes nacionales de Copei comenzaron a bombardear a la opinión pública sobre los puntos contenidos en el documento. Por ejemplo, el senador Felipe Montilla, uno de los más fieros adversarios del ex-presidente Jaime Lusinchi, declaró el domingo 25 de junio que << mientras más se avanza en la investigación, más se evidencia la responsabilidad política que tiene Acción Democrática como partido y el ex-presidente Lusinchi y su alto gobierno. En Recadi se batieron todos los récords en sobrefacturación, tráfico de influencias, reconocimientos ilegales de deuda a empresas fantasmas y las más inimaginables corruptelas que se pueden concebir... Todo evidencia que Recadi era una alcabala para recaudar fondos para el partido y en nombre del partido y en nombre del partido se crearon las más fabulosas fortunas, saqueando de manera impune el tesoro nacional. La carta de Meneses y su intento de suicidio, es un episodio dramático, pero elocuente, de la complicidad que tiene el alto gobierno de Lusinchi>> .
Otra declaración importante fue la del ex-presidente Luis Herrera Campíns, el 2 de agosto, después de cinco años de tolerar la frase << la culpa es del gobierno anterior>> .
- El caso Recadi -dijo- no tiene ningún antecedente ni comparación en la Venezuela contemporánea. Es un caso muy complejo, porque se percibe que hay una poderosa retícula de complicidades al amparo de lo que comprendió Recadi. El caso Recadi no tiene parangón, que yo recuerde. Por eso hay necesidad de que todo se esclarezca, que se establezcan las responsabilidades y que la justicia sancione donde debe y según lo alegado y probado en los autos.
