El ex-ministro de la Secretaría de la Presidencia, Carmelo Lauría, a decir verdad nunca fue denunciado por estar asociado a los desatinos cometidos en contra o desde la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, en la administración irregular de dólares preferenciales.

El 15 de abril de 1989, desde Maracay, exclamó: << Todo parece presumir que en el otorgamiento de dólares preferenciales, por parte de la mencionada oficina, hubo sobrefacturación y vagabunderías y a los culpables hay que meterlos presos a través de investigaciones judiciales y no mediante discursos>> .

Cuando finalizó el primer debate en la Cámara de Diputados en torno al caso Recadi, cuando se aprobó una Comisión Especial para investigar el asunto, Carmelo Lauría, en su condición de diputado intervino en Cámara Plena y puntualizó las siguientes ideas, el 12 de abril, antes de viajar a Maracay:

Hoy se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, una Comisión Especial para investigar Recadi. Hay que investigar a quienes se lucraron en esa o en cualquier otra institución. Así lo ha dicho el Presidente Lusinchi, Acción Democrática, el Presidente Pérez y cualquier venezolano consciente. Pero quiero advertir, y alego para ello mi condición de antiguo profesor de derecho penal, que no cometamos el error de creer que con abrir la investigación, hemos resuelto el problema. Me permito sugerir a los miembros de esa Comisión, que inmediatamente hagan validar las pruebas que obtengan, por los órganos jurisdiccionales, por que si no, señores, les estaremos dando la oportunidad de destruirlas. Hago esta advertencia como profesional, como congresante y como venezolano, porque me parece sumamente importante.

Meses más tarde, el 16 de agosto de 1989, el Presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de diputados, Douglas Dáger, ofició a la presidenta de Corpoindustria, Esperanza Vera, << en oportunidad de solicitarle me sea enviada copia de toda la documentación referida al crédito otorgado por Corpoindustria a la compañía Inversiones La Rendidora C.A. Así mismo, le agradezco me remita copia del informe elaborado por la Comisión de Técnicos Avaluadores que designó el organismo que usted preside, para inspeccionar las maquinarias importadas por la referida empresa, y que actualmente reposan en las aduanas>> .

Antes de seguir adelante, es bueno señalar que la Compañía Inversiones La Rendidora se constituyó el 7 de diciembre de 1983 por los socios Manuel Juan Padrón Castañeda y Aurelio Fernández Concheso, ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y el Estado Miranda, a cuyo frente estaba Alberto Díaz Méndez.

El 7 de enero de 1985, Aurelio Fernández Concheso vendió sus acciones, se aumentó el capital de la compañía e ingresaron en calidad de socios Nino Orofino y Carmelo Lauría Alcalá, hijo del ex-ministro de la Secretaría.

Pero el 3 de septiembre de 1986 Nino Orofino, a su vez, vendió sus acciones a los socios Manuel Padrón Castañeda y Carmelo Lauría Alcalá y se registró un nuevo aumento de capital. El 7 de junio de 1987, Manuel Padrón Castañeda cedió 30 de sus 80 acciones a Carmelo Lauría Alcalá.

Lauría Alcalá y Padrón Castañeda, el primero ingeniero zootecnista y el segundo comerciante, solicitaron un financiamiento industrial a la corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, Corpoindustria, por 13.665.886,58 bolívares, de los cuales 1.043.825 se destinarían a construcción e instalaciones eléctricas y los restantes 11.988.641,58 bolívares para financiar la importación de maquinarias y equipos y cumplir con el propósito industrial de producir papas fritas en hojuelas, palitos y galletas.

Para el momento de la solicitud, el 9 de octubre de 1987, el capital suscrito de los socios es como a continuación se señala: 1 millón 200 mil bolívares de Manuel Padrón Castañeda y 300 mil bolívares de Carmelo Lauría Alcalá. De manera que la anterior presidente de Corpoindustria, Melania Canelones de Meléndez, el 4 de diciembre de 1987, concedió a los socios un crédito de 120 meses por 13.026.642,42 bolívares al 6 por ciento de interés (12.000.777,42 bolívares para la adquisición de maquinaria y equipo y 1.021.865 para reparaciones y mejoras).

Según el documento firmado entre la funcionaria y los solicitantes el 4 de diciembre de 1987, << dicha maquinaria y equipos deben ser adquiridos por la obligada (Inversiones La Rendidora) a través de la Sociedad Mercantil Insumos Industriales de Venezuela S.A.>> .

El 15 de septiembre de 1988, la Gerente General de Insumos Industriales de Venezuela, Blanca Hernández de Ríos, ofició al Banco Central de Venezuela, haciendo constar que << hemos solicitado la apertura de una carta de crédito irrevocable y confirmada al Banco Industrial de Venezuela a favor de Vammark Corporation, cuya dirección es Industrial Parway Creston, Iowa... por la cantidad de 701.250 dólares, destinada a la compra de 1 línea para la producción de confitería, bajo la condición C&F cuya vigencia será hasta por 90 días>> .

Este escrito fue copia a Inversiones La Rendidora y el banco corresponsal fue el Chasse Manhattan Bank de Nueva York.

El 21 de julio de 1988, Manuel Carrillo, director de Gastos en el Exterior de los Poderes Públicos de la Dirección General Sectorial de Divisas para Importaciones, antigua Recadi, se dirigió al BCV para comunicar que se autorizó a Insumos Industriales a adquirir del Instituto Emisor 701,250 dólares al tipo de cambio de 14,50 bolívares>> .

El equipo a importar desde la Vanmark Corporation consistía en una tolva alimentadora, un lavador quitapiedras, una removedora automática de piedras, un pelador de papas, una mesa de inspección, un lavador hidroeléctrico, un descargador de papas, un alimentador inclinado, una rebanadora de papas, un blanqueador, un transportador vibrador de inspección, un elevador para tobos, un intercambiador de calor, un transportador de inspección, un tobogán para descenso de papas fritas, tres máquinas sazonadoras y un panel de control de arracadores magnéticos, entre otras cosas.

El 13 de junio de 1989 llegaron en el vapor OBOD, que había salido del puerto de Nueva York, a Puerto Cabello, 6 containers con una línea de producción de confitería.

El 30 de agosto, un equipo de verificación de mercancías designado por Insumos Industriales localizaron en el almacén número 1 de Resguardo de la Guardia Nacional los containers INBU-283934-3, CTIU-451964-8, TOLU-204636-3, CITIU-442560-0, ITLU-525770-6 y IEAU-450377-4, << de los cuales se verificaron los identificados como IEAU-450377-4, conteniendo un intercambiador de calor y un removedor automático de piedra y el asignado INBU-283934-3 conteniendo un freidor modelo 100. El resto no fue verificado porque no se localizó un montacarga y por la apatía del personal del Instituto Nacional de Puerto. Estos containers están bajo protección en el almacén de Resguardo de la Guardia Nacional, ya que en fecha anterior habían sido violentados y se presume pérdida parcial de piezas y/o equipos>> .

Posteriormente se levantó un acta el 6 de octubre de 1989 por varios funcionarios reconocedores e interventores de la Aduana de Puerto Cabello: << durante el acto de reconocimiento (firmado por Juan Pablo Muhamad Wulf y Efraín Alvarado de la Comisión de Contraloría del Congreso)... se observaron maquinarias de la línea de producción de confitería y una motocicleta (marca Jamaha, tipo Triciclo de 250 cilindrada). Esta comisión logró abrir los restantes cuatro containers pendientes.

Eva Morales, liquidadora actual de Recadi y directora de Aduanas ofició al diputado Douglas Dáger el 19 de octubre de 1989, diciendo que << este reconocimiento permitió que se realizara la inspección de la mercancía que se encontraba en los furgones y, que consta en el acta levantada por los funcionarios del Congreso... por vía de excepción, ...es decir es un documento privado>> .

Aunque la historia es un poco larga, este pequeño caso está siendo todavía ventilado en la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, para tratar de determinar dos cosas: 1) cómo apareció la motocicleta mezclada con el equipo de confitería y un posible mal uso del crédito otorgado por Corpoindustria a la empresa Inversiones La Rendidora; y 2) qué vínculo pudo ejercer en principio y si lo hubo, el ex-ministro de la Secretaría, Carmelo Lauría, en la obtención del crédito para su hijo.

Otra referencia obligada a la persona de Carmelo Lauría, es la reunión que en su casa de La Castellana, sostuvieron el Diputado Carlos Tablante y el ex-presidente Jaime Lusinchi.

Antes de que se realizara la célebre Marcha de Los Pendejos, (15 de junio), Lauría se reunió con Tablante, en su oficina de la Primera Vicepresidencia de la Cámara Baja. Allí quedó claro que era posible el encuentro. Pero Lusinchi no quería ir al Congreso y Tablante tampoco a La Ermita. De modo que el escenario neutral y natural fue la casa de Lauría.

Algunos días antes de la concentración popular que paralizó a toda Caracas y luego se repitió en San Cristóbal, por iniciativa del Diputado Walter Márquez, el ex-ministro de la Secretaría fue personalmente a buscar a Tablante, de acuerdo con lo convenido. Se montaron en el carro del Diputado de Aragua, con la mala suerte que rumbo a la Cota Mil, muy cerca de la nueva sede del Ministerio de Educación, el chofer atropeyó a un transeúnte. Tablante y Lauría llegaron en taxi hasta La Castellana, donde ya estaba el expresidente Lusinchi esperando. Lamentó el inconveniente vial.

Ambos discutieron largo rato sobre los temas y denuncias planteadas. Según Tablante -valga su palabra- ese día Lusinchi lo amenazó a nivel personal y conminó al Diputado a no utilizar la Marcha de Los Pendejos contra Blanca Ibáñez. La reunión terminó mal y sin acuerdos posibles. Posteriormente, Tablante denunció la actitud del ex-presidente en un programa de televisión.