El miércoles 29 de noviembre de 1989, nueve meses después de las denuncias iniciales de El Nacional y siete meses después de intensas investigación desarrolladas por la contraloría General, la Fiscalía de la Nación, el Juzgado XXXVII Penal a cargo del Juez Luis Guillermo La Riva, y por la Comisión Especial del Congreso, el Tribunal Superior de Salvaguarda se reivindicó relativamente ante la opinión pública y el país, dictando diez autos de detención contra importantes funcionarios de la administración del ex-presidente Jaime Lusinchi.

En efecto, Silvestre Ortiz Bucarán, su presidente, y los magistrado de Alaíde Mazzarri Mendoza, acordaron la detención judicial de los ex-ministros de Hacienda Héctor Hurtado y Manuel Azpúrua Arreaza; Héctor Meneses, ex-ministro de Fomento; Modesto Freites Piñate, ex-ministro de Cordiplan; Mauricio García Araujo, ex-presidente del Banco Central de Venezuela; Eduardo Mayobre Machado, ex-presidente del Instituto de Comercio Exterior; Jorge García Duque, ex-viceministro de Hacienda; Francisco García Palacios, ex-viceministro de Fomento; José Encarnación Azócar Aguilera, ex-viceministro de Agricultura y Cría; y Edgalia Bastardo de Leandro, ex-directora general de Recadi.

Todos integraron la Comisión de Importaciones. La determinación del Superior de Salvaguarda estuvo basada en que el grupo de funcionarios de la administración de Lusinchi excedió -sobregiró- en unos 11.500 millones de dólares, con autorizaciones ejecutadas desde Recadi y remesadas por el Banco Central de Venezuela, los presupuestos de divisas correspondientes a varios años.

Se amparó el auto en el artículo 61 de la Ley Salvaguarda, referida a que funcionarios públicos no pueden exceder las disposiciones presupuestarias y de crédito público, o efectuar gastos o contraer deudas que hagan prosperar reclamaciones posteriores a la República y sus instituciones. Este artículo castiga con prisión de 1 a 3 años de prisión a los infractores que provocaron malversación específica de fondos públicos.

La noticia cayó como una bomba, puesto que se anunció cinco días antes de las primeras elecciones directas de gobernadores, alcaldes y concejales, que estaban previstas a celebrarse el 3 de diciembre de 1989. Uno de los fallos fue contra Modesto Freites Piñate, candidato por Acción Democrática a la gobernación del Estado Guárico.

- En el expediente instruido por la denuncia hecha por el diputado Carlos Tablante, en virtud de haberse encontrado y comprobado plenamente el cuerpo del delito -declaró Ortiz Bucarán a la prensa- y de existir graves, plurales y concordantes indicios de culpabilidad, he decretado la detención judicial de los procesados.

Cuando todo parecía indicar que no pasaría nada, toda vez que las apelaciones interpuestas sobre los casos elevados al tribunal de alzada por el Juez Instructor Especial del caso, Luis Guillermo La Riva, estaban siendo revocadas y cerradas las averiguaciones por otros tribunales de Primera Instancia con competencia en Salvaguarda, el Superior anunció su medida, acompañada con las consiguientes prohibiciones de salida del país.

Como es ya costumbre, casi todos los funcionarios ya estaban en el exterior, con excepción de Modesto Freites Piñate y Eduardo Mayobre Machado, quienes se entregaron, y Mauricio García Araujo que se escondió en Caracas.

En los días siguientes, la Policía Técnica judicial practicó más de 50 allanamientos a oficinas y casas de familia en busca de los solicitados. A pesar del operativo, Jorge García Duque -esto fue confirmado- logró viajar a Miami, donde se encontraba con parte de su familia.

De inmediato y luego por apelación en ausencia de los acusados el expediente subió a la Corte Suprema de Justicia, presidida por Otto Marín Gómez, para que ratificara o revocara la decisión del Tribunal Superior de Salvaguarda. En la primera de las opciones ya no habría nada que hacer para los indiciados porque la Corte Suprema es la última instancia de apelación. Lo segundo, podría arrastrar la renuncia del Presidente Tribunal Superior de Salvaguarda, por razones obvias.- Fue el ponente del caso al dictarse los autos de detención-

De acuerdo con informaciones confidenciales manejadas por la redacción de El Nacional, nos enteramos de que dicha ponencia, personalmente elaborada por Silvestre Ortiz Bucarán, presidente del Tribunal, tenía, cuando menos unos quince días de redactada para la fecha de la decisión. Estábamos empeñados en publicarla, puesto que para noviembre de 1989, como apuntamos, el caso lucía moribundo y los venezolanos ya casi se habían olvidado de Recadi.

En los mejores mentideros de abogados ya se sabía de los enfrentamientos entre Ortiz Bucarán y la magistrada Alaide Mazzarri Mendoza. Esta era de la opinión de que los ilícitos denunciados no generaban responsabilidades penales sino administrativas. La tesis contraria era la de Ortiz Bucarán. En tanto que Enrique Sánchez Falcón no había fijado criterio suficiente como para apoyar al presidente del Tribunal. Lo anterior explica, de alguna manera, el por qué la decisión, posteriormente, se tomó con la magistrada Mazzarri Mendoza de vacaciones y suplida por Iván Martínez Zerpa. Por filtraciones que no conviene detallar aquí, obtuvimos a finales de octubre un informe oral de un confidente que logró leer la ponencia de Ortiz Bucarán y, ante la posibilidad de que no cuajara la decisión, comenzamos a buscar con lupa el documento para cumplir con nuestra responsabilidad con el público lector.

Afortunadamente, el Tribunal Superior de Salvaguarda resolvió parcialmente los roces internos de la manera más diplomática y no dio pie para un nuevo y lamentable escándalo público.

Algunos analistas jurídicos nos confiaron que el error inicial de Ortiz Bucarán, fue encargarse directamente de la ponencia. Haberla entregado a Enrique Sánchez Falcón y conociendo la opinión inicial de Mazzarri Mendoza, le daba mayor oportunidad de obtener más rápido el consenso necesario para lograr una mayoría relativa y presionar un posible voto salvado. Pero al final de este capítulo fue otro: la decisión salió por unanimidad y la demora fue provocada por la incorporación de Martínez Zerpa, quien necesitaba de algún tiempo para estudiarla y dar su voto favorable.

Al día siguiente, el jueves 30 de noviembre, el candidato a gobernador en Guárico, Modesto Freites Piñate, no le quedó más remedio que entregarse en la sede de la Policía Técnica Judicial, por recomendación del CEN de AD.

- Se trata de una burda maniobra- declaró al llegar con su familia-, dirigida a entorpecer mi evidente triunfo como Gobernador de Guárico (ya lo había sido durante el gobierno de Lusinchi y antes de ser Ministro de Cordiplan)... Esto deja mucho que decir de ciertos administradores de justicia y contribuye a desprestigiar aún más a ciertos organismos que tienen el sagrado deber de impartirla.

Denunció, al boleo, que el presidente de la Junta Electoral Principal del Estado Aragua, Eduardo Ortiz Bucarán, era hermano de Silvestre, a lo que replicó el presidente del Tribunal Superior diciendo que << intentar relacionar la actuación de Eduardo con lo que pueda ocurrir en las elecciones de cualquier otro Estado es absurdo>> . Su denunciante, Carlos Tablante, era el candidato del MAS a la Gobernación de Aragua y resultó electo.

Fue trasladado al Retén Judicial de El Junquito, sitio escogido por el Tribunal para la reclusión de los potenciales detenidos, junto a la Cárcel de Mujeres de Los Teques, para la única mujer del grupo, Edgalia Bastardo de Leandro.

En las primeras de cambio, Freites Piñate fue visitado por Alberto Finol, Octavio Lepage y Carmelo Lauría. El día de las elecciones voló, ida por vuelta, en helicóptero a sufragar por sí mismo.

Freites pidió al Tribunal que estudiara la petición de pedir un antejuicio de mérito ante la Corte Suprema de Justicia por ser gobernador electo, pero la propuesta fue desechada, incluso, porque no hay jurisprudencia en Venezuela para un caso similar.

El expediente subió a la Corte, no obstante, porque a los demás enjuiciados se les nombraron defensores públicos.

Por su parte, Eduardo Mayobre Machado se entregó también en la PTJ el sábado 9 de diciembre, no sin antes conocer la salud delicada de su hermano José Antonio, también periodista, quien recién había sido operado. Mayobre al comienzo del actual gobierno fue designado presidente del Banco República, en sustitución de José Bejamín Escobar, antiguo vicepresidente del Banco Central de Venezuela.

-He venido a ponerme a derecho- dijo en la entrada de la central policial- dentro del lapso de los diez días hábiles posteriores a la medida del Tribunal Superior de Salvaguarda, con el objeto de cumplir, como es mi deber, con los requisitos legales del caso y demostrar mi inocencia, así como en la esperanza de que se imparta verdadera justicia. No lo había hecho antes por la necesidad de atender problemas familiares urgentes que requerían mi atención y presencia personal.

- Este contexto - agregó- es propicio para que se lancen acusaciones ligeras que pueden afectar a personas honorables. Tal es el caso en que nos encontramos. Pero creo que predominarán la sensatez y las instituciones llamadas a hacerlo, llegarán a conclusiones justas, incluyendo la total corrección de mis actuaciones en las funciones que me tocó desempeñar.

Recluido junto con Freites escribió para El Universal una serie de trabajos, donde intentó demostrar que un régimen de cambios diferenciales o un control de cambios no necesariamente constituía un delito.

Es bueno apuntar que ni Eduardo Mayobre ni Modesto Freites fueron las personas más denunciadas o que desplegaron el mayor centimetraje en el caso Recadi. Ambos siempre fueron señalados como integrantes de la Comisión de Importaciones. No obstante, sobre Modesto Freites recayó otro tipo de acusación. La interpuesta por Carlos Tablante ante varias autoridades de Miami, donde pidió saber si el candidato a Gobernador de Guárico tenía o tuvo cuentas bancarias en el North Ridge Bank de Fort Lauderdale, el banco presidido por el hijo del Diputado Alberto Beto Finol, de Acción Democrática.