Mientras tanto, el Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, estableció contacto personal con El Nacional luego de haber sido nombrado varias veces en La Agenda Secreta y que el Juez La Riva le prohibió salir del país en iguales oportunidades.

- He estado todo este tiempo en el país -nos dijo en la oficina del jefe de Redacción, acompañado de uno de sus abogados- y seguiré permaneciendo en el país, a la disposición como siempre de los organismos públicos competentes, para cualquier aclaratoria o investigación de mi gestión al frente del Ministerio de Hacienda. Estoy especialmente interesado en que la investigación sea del nivel de seriedad que el asunto amerita.

En efecto, el miércoles 26 de abril de 1989 fue citado por la comisión del Congreso y el 6 de julio por el Juez La Riva.

Cuando acudió al parlamento expresó que << lo que más le conviene al país es que se determinen exactamente las cosas, para que aquellos que sean los responsables sean sancionados y también se restablezca la reputación a aquellos que han sido mencionados y que no han cometido infracción alguna. Esa es una obligación y un deber que tiene esta comisión y el Congreso de la República>> .

- En mi caso -explicó- siempre actué sin presiones.

El ex ministro de Hacienda, Azpúrua Arreaza y el ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, fueron denunciados por el diputado Carlos Tablante, el primero de julio de 1989, ante el Superior de Salvaguarda, por presunta comisión de delito.

<< Uno de los hechos que he mencionado como generador de actos de corrupción y que lógicamente dañó al patrimonio público, es el conocido con el nombre de las verificadoras, por las cuales el Juez La Riva -señaló Tablante- dictó varios autos de detención... Dicha imposición fue producto de una supuesta contratación efectuada por el entonces Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, y el director general de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, en contravención de todas las opiniones e informes ordenados realizar previamente, entre los cuales cabe destacar, el de los ex parlamentarios Leomagno Flores y Alejandro Rodríguez Cirimelle y la del oficial de la guardia Nacional, Orlando Hernández Villegas>> .

Este escrito precisó que << esa presunta contratación -inscripción vulneraba una serie de disposiciones legales, pues sometía a las importaciones a una verificación extraterritorial, cuando esa labor correspondía a las aduanas del país, por ende, a los funcionarios que señalan las leyes de Hacienda y de Aduanas>> .