Francisco Maldonado Cisneros, primer Director General Sectorial de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, durante el gobierno del hoy ex-presidente Jaime Lusinchi, fue removido del cargo que ocupó desde el 2 de febrero de 1984, porque algunos organismos de seguridad del Estado encontraron indicios, en su oportunidad, que hicieron presuponer que este funcionario pudo haber incurrido en irregularidades administrativas durante la gestión. La anterior fue la primera denuncia formulada desde La Agenda Secreta de Recadi, el 31 de marzo de 1989.

Fuentes muy confidenciales nos informaron que la investigación abierta contra Maldonado Cisneros tuvo su origen a propósito de algunas denuncias elevadas por la Asociación Nacional de Agentes Aduanales (Asonaga), cuando el gobierno nacional decidió, según el Decreto 1.072 del 17 de abril de 1986 (publicado en la Gaceta Oficial 33.458 del 28 de abril del mismo año), entregar a las empresas certificadoras internacionales -Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Généralé Surveillance - la verificación de todas las importaciones privadas y algunas públicas.

La decisión del Ejecutivo, en aquél entonces, obedeció a que se eliminaba el sistema de pago al contado para las importaciones con dólares preferenciales y se pasó a la modalidad de las cartas de crédito, problema que después puso en punta de quiebra a muchas empresas nacionales.

Las denuncias hechas contra la decisión de incluir en el proceso importador venezolano a las empresas certificadores internacionales, se basaron en dos consideraciones: 1) << el costo de los honorarios por tal verificación quedó, al parecer, establecido según convenios clandestinos celebrados entre la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales y dichas transnacionales en el 1 por ciento del valor de cada importación>> , revelaba uno de los documentos en poder de El Nacional.

Se agregó que << si tomamos en cuenta que el presupuesto de divisas para las importaciones del sector privado alcanza la cifra de 5.000 millones de dólares (para 1986), es fácil deducir cuánto se proponen ganar estas compañías a cambio de un documento (el certificado de verificación o report of finding) que bien puede ser suplido por una efectiva actuación de los funcionarios aduaneros>> .

Ante este y otros argumentos aportados por privados, se inició la averiguación antes mencionada, surgiendo otro factor de importancia: 2) se comenzó a constatar la posibilidad de que en el proceso de inclusión de las compañías Bureau Veritas, Caleb Brett y Société Générale Surveillance, pudo estar presente, supuestamente, la posibilidad de cobro de una comisión millonaria, a cambio de la participación de las empresas extranjeras.

Las indagaciones que se adelantaron en 1986 provocaron que diversos organismos de inteligencia también investigaran la negociación realizada entre Recadi y la banca comercial. Entonces se resolvió eliminar la actuación directa de usuarios y gestores ante la oficina del Régimen de Cambios Diferenciales y sustituirla por el sistema de tramitación de conformidades de importación por intermedio del sistema financiero nacional.

Los organismos policiales y de inteligencia no quedaron satisfechos ante las interrogantes planteadas y, nuevamente, se acercaron a la posibilidad de otro cobro de comisión, presuntamente por parte de Francisco Maldonado Cisneros. Es bueno recordar de nuevo que, en aquel momento, los investigadores no pudieron tampoco consolidar los indicios a los que se les estaba haciendo seguimiento.

Mientras los organismos de seguridad trataban de sustanciar los recaudos aportados por privados, en el Palacio de Gobierno la situación se traducía en una pérdida en la credibilidad de Maldonado Cisneros. El Presidente Lusinchi, según la información disponible, decidió no recibirlo más en cuenta directa y comenzó a discutirse si se destituía o se le pedía la renuncia, como al final ocurrió.

Se optó por la segunda salida, para evitar que trascendiera el escándalo al público. Francisco Maldonado Cisneros abandonó el cargo -argumentando razones de salud- el 29 de junio de 1986, en carta enviada al Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, con copia a Héctor Meneses, director general del despacho de las finanzas públicas, y quien en lo inmediato se encargó de la jefatura de Recadi.

Otro aspecto clave en la salida de Maldonado Cisneros de Recadi, fue el análisis jurídico-legal que acompañó a las investigaciones de orden policial. Concretamente, con el tiempo surgieron cuestionamientos constitucionales en torno a la implantación del sistema de conformidades de importación a través de la banca comercial y, más tarde, en torno a la actuación de las empresas certificadoras.

En el primero de los casos, se observó que permitirle a la banca << el monopolio exclusivo de tramitar el sistema de dólares preferenciales>> , violentó el ordenamiento jurídico y constitucional del país, en tanto que según la Carta Magna (art. 67), << todos tienen derecho a representar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público, sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna respuesta>> .

Y, por otro lado, el sistema implantado por Maldonado Cisneros puso en entredicho a la Ley de procedimientos Administrativos, en tanto que la banca absorbió honorarios que han debido dirigirse al Estado Venezolano.

En lo que respecta al sistema que permitió participar a las verificadoras, también surgieron observaciones jurídicas de peso. Por ejemplo, uno de los documentos consultados revela que el procedimiento << violentó la Ley General de Aduanas, especialmente el artículo 45, que le otorga a los funcionarios de Aduanas la potestad de...verificar documentos, identificación, examen, determinación de tarifas, restricciones, valoración, peso, medida y contaje de las mercancías a ser importadas>> .

Concluyó este otro papel confidencial señalando que << de allí se infiere que estas compañías transnacionales (las verificadoras) están, sin duda, usurpando funciones que son ejercicio irrenunciable de nuestra soberanía nacional>> .

A Maldonado Cisneros lo entrevistamos en Miami, en una sala de reuniones alquilada por él en el Pent House del conocido Hotel Marriot Center Miami, el 26 de abril de 1989. Ya habíamos destacado desde La Agenda Secreta una serie de documentos entregados por el ex-funcionario al diputado Carlos Tablante, quien también había viajado a Estado Unidos a mediados del mismo mes, y grabado un importante video de unas cuatro horas de duración, el cual tuvimos la oportunidad de ver en la sede de El Nacional, por iniciativa del mismo Tablante, con carácter de exclusividad.

El viaje, de donde surgió la posibilidad de conversar durante dos kilométricas sesiones con Maldonado y su esposa, Marcia Fernándes (de origen portugués e hija de un acaudalado empresario dueño de una importante cadena de supermercados en Estados Unidos, Joe Fernándes), resultó de un memoramdum interno donde planteamos a las autoridades del periódico la disposición de Maldonado a hablar con El Nacional, de manera exclusiva, su promesa de hacer importantes revelaciones y entregar valiosos documentos, como en efecto ocurrió.

La posibilidad de entrevistar a Maldonado en Miami, además se inscribió dentro del marco de una interpelación que le haría por segunda vez Carlos Tablante, quien también empacó maletas para viajar al norte junto con nosotros.

Según Maldonado Cisneros, << el desarrollo de Recadi tiene que ser evaluado en el contexto de los últimos cuatro años y medio. Ha pasado por varias etapas importantes que deben ser examinadas para determinar su actual situación>> .

Esto es que en 1983, << se creó el mecanismo intempestivamente, a raíz del 18 de febrero. No tenía ninguna base operativa, ni jurídica, ni administrativa. Se dedica a sobrevivir por ocho meses, hasta entregarle al nuevo gobierno. El desorden es total y básicamente se apoya en la poca experiencia del control anterior experimentado en los años 60>> .

Argumentó Maldonado que << entre 1984 y 1986, entra en una etapa formal de estructuración y paralelamente resuelve el problema de abastecimiento, credibilidad y se gana un puesto dentro de la administración pública. Crece y se especializa. Resuelve fases como el reconocimiento de la deuda externa privada y minimiza y luego elimina el programa de estudiantes en el exterior. En materia de importaciones, logra administrar el monto de 9.000 millones de dólares en 1983, de 7.500 millones de dólares en 1984, de 5.500 millones de dólares en 1985 y de 6.000 millones de dólares en 1986>> .

- Este hecho es de suma importancia -explicó Maldonado-pues durante estos años el PTB refleja crecimiento positivo, el sector agrícola se reactiva, las exportaciones no tradicionales superan los 1.000 millones de dólares y, más áun, el saldo de la balanza de pagos se mantiene y hasta aumenta levemente.

Pero a partir de 1987 y hasta el final << se cometen reversos en política que afectan su desarrollo. Aunque su dimensión es reducida, se reabre el proceso de registro de la deuda privada externa, y las importaciones autorizadas aparentemente superan los 8.000 millones de dólares. La estructura elimina una serie de programas de especialización en áreas específicas y se encuentra trabajando con una falta de coordinación con el resto de la economía. Se convierte en el plato fuerte de la opinión pública y la imagen del culpable renace con mayor intensidad, después de haberse eliminado entre 1984 y 1986>> , (es decir, cuando éste funcionario dirigió la oficina).

Basó sus afirmaciones en que Recadi tuvo dos períodos claramente diferenciados: el lapso de los primeros dos años y los dos años y medio posteriores.

- Mi administración fue una gestión eficiente. Por ejemplo, las importaciones de 1983 fueron por el orden de los 11.000 millones de dólares y en 1986, hasta que yo estuve, habían caído hasta 3.200 millones de dólares. No me explico cómo en 1987 y 1988 las importaciones comienzan a subir hasta sobrepasar de nuevo el umbral de los 11.000 millones de dólares dentro de un cuadro de merma de las reservas internacionales, de baja en los precios del petróleo y asfixia en el pago de la deuda externa.

Es decir, sentenció a nosotros, que durante los dos últimos dos años del gobierno de Jaime Lusinchi, << la administración de las divisas preferenciales se hizo bajo un criterio irracional>> .

- Esto significa que el proceso estuvo caracterizado por una serie de reversos en política, tal como sucedió con el posterior otorgamiento de dólares al Puerto Libre de Margarita (antes no ocurría) y el reingreso al cambio preferencial de productos suntuarios antes discriminados al dólar libre. El proceso de otorgamiento fue afectado externamente (<< cuando en el pasado aprendimos a decir no ante los factores de poder tanto públicos como privados>> ) por una línea de comportamiento complaciente, de favores políticos y de intromisión también política.

Añadió en esta oportunidad Maldonado Cisneros que desde << el Ministerio de Fomento (al frente del cual estaba Héctor Meneses) se desarrolló otra política complaciente en el otorgamiento indiscriminado de delegaciones de importación, sujetas a uso posterior de dólares preferenciales desde Recadi. La injerencia partidista contaminó los mecanismos del sistema de otorgamiento de dólares preferenciales>> .

<< Jamás tuve conocimiento de que hubiera sido investigado -respondió a nuestra pregunta-. Ni lo tuve cuando estuve en el cargo ni luego que salí. Hay una cosa frente a la cual estoy claro, como consecuencia lógica, al manejar un cargo de esta naturaleza. No tengo dudas que algún ente del Estado, por medida precautiva, así como preventiva o de rutina lo pudo haber hecho. Así como fui director de Recadi, puede ser un ministro o el Presidente de la República. Pero una investigación formal en mi contra, con acusaciones firmas en concreto, desde entonces hasta hoy nunca tuve conocimiento de que se hubiera hecho. Mi renuncia no obedece a solicitudes de nadie ni a descontento por parte de mi superior inmediato. Al menos que yo tenga conocimiento... Las razones por las cuales salgo de Recadi son primero personales, y luego voluntarias.

En torno a la renuncia de Maldonado Cisneros, es pertinente insertar el siguiente relato. El jueves 20 de abril de 1989, Carlos Tablante consignó ante la Comisión Especial del Congreso que investigó el cúmulo de irregularidades cometidas en contra o desde Recadi, una lista de funcionarios de todos los niveles que tuvieron que ver con la asignación de dólares preferenciales.

Tablante mencionó a Eduardo Rafael Behrens Linares, quien en principio, sustituyó a Oscar Pérez Bohórquez, en julio de 1986, al frente de la Dirección de Operaciones de Recadi.

El Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados solicitó, además, que los mencionados en la lista, incluido Behrens Linares, fueran también citados por el Juez La Riva, para tomarles declaración jurada.

Una vez que Francisco Maldonado Cisneros salió de la jefatura de Recadi, el 29 de julio de 1986, el candidato a sustituirlo, propuesto por el ex-director saliente, fue Oscar Páez Bohórquez, quien desde 1984 se desempeñó como Director de Operaciones, el segundo de a bordo en la línea de mando.

La propuesta llegó a instancias de Manuel Azpúrua Arreaza, Ministro de Hacienda, quien se reunió en privado con Páez en la sede del despacho de la Torre Norte y dijo que lo aceptaba en la dirección de Recadi, en sustitución del renunciante.

La sorpresa y la molestia de Oscar Páez Bohórquez, al enterarse que al día siguiente su nombre no quedó impreso en la Gaceta Oficial correspondiente, sino el de Héctor Meneses, como nuevo titular -por eso afirmó que tan sólo duró un día como máximo director-; provocó que renunciara inmediatamente, inclusive, a la Dirección de Operaciones.

La entrega de esta dependencia, por parte de Páez Bohórquez a su sustituto Eduardo Rafael Behrens Linares, quedó acordada para pocos días después. Páez se encontró ante una persona que jamás había visto con anterioridad y se negó a firmar el acta de entrega respectiva, en tanto que no estuvo de acuerdo con algunos de los términos allí escritos.

El director de Operaciones saliente pidió 24 horas más para firmar el acta, copia de la cual (más de 100 páginas) se la entregó a sus abogados y, posteriormente, hizo algunas observaciones de fondo y de forma. Páez planteó a Behrens Linares iniciar nuevamente en los procesos internos de Recadi un conjunto de conformidades de importación que él había ordenado tramitar y que se encontraban en tránsito, puesto que las mismas se harían efectivas ante la banca comercial y el Banco Central de Venezuela, y ello suponía que circularían papeles firmados por Páez, quien había dejado de ser ejecutivo de la oficina y no estaba seguro del uso posterior que se haría de su rúbrica.

Eduardo Rafael Behrens Linares, hasta la salida de Maldonado Cisneros y Páez Bohórquez, se desempeñó como empleado de la Gerencia de Sistemas del Banco Central. Fue solicitado, en comisión de servicios, por el Ministerio de Hacienda, Manuel Azpúrua, según consta en las actas del Instituto Emisor.

Luego que Héctor Meneses, originalmente designado como encargado de Recadi, decide, a su vez encargar en enero de 1987 en la jefatura de la oficina a Ana Teresa Herrera Balduz, también directora de Inspección y Fiscalización de Hacienda, ésta se encuentra a Behrens Linares como director de Operaciones.

Una de las primeras anormalidades que encontró Herrera Balduz en Recadi, fue el memoramdum interno 006449 de fecha 3 de noviembre de 1986, según el cual Eduardo Rafael Behrens Linares, director General de Operaciones, había participado al personal y a Luis Enrique Aray, lo siguiente: << cumplo con notificarle que ha sido comisionado para coordinar la elaboración del proyecto del presupuesto de divisas de 1987, de acuerdo a la asignación por sectores determinado por el Ejecutivo Nacional. Proyecto que se manejará conjuntamente con Cordiplan, Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura y Cría>> .

Si se trató del presupuesto de divisas para el sector público o privado, en ambos casos era una atribución que, por jerarquía, le correspondía ejercer al Director General del despacho de Hacienda, en concordancia con las disponibilidades advertidas por el Banco Central de Venezuela.

El memo descrito, firmado por Eduardo Rafael Behrens Linares, por improcedente provocó que Ana Teresa Herrera levantara un informe al ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, puesto que un director General Sectorial de Operaciones no podía dar semejante instrucción.

Por otra parte, no existía en la Gaceta Oficial, en el Ministerio de Hacienda, ni en la propia Recadi, ningún nombramiento que diera cuenta de que Luis Enrique Aray, fuera funcionario, mucho menos comisionado, de alguna nómina del sector público. Azpúrua, ante la situación, ordenó no dejar entrar en Recadi al tal Aray. Posteriormente, en marzo de 1987, Eduardo Rafael Behrens Linares, a propósito del informe elaborado por Herrera Balduz, salió de la Dirección de Operaciones. Nunca se supo si regresó a su antigua posición en el Banco Central de Venezuela.

Como dato curioso, tuvimos la oportunidad de conversar directamente con Páez Bohórquez en la oficina de Tablante, un día que fue citado por el diputado, y confirmar todo lo escrito en torno a su nombramiento y hechos posteriores. En realidad nos conocíamos desde que él ingreso a Recadi. También pudimos escuchar a Behrens Linares en la misma oficina, pero con la diferencia de que él no se percató de nuestra presencia. Nunca nos habíamos visto, y por eso continuó declarándole al abogado Alberto Quintero, creyendo que también formábamos parte del equipo de Tablante.

Desde El Nacional nunca se logró comprobar el posible vínculo que pudiera existir entre Eduardo Rafael Behrens Linares y el primer esposa de Blanca Ibáñez, Alfredo Behrens Ducharne. Incluso, interrogamos a varias de los asistentes a una << despedida de soltera>> que amigas de la Ibáñez le organizaron en una quinta del Este. Si el vínculo existe, se trata de un secreto bien guardado. Le perdimos la pista a Behrens Linares.

No obstante, el personaje volvió a aparecer, al menos de nombre, el 26 de abril de 1989. Resulta que la redacción recibió un conjunto de actas o minutas levantadas por Recadi, sobre lo que fueron varias reuniones, en realidad todas, efectuadas por los integrantes de la Comisión de Importaciones, creada por el Decreto 1.041 y que luego pasó a denominarse 1.546. Existía una del 19 de marzo de 1987 que recogía lo resuelto en la reunión número 14, efectuada el 25 de febrero del mismo año.

Asistieron Héctor Meneses, Viceministro de Hacienda; Francisco García Palacios, Viceministro de Fomento; Guillermo Rendón, Director General encargado de Cordiplan; José Azócar Aguilera, Ministro Encargado del MAC; y Ana Teresa Herrera Balduz, Directora Encargada de Recadi.

Lo interesante es que, más abajo, el documento señala << otros asistentes>> : José Tomás Blanco, director de Secretaría de Hacienda; y Eduardo Rafael Behrens Linares, director general de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales.

La pregunta era: ¿Si Behrens Linares era director general de Operaciones, por qué figuró en esa minuta como director general de Recadi, participando en la misma reunión la directora encargada de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz? La otra interrogante fue: ¿Hubo dualidad de funciones en Recadi para ese entonces, tras la salida de Maldonado Cisneros, Páez Bohórquez y Héctor Meneses?

Esas mismas preguntas se las autoformularon los investigadores del Congreso. Encontraron que, en realidad, caída la posibilidad de ascenso de Oscar Páez Bohórquez como sustituto natural de Maldonado Cisneros, un hilo muy poderoso, desde Miraflores, impulsaba el estrellato de Eduardo Rafael Behrens Linares. Sólo que a éste le ocurrió lo contrario que a Páez Bohórquez: lo nombraron Director General de Operaciones, con la idea de usar el cargo como trampolín para alcanzar la ansiada Dirección General, pero otros factores le cercaron y tuvo que salir en marzo de 1987.

Volviendo a Maldonado Cisneros, éste confió al redactor y así quedó impreso el 3 de mayo que había exigido una explicación a Azpúrua sobre lo acontecido con Páez Bohórquez.

- Le exigí al Ministro que me aclarara la situación, porque no creía posible que, después de dos años y medio trabajando conmigo, el Ejecutivo tuviera dudas de Oscar Páez. Esas pruebas, repito, esas investigaciones o lo que fuese, nunca llegaron a mi poder... En ese momento, aunque yo estaba afuera, consulté con el Ministro Azpúrua -refiere Maldonado- y traté de que me diera una explicación. Yo, como superior de Oscar Páez, tenía derecho a saber si había alguna duda con él y, en consecuencia, saber si yo también había sido engañado. Me comentó que quizás había algo. Yo quería que me enseñaran pruebas en torno a lo que había, pero nunca se materializaron.

Por cierto que el día que vimos a Páez Bohórquez en la oficina de Tablante, quedó en entregar un libro donde anotaba llamadas importantes y donde -según este otro renunciante- figuraban varias llamadas hechas desde Miraflores, por el diputado Luis Guevara, preguntando sobre el curso de los trámites de algunas empresas solicitantes de dólares preferenciales. Fe de esto la puede dar el mismo Carlos Tablante y el propio Oscar Páez Bohórquez. Nunca supimos si finalmente entregó la copia de la agenda de llamadas, con la cual pensaba defenderse si las cosas se ponían muy malas para él.