La Comisión de Importaciones, creada según el Decreto Presidencial 1.546 del 6 de mayo de 1987, e integrada por los Ministerios de Hacienda (quien la presidió), Fomento, Agricultura y Cría, Cordiplan, y los Presidentes del Banco Central de Venezuela y del Instituto de Comercio Exterior, fue denunciada por el diputado Carlos Tablante, Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados, el 29 de junio de 1989.

Tablante introdujo ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, presidido por Silvestre Ortiz Bucarán, un escrito donde hizo referencia a los irregulares procedimientos utilizados por los ministros del Gabinete Económico del ex-presidente Jaime Lusinchi.

Según el escrito, << correspondía a esta Comisión aprobar, por la vía discrecional, el otorgamiento de divisas preferenciales para las importaciones del sector privado, para la industria, el comercio, el Puerto Libre de Margarita, repuestos y los insumos del sector agrícola; y, en definitiva, para cuanto dólar preferencial le fuese solicitado fuera del Presupuesto Nacional de Divisas>> .

Al respecto, << para 1987 se había aprobado un presupuesto de divisas que alcanzó la suma de 8.243 millones 137 mil 409 dólares, el cual fue ratificado para aplicar durante el año siguiente>> .

De modo que durante << 1988 esta comisión efectuó aprobaciones hasta por la suma de 14.118 millones 736 mil 876 dólares, cantidad que, lógicamente, excedió el monto presupuestado de divisas que regía para ese año>> . El punto central de la denuncia, el sobregiro presupuestario, fue confirmado luego por la vía del informe global del Congreso elaborado y coordinado por el diputado Douglas Dáger.

<< Estas aprobaciones que llamaremos extra-cupo -dijo Tablante-, por parte de la Comisión de Importaciones que tenía además la función de fijar las políticas y prioridades que deberían ser aplicadas dentro de un régimen de cambio impuesto, usó y abusó de ese poder discrecional, puesto que se excedió hasta sobregirar y sobrepasar los límites de nuestras reservas internacionales>> .

Argumentó en la acusación interpuesta que << como se demostrará, un importador que solicitaba y obtenía una conformidad de divisas, acudía, por intermedio del banco tramitador, al Banco Central de Venezuela, organismo que adelantaba en la gran mayoría de los casos el 20 por ciento del monto de la conformidad y expedía una certificación de disponibilidad de divisas, en espera de que se cumpliera con la importación>> .

En tal sentido, << esas aprobaciones de divisas extra-cupo deben ser investigadas y analizadas una a una, con la finalidad de determinar si quienes hicieron esas aprobaciones fuera del presupuesto aprobado incurrieron en la comisión de los delitos previstos y penados en los artículos 59 y 61 de la Ley de Salvaguarda.

Toda vez que no sólo se excedieron fuera del presupuesto con las aprobaciones otorgadas, sino que también no existía, en las arcas del tesoro, la suficiente cantidad de dólares para cubrirlas, con el consiguiente riesgo que en contra de la Nación se interpongan reclamos por todos aquellos importadores a los cuales les aprobaron dólares preferenciales con o sin cupo, como es el caso de la demanda introducida por ante la Corte Suprema de Justicia por el Consejo Venezolano de la Industria (Conindustria), solicitando la nulidad de la reforma al Convenio Cambiario donde se establece la forma cómo el Ejecutivo por falta de liquidez de nuestras reservas, puede cancelar las cartas de crédito para las importaciones causadas>> .

Igualmente, << debe investigarse a quienes emitieron desde el Banco Central de Venezuela los certificados de disponibilidad de divisas, por cuanto al no existir la misma, como lo habían certificado, incurrieron en la comisión del delito previsto en el artículo 75 de la Ley de Salvaguarda>> .

Durante la vigencia del Decreto 1.546, los cargos correspondientes a esta Comisión de Importaciones estuvieron desempeñados por los siguientes funcionarios:

Hacienda: Manuel Azpúrua Arreaza, Héctor Hurtado y Eglée Iturbe de Blanco.

Fomento: Héctor Meneses.

Cordiplan: Modesto Freites.

Banco Central de Venezuela: Hernán Anzola y Mauricio García Araujo.

Instituto de Comercio Exterior: Eduardo Mayobre.

Ministerio de Agricultura y Cría: Wenceslao Mantilla y Felipe Gómez Alvarez.

<< En muchas ocasiones, a las reuniones de esta Comisión de Importaciones no asistían los titulares, casos en los cuales sus vacantes eran llenadas por los viceministros o directores generales del despacho o por los vicepresidentes de los citados organismos. Es así como a estas reuniones acudían Jorge García Duque y Eglée Iturbe de Blanco, Viceministros de Hacienda; Francisco García Palacios, Viceministro de Fomento; Jóvito Martínez Guarda, Viceministro de Cordiplan; el Vicepresidente del BCV, José Benjamín Escobar, y siempre estaba atenta a las mismas y actuando como secretaria ejecutiva, la directora General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación, Edgalia Bastardo de Leandro>> .

Al día siguiente de hacer Tablante su denuncia, el 30 de junio, el presidente de la Comisión Especial Investigadora del Congreso, diputado Douglas Dáger, asistido por el abogado Braulio Jatar Alonso, introdujo otra de apoyo a la de aquél, donde solicitó que el Tribunal de Salvaguarda prohibiera la salida del país a un total de 19 ex-funcionarios de la administración Lusinchi, donde además de todos los precisados por Tablante, figuraban: José Angel Ciliberto (ex-ministro de Fomento y de Relaciones Interiores); Leopoldo Carnevali (ex-ministro de Cordiplan); Francisco Maldonado Cisneros (ex-director de Recadi); Chelita Pérez (ex-directora de Autorización de Divisas de Recadi), Marbella Patiño de Rotundo (ex-directora de Autorización de Divisas de Recadi), Eduardo R. Behrens Linares (ex-director de Operaciones y ex-director General de Recadi); Marlene de Lane (ex-directora de Operaciones de Recadi); y Jesús Vargas Chirinos (ex-director de Aduanas de Hacienda).

Según estos otros denunciantes, << el ilícito reside en la forma y los procedimientos empleados para la ejecución de los diferentes presupuestos nacionales de divisas a partir de 1984...Lo grave de este asunto es que el Ejecutivo recurrió al financiamiento del déficit de la balanza de pagos mediante el uso del crédito externo, induciendo al sector privado a contraer el financiamiento de sus importaciones con dólares preferenciales, usando cartas de crédito financiadas, hasta en 80 por ciento, por la banca corresponsal extranjera. Hecho que implica una violación cuantitativa de la programación inicial de los presupuestos de divisas formulados en su conjunto para estos ejercicios, y esa irregularidad constituye en el presente, un daño patrimonial fiscal cercano a los 70.000 millones de bolívares>> .

Todos los funcionarios señalados tanto por Tablante como por Dáger, que antes habían sido citados por el Juez Instructor Especial del Caso, Luis Guillermo La Riva, al XXXVII Penal, fueron requeridos después por el Tribunal Superior de Salvaguarda recién constituido bajo la presidencia de Silvestre Ortiz Bucarán e integrado por Alaide Mazzarri Mendoza y Enrique Sánchez Falcón. En efecto, la medida de prohibición de salida del país dictada varias veces en el pasado por La Riva, fue, a su vez, varias veces extendida por el tribunal de alzada.