Cuando El Nacional, desde La Agenda Secreta, comenzó a denunciar personas, empresas y situaciones ligadas al proceso de otorgamiento de dólares preferenciales en los últimos seis años, el país todavía vivía las secuelas de ese lapso absurdo y paralizante que desencadenó la transmisión de mando de un gobierno saliente, el de Jaime Lusinchi, a otro entrante, el de Carlos Andrés Pérez.

A pesar de ser ambos gobernantes militantes del mismo partido, Acción Democrática, en realidad lo que se sentía en todos los despachos oficiales era que la transición estaba ocurriendo entre un gobierno saliente de Copei y el entrante de Carlos Andrés Pérez.

Uno de los síntomas más importantes que arrojó aquél cuadro fue la presencia, no para pocos inadvertida, de un profundo y gran vacío de justicia que puso en entredicho la garantía de un verdadero Estado Derecho.

Los períodos formales para que desempeñaran sus funciones el Fiscal General, el Contralor, los Magistrados del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, estaban todos vencidos y sus titulares tenían que ser ratificados o sustituidos. Pero lo cierto del caso es que nadie hacía nada o muy poco con las denuncias que se estaban formulando.

No sin razón desde El Nacional se trató de presionar el esquema reinante, y por ello invitamos al cambio de la situación. Escribimos el 11 de abril de 1989, justo a la semana de haber comenzado La Agenda Secreta lo siguiente: << Corresponde al Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público y a los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal en esta materia, en su condición de instructores directos de estos procesos contra la administración pública, incluidas las denuncias de El Nacional, ordenar las correspondientes averiguaciones para que, en definitiva, se determinen los delitos cometidos y la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, particulares y terceros, en esas conductas antijurídicas y antinacionales>> .

En realidad, el caso estaba en la calle porque lo planteó el periódico. Luego se fueron incorporando las iniciativas primero individuales y luego institucionales de algunos diputados como Carlos Tablante, Douglas Dáger y Orlando Fernández, más el resto de los parlamentarios que formaron, posteriormente, la Comisión Especial de la Cámara Baja. Es bueno decir ahora que no todos estos representantes del pueblo trabajaron con la misma intensidad y constancia. La Comisión Recadi del Congreso fue expresión del trabajo de unos pocos políticos, apoyados en gente de gran capacidad técnica.

A la iniciativa de El Nacional, tres semanas después, se plegaron El Diario de Caracas, con el Expediente Recadi, y Ultimas Noticias, con el Escándalo Recadi.