Desde que en 1983, como consecuencia del Viernes Negro, se constituyó la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, Recadi, hasta marzo de 1989, cuando la unificación cambiaria acordada por el segundo gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez decretó la muerte esperada de la organización administrativa, las irregularidades provocadas desde adentro y desde afuera para causar fraude a la Nación, mediante el uso indebido de las divisas preferenciales, fueron evolucionando.

Como cualquier elemento que crece, se desarrolla y muere, Recadi también experimentó un crecimiento natural que partió de la nada y fue alcanzando cada vez mayores grados de desarrollo y sofisticación.

En la medida que este monstruo de mil cabezas se expandió e irradió su marco de acción hacia el resto de la sociedad y de la economía venezolana, en la misma proporción los agentes negativos de la colectividad encontraron maneras simples o complejas para apropiarse de lo que no les correspondía.

Una vez que el gobierno de Luis Herrera Campíns determinó romper con la libre convertibilidad de la moneda, en febrero de 1983, -desechando la tesis de la devaluación lineal y asumiendo un programa de cambios diferenciales-, se vio obligado a crear una unidad dependiente del Ministerio de Hacienda, para que se encargara de administrar la vuelta a un sistema cambiario que, con anterioridad, fue manejado por el Banco Central de Venezuela, en la década de los años sesenta.

Una vez derrotada la postura política y técnica de Leopoldo Díaz Bruzual, presidente entonces del Instituto Emisor, resultó lógico que la nueva estructura cambiaria, impulsada por el Ministro de Hacienda, Arturo Sosa, fuera adscrita al despacho de las Finanzas Públicas. La razón para no controlar el régimen de cambios diferenciales desde el BCV, fue que no se confió en cómo El Búfalo podía garantizar la nueva política cambiaria sin no estaba de acuerdo con ella.

Esta fue la primera etapa de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales. No había local, ni presupuesto, mucho menos personal especializado.

No obstante, para que el Ejecutivo pudiera tocar la puerta de la banca acreedora internacional en favor de una primera reestructuración de la deuda externa pública y privada, fue necesario << agarrar aquel trompo en la uña>>, sin mirar atrás.

	Las administraciones de RECADI en el período 1983/1989
	Período	Presidente de la República	Ministro de Hacienda	Director de Recadi
	83/84	Luis Herrera Campíns	Arturo Sosa	Fernando Hernández
	83/84	Luis Herrera Campíns	Arturo Sosa	Miguel Rodríguez Molina
	84/86	Jaime Lusinchi	Manuel Azpúrua	Francisco Maldonado Cisneros
	84/86	Jaime Lusinchi	Manuel Azpúrua	Oscar Páez Bohórquez
	86/89	Jaime Lusinchi	Manuel Azpúrua	Héctor Meneses
	86/89	Jaime Lusinchi	Héctor Hurtado	Ana Teresa Herrera Balduz
	86/89	Jaime Lusinchi	Héctor Hurtado	Edgalia Bastardo de Leandro
	1989	Carlos Andrés Pérez	Eglée Iturbe de Blanco	Eva Morales

De acuerdo con la información disponible, producto de algunos análisis recabados por El Nacional, el siguiente es un esquema típico, divulgado desde La Agenda Secreta, de las irregularidades que se cometieron en el ciclo inicial:

- Información falsa para registrarse como importador con mercancía en tránsito.

- Información falsa para registrarse como importador potencial en el registro nacional de importadores.

- Cobro de comisiones para registrar importadores.

- Ofrecimiento y cobro de dinero para acelerar la tramitación de conformidades de importación.

- En el caso contrario, ofrecimiento y cobro de dinero para retrasar conformidades de importación de una empresa de la competencia.

- Proliferación de gestores y de oficinas afines -algunas de éstas sin dirección o actividad previa conocida- que cobraban dinero, en muchos casos sin darle los mejores resultados a sus interesados e incautos clientes.

- Información falsa para registrarse como estudiante becario en el exterior.

- Cobro de comisiones para registrarse como becario en el exterior.

- Ofrecimiento y cobro de dinero para acelerar los pagos a los becarios en el exterior

- Registro múltiple de la misma deuda externa privada

- Cobro de comisiones y ofrecimiento de dinero para registrar deuda externa privada

- Datos falsos para inscribirse como deudor privado.

- Ofrecimiento y cobro de dinero para reconocer porciones de duda externa privada.

- Ofrecimiento y cobro de dinero para retrasar el reconocimiento y posterior pago de deuda externa privada de una empresa de la competencia.

Una vez ocurrido el cambio de gobierno entre Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, en 1984, se empezaron a introducir algunos procedimientos y sistemas, toda vez que se mantuvo un régimen de cambios diferenciales dependiente del Ministerio de Hacienda. Aunque algunas voces señalaron la conveniencia de transferir las responsabilidades cambiarias al Banco Central de Venezuela, esta otra opción fue totalmente descartada por la nueva administración.

Hablamos de un Recadi más involucrado en las gestiones del refinanciamiento de la deuda externa pública, a la par de la privada. El primer cambio notable que sufrió la organización fue el derivado de la orden expresa de sacar a los gestores, para que las propias cámaras industriales y comerciales buscaran acuerdos globales con la nueva dirección y, posteriormente, los usuarios fueran fundamentalmente deudores e importadores.

Pero esta reforma no duró mucho tiempo, porque la población de la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, lejos de disminuir, fue creciendo cada vez más, lo que obligó a atender grandes congestionamientos humanos al mismo tiempo, aunque se trató de racionalizar y distancias los diferentes procesos de reinscripción ante los vencimientos de cada ejercicio anual o de los propios papeles legales.

Fue así como se dio otro gran paso: entregar al sistema financiero nacional la exclusividad de tramitar por taquilla todo lo concerniente a las divisas preferenciales, lo cual no trajo como respuesta el descongestionamiento de la oficina. Tal vez sí, una cierta racionalización de procesos. Esto se completó con la política de difusión por los periódicos del número, monto y tipo de cambio de cada una de las conformidades de importación que se aprobaban. De modo que los usuarios fueran directamente a los bancos.

Ante un Recadi más racional, ciertamente se lograron disminuir las viejas corruptelas, pero a la par fueron surgiendo otras formas novedosas, algunas complementarias de las primitivas:

- Se continuó ofreciendo y cobrando dinero por acelerar o retrasar procesos administrativos y operativos.

- Se ofreció y recibió dinero para forjar conformidades de importación.

- Debido a la configuración más estricta de los presupuestos de divisas para importación en el Ministerio de Hacienda, empezaron a proliferar las empresas fantasmas, es decir, aquellas que no tenían cupo asignado o que lo tenían hasta determinado topo en dólares, pero según los avisos publicados por Recadi en la prensa, aparecían con conformidades aprobadas, que incluso excedían los cupos en divisas asignados.

- Se pagó y recibió dinero para reinscribirse en el registro de importadores.

- Comenzaron a proliferar las cuentas de funcionarios en el exterior, en dólares, producto de los manejos irregulares

- Se pagó o recibió dinero para provocar reuniones entre usuarios y autoridades de la oficina.

- Se siguió estimulando con dinero que se perdieran los papeles de la empresa competidora.

La última etapa de Recadi fue la que recientemente murió, a propósito de la unificación cambiaria: la que eliminó el pago al contado de las importaciones por el sistema de las cartas de crédito, pero manteniendo la relación entre los usuarios y la banca, con la incorporación de las empresas verificadoras, Caleb Brett, Bureau Veritas y Societé Généralé Surveillance.

Se le cambió de rango y de denominación a Recadi. Antes, el despacho tenía categoría de viceministerio y luego, se le reclasificó como una dirección General Sectorial que le podía reportar, incluso, el Viceministro de Hacienda. Y se comenzó a llamar Dirección General Sectorial de Autorización de Divisas para la Importación.

Debido a estas reformas y procedimientos, las propias compañías verificadoras se vieron obligadas a elaborar informes para cuantificar las << pillerías>> de fin de siglo, todas asociadas a provocar situaciones de sobrefacturación en las importaciones:

- Se mantiene el mismo cuadro referido en la etapa anterior.

- Retraso en la entrega por parte de importadores de los documentos finales, generando retardo en la emisión de los certificados de verificación, pero con la importación ya nacionalizada, inclusive.

- Discrepancias entre los documentos finales de las operaciones de importación.

- Conocimiento de embarques favorecidos: fechas falsas para cumplir con los plazos de vencimiento, tanto de la conformidad de importación como de la carta de crédito.

- Factura final presentada a la empresa verificadora distinta de la factura final presentada en la aduana, al nacionalizar la mercancía.

- Discrepancias en los documentos generados en la inspección de las empresas verificadoras: facturas de orden de compra no compatibles con las descripciones de las conformidades de importación.

- Dificultades para obtener la información adecuada y las explicaciones sobre los componentes del precio de las importaciones cuando éstos se han considerado, inicialmente, muy altos.

- Presiones sobre las compañías verificadoras para que acepten precios altos, alegando competencia.

- Cancelación de las órdenes de verificación en el transcurso del proceso de inspección, para intentar cambiar la compañía importadora.

A los métodos anteriores hay que agregar, naturalmente, las presiones de orden político, es decir, las instrucciones o las iniciativas individuales que provocaron un mayor empuje de la corrupción administrativa en la concesión de los dólares preferenciales, para beneficio propio o de terceros. También se hicieron continuas las llamadas desde Miraflores para detener proceso particulares. El Nacional, por cierto, fue víctima -y no la única- de semejante situación.