Frente a los solapados sellos autoritarios de algunos de los gobiernos de la región, es una tarea pendiente para el movimiento feminista afirmar su postura ético-política, a nivel discursivo y de cara a sus prácticas políticas, en el desarrollo de estrategias frente a los Estados,en la ampliación de derechos para las mujeres.

El siglo XX, que duda cabe, significó a nivel mundial, un tiempo de cambios sustanciales para las mujeres. Norberto Bobbio, coincide con otros, al considerar al feminismo como la única revolución con efecto de nuestros tiempos. Estas transformaciones visibles, que han tenido como horizonte utópico la bandera de la igualdad entre los sexos, se han desarrollado en y por la confluencia de un conjunto de factores y visiones de lo que diferentes actores venían entendiendo como desarrollo de la humanidad. En este contexto, las acciones de los movimientos feministas alrededor del mundo, se propusieron influir e intervenir de diferentes maneras en los cambios políticos, institucionales y culturales que se comenzaron a producir en los diferentes contextos locales, nacionales e internacionales.

Hablar sobre los derechos de las mujeres, no significa como es obvio, hablar solamente de los cambios legislativos, aún cuando pareciera que con frecuencia sobreenfatizamos esta relación, más en la práctica política que en el discurso académico naturalmente.

Por ello me interesaría en este artículo, más que detenerme en la lista de derechos reconocidos, llamar la atención sobre cierto tipo de vinculaciones, cuyo debate extraño y sobre las cuales considero resulta imprescindible seguir profundizando para orientar nuestras estrategias futuras.

La relación entre cambios legislativos y ejercicio de derechos: esta relación se inscribe en el interior de uno de los debates más interesantes del movimiento feminista, en relación a como enfrentar la maquinaria jurídico institucional para contribuir a eliminar o disminuir la subordinación y discriminación de las mujeres.

El examen de esta relación se ubica dentro de las llamadas estrategias de igualdad, y los límites que presenta aspirar a una igualdad de derechos dentro de un sistema que “no reconoce las disparidades del poder basadas en el género”1. Algunas españolas como Luce Irigaray señalan que:” hay que luchar por la igualdad de derechos con el fin de demostrar diferencias (…) Hombres y mujeres no son iguales, y la estrategia de la igualdad, cuando existe, debería suponer siempre el reconocimiento de las diferencias”2. Las feministas de la Librería de Mujeres de Milán señalan que: “las llamadas leyes de equiparación, como la de igual salario por igual trabajo, o la de acceso a las profesiones y cargos, son útiles para las mujeres (….). Pero cuando entra directamente en juego la diferencia sexual y el conflicto entre los sexos, como en el caso del aborto o de la violencia sexual, es necesario tener presente que la norma siempre es una figura secundaria, derivada, que sirve para medir lo que de hecho sucede en el cuerpo social. Al contrario de lo que algunas parecen creer, no habrá ley capaz de dar valor a la sexualidad femenina, si éste no le está reconocido socialmente”3.

Hasta aquí pareciera quedar claro que la estrategia de la igualdad jurídica es un recurso táctico, en el objetivo de equilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres al interior de las sociedades. Hilary Charlesworth, abogada australiana es tremendamente confrontadora cuando señala que: “un cierto número de investigadores e investigadoras feministas ha sostenido, en el contexto de las legislaciones nacionales, que las campañas a favor de los derechos de la mujer legalmente reconocidos son, en el mejor de los casos, un desperdicio de energía, y en el peor, decididamente dañinas para la mujer”4. En realidad tal como lo señala en el mismo ensayo, esta dura crítica es desarrollada también por el movimiento de Estudios Jurídicos Críticos, quienes sostienen que: “el recurso del lenguaje de los derechos puede embellecer retóricamente un argumento, pero brinda tan sólo una efímera ventaja polémica y con frecuencia oscurece la necesidad del cambio político y social. (…) Se dice que hablar de derechos hace parecer las estructuras sociales contingentes como permanentes, y menoscaba la posibilidad de su transformación radical: la única función consistente de los derechos ha sido proteger a los grupos más privilegiados de la sociedad”5

El discurso de los derechos, continúa Charlesworth, simplifica exageradamente las complejas relaciones de poder, y su promesa podría frustrarse, ante las desigualdades estructurales de poder (….). Los y las feministas han examinado la interpretación de derechos aparentemente diseñados para beneficiar a las mujeres hecha por tribunales nacionales, y han señalado su construcción típicamente androcéntrica.6

Sin embargo y a contracorriente de estas críticas, también se ha señalado que “debido a que en la mayoría de las sociedades las mujeres operan desde posiciones tan desventajosas, el discurso de los derechos permite un vocabulario reconocido para enmarcar las injusticias políticas y sociales. (…). Patricia Williams ha señalado que el discurso de los derechos “sigue siendo algo tan deliciosamente generador de poder. Es una señal y un regalo para el ser…..Es la varita mágica de la visibilidad y la invisibilidad, de la inclusión y la exclusión, del poder y el no poder”7

Hasta aquí, confirmando lo anterior, es decir que la lucha por obtener derechos al interior de los sistemas jurídicos, es un recurso táctico, quedan claras algunas otras cosas, por ejemplo, los límites del razonamiento jurídico para aprehender las complejas relaciones de poder al interior de una comunidad humana, las verdaderas dimensiones del mito de su capacidad transformadora, el riesgo de oscurecer la identificación y el impulso de los cambios políticos necesarios. Pero de otro lado, también reconocer su fuerza discursiva como una vía, quizás como una metodología de apropiación simbólica de ciertos saberes y poderes.

Este tipo de debates inacabados para la región, requieren de ser alimentados y confrontados permanentemente con evaluaciones concretas que nos den cuenta de nuestra actual situación. El reciente informe sobre Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra la Mujer y Paz en la región, preparado a propósito de la Reunión Regional de ONGS de América Latina y el Caribe hacia Beijing + 5, que se realizó en Lima en febrero último, señala que:

“los poderes públicos no han incorporado los derechos humanos de las mujeres de modo consistente, en todos los ámbitos, con las obligaciones y alcances que los instrumentos internacionales al respecto establecen, pese a que un número mayoritario de países en la región ha suscrito y ratificado tales instrumentos. Ello es particularmente crítico en el terreno de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos sexuales y reproductivos, y en materia de respuestas institucionales ante la situación de las mujeres bajo conflicto armado y post conflicto.

Denuncias motivadas en discriminación y violencia de género no son tramitadas por las instancias principales de administración de justicia ni concluyen en sentencias”. (....)

La pobreza y el desconocimiento de derechos agudizan el problema de acceso a la justicia por parte de las mujeres en la región. El abandono de protección institucional en el caso del espacio rural, es un problema que aqueja a un número importante de mujeres en los países andinos y centroamericanos. Las mujeres de pueblos indígenas encuentran especiales obstáculos en términos de protección jurídica e institucional de sus derechos”8. (....)

La contundencia de tales afirmaciones basadas en evaluaciones muy recientes de la gran mayoría de los países de la región, debe servirnos para debatir muy seriamente acerca del peso que le hemos venido otorgando a la pelea jurídico institucional, así como para la revisión y reorientación de nuestras estrategias.

La relación entre reconocimiento y ejercicio de derechos y democracia: desde mi punto de vista no existe propuesta política con mayor potencial transformador que la propuesta feminista. Los alcances de su interpretación y su lucha llegan hasta nuestras camas y son capaces de establecer un hilo conductor hasta las políticas más globales: un claro ejemplo es el de los derechos sexuales y reproductivos.

“La legitimidad política y ética de este movimiento proviene de su identificación con los principios de libertad e igualdad que están en la base de las democracias modernas. En consecuencia, es, por definición, un movimiento político antiautoritario y basado en el rechazo de toda forma de discriminación o exclusión. No puede estar por encima de las diferencias políticas, porque eso minaría su legitimidad ética y dejaría sin sentido sus postulados de base.”9 Frente a los solapados o descarados sellos autoritarios de algunos de los gobiernos de la región, es una tarea pendiente para el movimiento feminista afirmar su postura ético-política, no sólo a nivel discursivo, sino y fundamentalmente de cara a sus prácticas políticas en el desarrollo de estrategias frente a los Estados en la búsqueda de ampliación de derechos para las mujeres.

“Hasta qué punto la perspectiva de género puede y debe estar por encima de diferencias políticas e ideológicas?, ¿cuál es la relación entre la perspectiva de género, la democracia y el autoritarismo?, ¿hay que dar prioridad a que las mujeres tengan mayor acceso al poder, más allá de cómo y con qué estilo y posiciones?, ¿hay o no razones para simpatizar con el régimen político actual desde una perspectiva política?”, estas son preguntas que presiden a manera de introducción un conjunto de reflexiones solicitadas a algunas feministas peruanas, en una revista de debate político en mi país. Hechos como este ponen en evidencia algunos asuntos de primer orden como el tema de nuestra imagen pública, el de las alianzas internas, así como los niveles de interrelación con otras luchas, y su potenciación en la arena política.

La relación entre ejercicio de derechos y modelo económico: queda suficientemente demostrado hasta la fecha, que la aplicación de las políticas de ajuste estructural, como condición necesaria para la adaptación de este nuevo modelo económico, ha implicado una reducción de las condiciones y la calidad de vida de las grandes mayorías. De otro lado, y desde una perspectiva global, las brechas entre países desarrollados y los del tercer aumentan progresiva y escandalosamente. En un publicitado evento de carácter internacional que se realizó en Lima el año pasado y que llevó por título Hombres y Mujeres en el siglo XXI, en el panel que trabajó las relaciones entre globalización, género y desarrollo, el ponente Kim Boulduc señaló que a nivel mundial el 86% de la riqueza está concentrada en el 14% de la población, esto quiere decir entonces que el 86% de la población sólo posee el 14% de la riqueza. Como sabemos, si a estas cifras le aplicáramos una mirada de género, el resultado arrojaría un porcentaje mayor en niveles de exclusión y pobreza para las mujeres.

Es en este escenario en el que hemos participado y se han continuado las reformas normativas “favorables a las mujeres”. Una parte problemática de los resultados es que mientras se generalizaban leyes para hacer visible y normar la violencia contra las mujeres y nuestro movimiento invertía grandes esfuerzos en este proceso, se desmontaban progresivamente los sistemas de protección, especialmente en los asuntos vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales: la flexibilización laboral, la privatización de los servicios, entre otros, corrieron como procesos paralelos. Un dato aún más complicado y que no arroja un saldo positivo, es que en la legislación obtenida en esta materia prima como balance una visión de violencia intrafamiliar en detrimento de la del conflicto de género y su consecuente énfasis en la situación de subordinación y discriminación de las mujeres.

“Para nuestras democracias, resultó sencillo consagrar la igualdad ante la ley en el rango constitucional o suscribir tratados internacionales. La situación cambia cuando se trata de igual derecho a la libertad y derecho a una igual libertad. El debate acerca del aborto es un ejemplo en el que la igualdad encuentra su límite en el ejercicio de la libertad. Los derechos sexuales y reproductivos, y en particular, la despenalización del aborto siguen siendo temas tabú. En estas cuestiones la clase política responde atemorizada ante la cruzada de la Iglesia o de las políticas del Vaticano. Mientras tanto, cientos de mujeres mueren por causa materna”10. Sin dejar de reconocer la importancia de algunas reformas normativas y sus efectos concretos, así como el indudable potencial simbólico de la ley y su impacto en la cultura, lo que cabría preguntarse es a quienes ha venido favoreciendo real y concretamente estas modificaciones, a la vez que, si estos cambios normativos, así como la ampliación de las burocracias estatales con membrete de género, apuntan a fortalecer los intereses estratégicos de las mujeres, (¿de qué mujeres?), o si más bien se trata fundamentalmente de modificaciones cosméticas o funcionales a este megaproyecto económico.

“ Todo parecería indicar que en América Latina la agenda de género en el Estado tiene escollos estructurales que residen de modo importante en las dificultades de construir gobiernos democráticos. La facilidad de muchas instancias gubernamentales de perderse en lo menudo y el estilo de las élites políticas de fijar límites a los movimientos de mujeres reduciendo el campo de negociación a cambios formales o puntuales (léase posibles), es reflejo de una participación feminista precaria en las esferas del poder y expresión de que en los movimientos de mujeres se ha bajado la guardia en materia de fortalecimiento de la sociedad civil. Los resquicios que los estados puedan presentar para desarrollar la agenda de género, más que oportunidades abiertas para emprender procesos democratizadores, parecen descuidos localizados y manejables mientras las políticas públicas centrales permanecen produciendo daños, riesgos y desventajas para mujeres, sin mucha resistencia”11.

Dos años después, el informe de las ongs de la región para el proceso de Beijing + 5 citado anteriormente concluye que las: “políticas de ajuste e implantación de ortodoxia neo-liberal, han profundizado riesgos y desventajas para amplios sectores de la población femenina. El impacto ha sido particularmente crítico sobre aquellas en quienes coinciden otras discriminaciones o situaciones de vulnerabilidad”12. Resulta entonces imperativo profundizar el debate en torno a los contenidos de nuestra agenda, entendida no como una lista de temas o preocupaciones, sino como la generación de los consensos básicos para la acción política, desde un análisis e interpretación común del escenario en el que nos estamos moviendo, así como de las orientaciones estratégicas para acercarnos a las metas que temporalmente acordemos. La revisión de actores y alianzas es una etapa ineludible. La potencia de un movimiento requiere de esta tarea, así como asumir el difícil reto de articular las diferentes agendas de las mujeres, en países en donde las diversidades étnicas, raciales, culturales y socio-económicas entre otras, nos colocan en posiciones muy distintas. La transversalidad del enfoque de género es una herramienta necesaria pero no suficiente.

La relación entre universalidad de derechos y reconocimiento de las diferencias: esta es a mi juicio una de las grandes deudas que tenemos las feministas en la región, pues el tema del reconocimiento de las diversidades es señalado discursivamente hasta la saciedad, sin embargo la concreción de este reconocimiento en práctica política no ha corrido necesariamente la misma suerte. El terreno de los derechos y las experiencias de formulación normativa son ilustrativos: tienen un sesgo básicamente urbano, no suelen sustentarse en diagnósticos de alcance nacional, los procesos de debate y articulación de propuestas son muy débiles y coyunturales, y me temo que seguimos corriendo el riesgo de reproducir posturas que criticamos.

“....estoy intentando llamar la atención sobre los efectos similares de diversas estrategias textuales utilizadas por escritoras que codifican a los otros como no occidentales y, por tanto, implícitamente se codifican a sí mismas como occidentales. (....) Se pueden esgrimir argumentos similares en relación a las académicas africanas o asiáticas de clase media urbana que producen conocimientos sobre sus hermanas campesinas u obreras, y que asumen que su propia cultura de clase media es la norma, y codifican las historias y culturas de los trabajadores, como pertenecientes a Otro. De esta manera, si bien este ensayo enfoca específicamente lo que denomino discurso “feminista occidental” sobre las mujeres del tercer mundo, la crítica que pongo a consideración también abarca a las académicas del tercer mundo que escriben sobre sus propias culturas y que emplean idénticas estrategias analíticas.

El saber feminista occidental no puede evadir el desafío de ver dónde está ubicado y analizar su propio rol en esta estructura global económica y política. Si hiciera menos que eso ignoraría las complejas interconexiones entre las economías del primer y tercer mundo, y el profundo efecto que ellas tienen en las vidas de las mujeres de todos los países”13.

La tensión entre universalidad y diversidad cultural es un asunto de enormes proporciones y presenta diferentes retos de primer orden, tanto a nivel conceptual como fáctico. El dato llamativo y que ya no podemos pasar por alto es que una región como la nuestra atravesada por tantas contradicciones y diversidades, requiere con verdadera urgencia de un feminismo que de prioridad a cómo enfrentar políticamente el tema, y en particular para el caso de la formulación, reconocimiento y ejercicio de derechos, proponga y elabore lineamientos para la actuación concreta frente al tema. Es quizás esta dimensión la que podría poner en jaque la relevancia de los logros e impactos de la apuesta jurídico institucional, y tal vez precisamente por ello es que tenemos tantas dificultades para enfrentarlo y debatirlo con la profundidad y seriedad que requiere. De otro lado, no deja de ser llamativo, que a pesar de ser tan importante este asunto en nuestra región, no contemos ni remotamente con la misma calidad ni cantidad de producción intelectual, tampoco en términos de orientaciones estratégicas para la acción política, respecto de aquellos temas que no son considerados suficientemente relevantes para las sociedades del primer mundo.

Me gustaría terminar compartiendo con ustedes, extractos de algunas reflexiones desarrolladas por feministas sobre nuestro pasado mirando al futuro y que recojo de este especial de fempress que me gusta mucho y que han titulado Feminismos Fin de Siglo. Tienen algo de nostalgia, también de madurez, pero sobre todo de esa rebeldía que interroga bien y que nos mantiene vivas.

“Una vanguardia siempre es una reacción puntual y coyuntural contra posturas fijas establecidas que una vez aniquiladas o neutralizadas, o suponiéndolas neutralizadas, despoja a la vanguardia de su objetivo propio. (…) Tendencia hacia adelante en un solo sentido versus tendencia en telaraña de una espiral. Esto caracterizó al movimiento feminista en sus comienzos, sin embargo parece haber descendido de su conciencia vigilante que se extendía a todos los sistemas, suprasistemática, cayendo paulatinamente en un sistema que excluye a los demás. Este descenso necesario que permitió por ejemplo, la transformación paulatina del sistema de derecho burgués, ha quedado sin embargo anclado, congelado allí, en puntos coyunturales que intenta solucionar sin poder retomar vuelo y tomar una mirada más panorámica para ver y accionar sobre otros problemas, o sobre los mismos problemas que mutan sin desaparecer”14.

”Es cierto que hoy se ha perdido, o casi, el significado del feminismo, pero no porque pertenezca al pasado. Más bien corre el riesgo de perderse. Y esto porque no se ha “ganado” verdaderamente. Las mujeres con el feminismo individual y conjuntamente, han ganado mucho. Hemos ganado autonomía del mundo masculino, entramos en una red de relaciones y nos volvimos más conscientes de nosotras y más inteligentes con relación al mundo.

Sin embargo, el feminismo no se ha transformado en algo memorable: algo que se recuerda porque está inscrito entre las cosas irrenunciables. (…) Tanto es así que el feminismo, en el lenguaje común, sigue teniendo un significado caricaturesco, (…) o bien se pierde en una serie de significados parciales y sustancialmente infieles, como emancipación, equidad, derechos, poder… (…) El feminismo que, a partir de nuestra experiencia personal, no se traduce en palabras originales, capaces de dar sentido de libertad a nuestro ser mujeres/hombres, corre el riesgo de ser traducido según la lógica y los intereses de los poderes dominantes.”15

Lima, marzo de 2000.