El tema de esta conferencia es la participación de la Iglesia Católica en la elaboración de políticas públicas, particularmente políticas que afectan el género, la sexualidad y la salud reproductiva . Un problema complejo en la elaboración de leyes y políticas públicas es determinar con precisión el papel que tienen las instituciones religiosas en ese proceso. La Iglesia Católica, en particular, desarrolla una actividad política a nivel nacional e internacional que busca preservar una concepción religiosa del género, la sexualidad y la reproducción, ampliamente rechazada desde hace mucho tiempo. Señalemos que los principios católicos traducidos a políticas públicas no afectan únicamente a los católicos y a las católicas. Toda la ciudadanía está sujeta a las leyes.

Esta conferencia aborda esos temas con la mirada puesta en la participación de la Iglesia Católica en foros de políticas públicas nacionales e internacionales. Me propongo ofrecer a quienes elaboran políticas públicas, algunas pautas para evaluar posiciones basadas en principios religiosos. Por último, presentaré algunas ideas sobre las diferencias de opinión entre la feligresía católica y los representantes oficiales de la Iglesia Católica.

Se preguntarán por qué debemos interesarnos en el punto de vista de la Iglesia Católica sobre temas de políticas públicas. Después de todo, la Iglesia es una institución religiosa y uno de los principios de una sociedad democrática es la libertad religiosa. En este contexto la Iglesia tiene derecho a exponer sus puntos de vista, sus valores y principios. En la comunidad católica estos puntos de vista y valores se toman con gran seriedad. Pero ¿qué papel juegan estas posiciones en las vidas de quienes no son católicos o católicas o en la vida política de un país?

Qué pasó en las Conferencias Internacionales

Desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995), ha quedado claro por qué el punto de vista del establishment católico afecta tanto a las personas católicas como a quienes no lo son. En esas conferencias, quizás por primera vez en el siglo XX, la Iglesia, en tanto Estado, se reveló como un actor político en asuntos de trascendencia nacional e internacional. Los temas en discusión eran los derechos de las mujeres, la sexualidad, la salud reproductiva y las políticas de población y El Vaticano, junto con musulmanes conservadores y la Derecha Cristiana, se sintieron con nuevas energías al tener la esperanza de poder conservar ideas sobre el género, la sexualidad y la reproducción, basadas en principios religiosos y ampliamente rechazadas.

De dogmas religiosos a políticas públicas

Estas ideas, sobretodo cuando se transforman en políticas públicas y dejan de ser dogmas religiosos, han sido perjudiciales para el bienestar de las mujeres, las familias, las comunidades y el planeta. Limitan los derechos de las mujeres en la toma de decisiones morales sobre sus vidas. Después de todo, cuando la Iglesia Católica plantea su posición sobre medidas de política pública y se opone al uso de anticonceptivos, niega anticonceptivos de emergencia a mujeres que han sido violadas y buscan servicios en hospitales católicos, trabaja para que el aborto sea criminalizado o hacer que sea inalcanzable, impide que haya programas de educación sexual en las escuelas públicas, o rehusa ofrecer información sobre condones como una medida preventiva contra la transmisión del VIH/SIDA-- y sus ideas se transforman en políticas públicas, no solamente resultan afectadas o afectados sus feligreses si no toda la población. Todas las mujeres, todos los hombres, todas las niñas y todos los niños tienen que aceptar las nuevas leyes.

Caso Polonia

Veamos el ejemplo de Polonia, quizás la ilustración más dolorosa de las consecuencias que la posición de la Iglesia puede tener en las vidas de las mujeres y en el ámbito familiar. Las polacas y los polacos que en algún momento vieron a la Iglesia como una fuerza democratizadora, dicen ahora: "hemos cambiado una dictadura roja por una negra". El aborto es ilegal y la disponibilidad de anticonceptivos está restringida. En Polonia se pide a las mujeres que tengan más criaturas y al mismo tiempo se eliminan las guarderías, con el visto bueno de la Iglesia. El Papa ha puesto en marcha una organización no gubernamental llamada Farmacéuticos por la Vida. Los farmacéuticos que se oponen al uso de anticonceptivos recorren el país, compran los pocos condones que hay y los destruyen. También se organizan para oponerse a los anticonceptivos de emergencia y a los servicios para la juventud.

La Iglesia ha demostrado una gran habilidad para influir sobre las políticas públicas de ayuda al desarrollo. En la mayoría de los países hay una agencia de la Iglesia que trabaja internacionalmente para ofrecer ayuda humanitaria y asistencia para el desarrollo. Por lo general, estas agencias tienen subsidios gubernamentales. En los Estados Unidos, por ejemplo, Catholic Relief Services, que tiene un presupuesto anual de 290 millones de dólares, recibe cerca de un 77 por ciento de sus recursos del gobierno norteamericano. ¿Es esta una agencia católica o una agencia del gobierno norteamericano? La calidad de la asistencia ofrecida por las agencias católicas es ampliamente reconocida; hacen muy bien su trabajo, están de acuerdo con el empoderamiento y a menudo están al frente de los programas de ayuda humanitaria, el suministro de comida, de alojamiento y de servicios sanitarios en el mundo entero. Sin embargo, cuando se trata de los derechos de las mujeres, en particular de los derechos de salud reproductiva, esas agencias simplemente no implementan las políticas gubernamentales que requieren que sus beneficiarios tengan acceso a la planificación familiar y ejerzan el derecho humano de tomar sus propias decisiones sobre el número de criaturas que desean y cuándo quieren tenerlas.

¿Debe prohibirse la participación de la Iglesia Católica?

Todo lo dicho anteriormente no significa que debe prohibirse la participación de la Iglesia Católica o de cualquier otra institución religiosa en la vida pública de una nación, o restringir la expresión de sus valores o limitar sus esfuerzos para influir sobre políticas públicas. Las voces religiosas deben oirse en todos los debates. Las religiones, todas las religiones, tienen mucho que ofrecer en la elaboración de políticas que tratan de valores. Yo personalmente le doy la bienvenida a los obispos y a los y las feligreses. Pero es responsabilidad de las parlamentarias y los parlamentarios, y de todas las personas que elaboran políticas públicas, evaluar las posiciones que propone la Iglesia, de la misma manera que evalúan las posiciones de otras ONG, tales como los grupos prochoice, los de mujeres o los que se ocupan del medio ambiente.

Pero las autoridades eclesiásticas tienen dificultades en aceptar esto. El principio de la separación de la iglesia y el Estado es muy reciente. Hace apenas treinta años que se aceptó con la "Declaración sobre la libertad religiosa" del Concilio Vaticano Segundo. Pero durante más de 17 siglos de la conversión de Constantino a 1966 imperó la creencia que la ley civil debe adecuarse a las enseñanzas morales de la Iglesia. Por lo tanto, es comprensible que los dirigentes eclesiásticos tiendan a creer que todavía ocupan un lugar sagrado en el proceso político. Pero es menos comprensible que los dirigentes políticos les concedan ese espacio y los traten como interlocutores privilegiados.

Cuatro criterios para evaluar políticas públicas

¿Cómo pueden evitar esto las legisladoras y los legisladores? Quisiera sugerir cuatro criterios para la evaluación de posiciones en políticas públicas, sean presentadas por grupos religiosos o de cualquier otra clase.

El primer criterio es ésta pregunta: ¿a quién representa el grupo, qué sector social representa? ¿Está de acuerdo con el grupo en este tema? La lectura imparcial de encuestas demuestra que hay católicos y católicas que no están de acuerdo con las posiciones que tienen los obispos sobre población y salud reproductiva. Se estima por ejemplo que en el Brasil, cada año, por lo menos un millón y medio de mujeres tiene abortos clandestinos. Obviamente, estas mujeres, la mayoría de las cuales son católicas, no están de acuerdo con los obispos que afirman que el aborto está siempre equivocado, desde el punto de vista moral y debe ser ilegal. Su desacuerdo es tan fuerte que arriesgan su salud y sus vidas en abortos que consideran necesarios.

Cerca del 70 por ciento de la población católica mexicana cree que se puede ser "buen cristiano o buena cristiana" y estar en desacuerdo con la Iglesia en materia de aborto. En Polonia, el 66 por ciento de las católicas y los católicos opinan que el aborto debe ser legal en su país. En los Estados Unidos, las encuestas indican de manera uniforme que solamente entre el 10 y el 15 por ciento de la población católica cree que el aborto debe ser ilegal en todas las circunstancias. Allí donde los anticonceptivos son accesibles, las católicas y los católicos los usan aproximadamente tanto como aquellas personas que no lo son. La abstinencia periódica el único método de control natal permitido por el Vaticano no tiene mucha aceptación: menos del 5 por ciento la usa en el mundo entero.

Hay un estudio en los Estados Unidos que demuestra que una gran mayoría católica está a favor de la ayuda internacional en materia de planificación familiar. En el tan debatido tema del financiamiento público del aborto, los católicos y las católicas están ligeramente más a favor que el resto de la población. Es posible explicar esto por el profundo compromiso de la población católica con la Teología de la Liberación, en particular con el principio de la "opción preferencial" por las poblaciones más pobres y marginadas. También demuestra el deseo de que las mujeres pobres sean tratadas de la misma manera que las que tienen recursos. Estos ejemplos dan idea de hasta qué punto los obispos no representan a las personas que dicen representar cuando buscar una legislación que limite el aborto o la planificación familiar. El segundo criterio que se podría adoptar es el siguiente: ¿Son honestos esos grupos? ¿Presentan datos exactos y válidos? La norteamericana Ruth Macklin, una especialista en ética, dice que la buena ética comienza con los buenos datos. Hay que examinar lo que los obispos afirman sobre varios aspectos de las políticas públicas y ponderar si lo que dicen es realmente cierto. Por ejemplo, cuando presentan argumentos contra los programas de prevención del SIDA que incluyen información sobre el uso de condones, los obispos católicos han asegurado que los condones no previenen la transmisión del VIH. Algunos han ido más lejos y han declarado que los condones causan el SIDA y dan la falsa seguridad de una protección total.

Más alarmantes todavía son las posiciones que adoptó el Vaticano tanto en la conferencia de El Cairo como en la de Beijing. Sus afirmaciones reflejaban una inexcusable falta de honestidad. Por ejemplo, en la Conferencia de El Cairo los obispos recalcaron que el documento final obligaba a las mujeres a aceptar la esterilización, cuando en realidad ni siquiera se menciona la esterilización en el documento. En cuanto al texto adoptado en Beijing, el Vaticano afirmó una y otra vez que como la palabra "madre" no se mencionaba ni siquiera una vez , era un documento anti-familia. No sólo se menciona la palabra "madre"en la declaración de Beijing sino que se habla de la maternidad y se la ensalza de muchas formas.

El tercer criterio que necesitamos aplicar es nuestro compromiso con el bien común, es decir, no el beneficio de un grupo o de una religión en particular. ¿Las propuestas de políticas públicas respetan los derechos de todas y todos en la sociedad? ¿Respetan también otras religiones, el pluralismo y la tolerancia? No hay duda de que la Iglesia Católica es la religión con la posición más extrema con respecto a los anticonceptivos, la esterilización y el aborto. Casi todas las religiones han llegado a entender que la planificación familiar y los anticonceptivos son elementos importantes para el ejercicio de la responsabilidad en una pareja. La Iglesia Católica ni siquiera permite el uso de la anticonceptivos a las parejas católicas casadas o que han tenido una relación monogámica de por vida.

En la medida en que la Iglesia ha aceptado la separación de la Iglesia y el Estado y la obligación de no promover leyes que puedan imponer límites en las prácticas de personas que tienen otras religiones o no las tienen, va en contra de sus propias enseñanzas cuando defiende posiciones sobre planificación familiar que podrían limitar la libertad de poblaciones anglicanas, hindúes, budistas y musulmanas. El Islam ha sido caracterizado como una de las religiones más conservadoras y sin embargo tiene una actitud abierta ante la planificación familiar y el uso de anticonceptivos. Una legisladora o un legislador que abogara por leyes que impusieran limites al ejercicio de estas religiones, transformando en ley el punto de vista de la Iglesia Católica, violaría fundamentalmente lo que entendemos por tolerancia.

El último criterio es utilitario. ¿Será viable la posición del grupo? ¿Se acabarán los abortos si son declarados ilegales? ¿Las mujeres no abortan en países donde el aborto es ilegal? Allí donde no hay control de la natalidad, salvo con planificación familiar natural, ¿las parejas pueden tener y cuidar el número de criaturas que quieren? Para mucha gente católica, inclusive políticos, la posición de la Iglesia en el sentido de que el aborto debe ser siempre rechazado desde el punto de vista moral es aceptable, pero en la medida en que elaboran políticas públicas creen sinceramente que el mejor medio de reducir los abortos no es declararlos ilegales, sino más bien facilitar una infraestructura económica y social que permita a las personas cuidar de las criaturas que tienen. Y quieren también ampliar la disponibilidad de un amplio espectro de métodos anticonceptivos.

Si quienes elaboran políticas públicas aplican estos cuatro criterios cuando examinan las posiciones que las autoridades eclesiásticas adoptan en cuestiones de género, sexualidad y salud reproductiva, tendrán que rechazar sus planteos.

¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica en relación al aborto?

No se trata de que las personas que elaboran políticas públicas se conviertan en teólogas o teólogos. Pero no puedo dejar de mencionar que dentro de la Iglesia Católica muchas teólogas y teólogos han criticado la falta de sutileza de las autoridades eclesiásticas al tergiversar la historia de su posición sobre el aborto. Muchas son las personas que creen que la Iglesia Católica ha declarado de forma definitiva y dogmática, que el feto es persona desde el momento de la concepción, o que tener un aborto es cometer un asesinato y que el aborto nunca puede permitirse, ni siquiera para salvar la vida de una mujer. Sin embargo, en la "Declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el aborto provocado", un documento publicado en 1974, el Vaticano admite que no sabe cuándo se convierte en persona el feto, y lo hace con la misma honestidad que cualquiera de nosotros en este salón puede hacerlo. Quienes nos colocamos en lo que yo llamaría la tradición liberal o liberadora del catolicismo, decimos que mientras no lo sepamos y la Iglesia no pueda hablarnos sobre los hechos de forma definitiva, las personas quedan libres de actuar según su conciencia y de tomar sus propias decisiones en los problemas que necesitan resolver. Esta posición es atacada por la nueva ortodoxia derechista de la Iglesia, que básicamente afirma que la conciencia no es aplicable, a menos que se esté de acuerdo con la posición de la jerarquía. Este punto de vista demuestra falta de respeto hacia nuestra capacidad individual de actuar según nuestra conciencia. Dice que las personas que actúan según su conciencia se comportan como si estuvieran en una cafetería y no como Dios lo quiere. Las personas que como yo nos declaramos católicas liberales respondemos que Dios quiere que usemos la inteligencia que nos dio y que también desea que respetemos nuestra capacidad de tomar decisiones morales.

Capacidad de las mujeres para tomar decisiones morales

La Iglesia rehusa confiar en nuestra capacidad como mujeres para tomar buenas decisiones morales. Creo que si miramos la historia del mundo, vemos que las mujeres han dado a luz en las circunstancias más terribles y horrorosas y han cuidado de sus criaturas de la mejor manera que han podido, en el abandono, en la pobreza o en todas las circunstancias imaginables. El hecho de que las autoridades de mi Iglesia no pueden admitir y confiar en que las mujeres son capaces de tomar buenas decisiones sobre cuestiones de planificación familiar, esterilización y aborto, habla de la importancia del patriarcado en el catolicismo. Un patriarcado que no solamente busca controlar a las mujeres, sino también acabar con todo debate y diálogo sobre esas cuestiones. Un patriarcado que afirma que esos temas han sido resueltos para siempre y que no deberíamos perder el tiempo en hablar de ellos porque ya se nos ha dicho lo que hay que pensar.

Un gran mayoría del mundo católico no puede aceptar esto. Tampoco es la mejor manera de elaborar políticas públicas.