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El
“Doble Discurso” sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos en América Latina:
el Abismo entre las Políticas Públicas y los Actos Privados
(Publicado originalmente en inglés en Health and Human Rights, Vol. 4, # 2, con el título de “The Double Discourse on Sexual and Reproductive
Rights in Latin America: The Chasm between Public Policy and Private Actions”. Marzo 2000.)
Bonnie Shepard es investigadora visitante en el
Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de
Harvard. Si desea enviarle correspondencia, por favor diríjala a: Bonnie
Shepard, David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard
University, 61 Kirkland Street, Cambridge, MA 02138, USA; o bien a
Bonnie_Shepard@alumni.ksg.harvard.edu.
Resumen
Este artículo examina hasta
qué punto las controversias en el campo de las políticas en América Latina
afectan la capacidad de las personas para ejercer sus derechos sexuales y
reproductivos. El documento sostiene que las diferentes sociedades acomodan sus
puntos de vista antagónicos sobre sexualidad y reproducción, valiéndose de un
“sistema de doble discurso”. Se trata de un sistema que, por un lado, defiende
las políticas públicas represivas o negligentes, al mismo tiempo que, por el
otro, tolera los mecanismos no oficiales– y a menudo ilegales –que hacen
posible que en el ámbito privado las personas accedan a opciones más amplias
respeto de su vida sexual y reproductiva. Se destacan principalmente los casos
sobre el divorcio en Chile, y sobre el aborto en Colombia y Chile. A través de
estos ejemplos, se ilustra cómo opera en la práctica esta brecha entre el
discurso público y los actos privados, y se deja muy en claro quiénes se ven
más perjudicados por el sistema. El artículo finaliza con un análisis acerca
del modo en que el sistema repercute en las estrategias y acciones dirigidas a
promover los derechos sexuales y reproductivos en el continente (advocacy). *N
de T
En la actualidad, el ámbito político internacional se caracteriza por
marcadas contradicciones valóricas con respecto a la sexualidad y la
reproducción. Este artículo analiza de qué manera en América Latina estas
contradicciones afectan la capacidad de las personas para ejercer sus derechos
sexuales y reproductivos. Con tal propósito, se exponen ejemplos de varios
países, especialmente de Chile. El documento no pretende ofrecer un panorama
completo de todos los abusos que se cometen en la región con respecto a estos
derechos, sino más bien se centra en analizar las dinámicas sociales y
políticas que influyen en esta contienda por los derechos sexuales y
reproductivos. El artículo muestra cómo las sociedades acomodan sus puntos de
vista discordantes sobre sexualidad y reproducción a través de un “sistema de
doble discurso”, el que mantiene el statu quo de las políticas públicas
represivas o negligentes, al mismo tiempo que en el ámbito privado ofrece tras
bambalinas la posibilidad de ampliar las opciones sexuales y reproductivas. A
través de dos ejemplos claros —la legislación sobre el divorcio en Chile y el advocacy del aborto en Colombia y Chile—
se destaca cómo opera en la práctica esta brecha entre el discurso público y
los actos privados, y muestra quiénes sufren las consecuencias más nefastas.
En América Latina y en el resto del
mundo, los gobiernos han llegado a un consenso general con respecto a los
principios que definen los derechos reproductivos en el Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en
Cairo el año 1994:
*(N
de T) Nota de la Traducción: al hablar de "advocacy", nos referimos
al término en inglés que alude a la promoción, protección y defensa de los
derechos sexuales y reproductivos. Dado que en América Latina el término
"advocacy" es ampliamente usado, seguiremos empleando a través del
texto el vocablo en inglés.
. . . el derecho fundamental
de todas las parejas y personas a decidir libre y responsablemente el número de
hijos/as que desean tener, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo
entre éstos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para
poder hacerlo. Implica asimismo el derecho a alcanzar el nivel más elevado de
salud sexual y reproductiva. El concepto de derechos reproductivos también
incluye el derecho [de las personas y de las parejas] a tomar decisiones
relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coerción o violencia, de
conformidad con lo establecido en los documentos sobre derechos humanos[1].
Al igual de lo que sucede en otras partes
del mundo, en América Latina existe un fuerte debate acerca de las implicancias
concretas de estos principios de consenso. El debate está presente en todos los
niveles, desde la familia hasta el gobierno central. ¿Se extienden estos
derechos a los adolescentes? Vale decir, al referirnos a “parejas y personas”,
¿estamos hablando también de los adolescentes? † (N de T)
En las últimas reuniones de las NU sobre
Cairo + 5, muchas delegaciones han
argumentado que los derechos de los padres dejan sin efecto los derechos de los
adolescentes. Si las mujeres tienen el derecho a decidir libremente el número y
espaciamiento de sus hijos, ¿significa ello también que tienen el derecho a
recibir servicios de aborto seguros y libres de riesgo? Ciertamente que este último
es el aspecto más polémico y al que más publicidad se le ha dado en el debate
sobre los derechos reproductivos. Tanto es así, que es muy frecuente que para la
opinión pública el término “derechos reproductivos” se limite al asunto del
aborto. Y por último, el término “derechos sexuales” nunca ha logrado abrirse
paso y quedar plasmado en algún documento emanado de una conferencia o
convención internacional. Para los propósitos de este artículo, los derechos
sexuales incluyen el derecho a la salud sexual, “cuyo objetivo es el desarrollo
de la vida y de las relaciones personales, y no . . . la mera atención en los
aspectos reproductivos o de ETS”. (Programa de Acción, CIPD, 7.3). Los derechos
sexuales implican además que las
personas “puedan ejercer control sobre su sexualidad y decidir
libremente en materias relacionadas con este aspecto de sus vidas, sin sufrir
coerción, discriminación o violencia”, siempre y cuando sus conductas sexuales
no provoquen daño a otras personas[2].
También es necesario destacar que, aun cuando parece haberse logrado cierto
consenso con respecto a que la violencia y la coerción sexuales constituyen
violaciones a los derechos humanos básicos, muchos grupos conservadores todavía
se resisten a aceptar el término “derechos sexuales”, por el temor de que
hacerlo incida en que se reconozca también como derecho la libertad de las
personas a tener una determinada orientación sexual.
Derechos
Sexuales y Reproductivos en América Latina: Políticas Represivas en el Ámbito
Público versus Opciones Ampliadas en el Ámbito Privado
En todo el mundo, el clima
político que rodea a los derechos sexuales y reproductivos se caracteriza por
un marcado aumento del fundamentalismo religioso, por un lado, y una
globalización cultural, por el otro. Esta discrepancia ha exacerbado las
divisiones políticas y culturales que ya existían desde antes. En América
Latina, la mayoría de las personas se identifican a sí mismas como católicos
romanos, siendo que es la Iglesia la principal fuerza que se opone al completo
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Tal como sucede en los
países europeos de tradición católica y entre los católicos de los Estados
Unidos, la mayoría de los estudios revela que, en la práctica, los católicos de
América Latina no se ciñen a las enseñanzas oficiales de la Iglesia respecto de
la regulación de la fecundidad y del aborto[3].
El progresivo aumento de la fuerza de los sectores conservadores en los últimos
veinte años ha generado una creciente rigidez en las posiciones de la Iglesia
con respecto a estos temas, y ha llevado a reprimir cada vez con mayor vigor
las opiniones disidentes dentro de las instituciones católicas[4].
Si bien la opinión pública en general no está enterada de los conductos que
utiliza la jerarquía católica romana para ejercer su influencia política, los
resultados evidentes son las políticas que niegan los derechos sexuales y
reproductivos, políticas que parecen afianzarse cada vez y con más fuerza en un
clima político polarizado.
¿Cómo logran los países latinoamericanos
conciliar las profundas divisiones en la opinión pública respecto de estos
temas con la apremiante necesidad de las personas y de las parejas de poder
decidir libremente sobre su vida sexual y reproductiva? En muchas culturas
existen válvulas de escape que permiten que las personas se acomoden a las
políticas represivas, transgrediéndolas a nivel privado sin que se alteren las
normas legales o religiosas oficiales. Además, al existir estas válvulas de
escape, las clases sociales media y alta no sufren las consecuencias de las
leyes represivas, lo que ayuda a contrarrestar el descontento de las elites
frente a estas leyes y a debilitar la voluntad política y social para impulsar
un cambio legislativo.
Este tipo de brecha entre
las posturas públicas y los actos privados también opera en el marco de las
personas. En un libro publicado recientemente, Rosalind Petchesky analiza las
estrategias que las mujeres utilizan en el ámbito privado para expandir sus
opciones reproductivas:
Sin
embargo, a medida que avanzábamos en nuestra investigación en terreno, pudimos
darnos cuenta que era poco frecuente que las mujeres adoptaran uno de los dos
extremos: el de una oposición explícita y el de una acomodación pasiva. Por el
contrario, a fin de lograr cierto de grado de autonomía y de mantener al mismo
tiempo su sitial dentro de la familia y de la comunidad, nuestras entrevistadas
recurrían a estrategias sexuales y reproductivas complejas y sutiles. . . . Una
mujer puede sentir que no hay ninguna contradicción entre transgredir una norma
y al mismo tiempo defenderla en su discurso.. Y efectivamente, mediante
acomodos y sin tener que recurrir a una conducta de confrontación, sino más
bien a una conciliadora, muchas veces las personas logran satisfacer sus deseos
íntimos y su sentido de justicia[5].
Y es así como un tema recurrente en
América Latina y del que la autora se ha interiorizado bien en Colombia, Perú,
Chile y Argentina, es el del “doble discurso”[6].
En general, este término se aplica a las personas y se entiende por él el arte
de acomodarse a las normas socioculturales tradicionales y represivas en el
marco de la vida pública, mientras que en la vida privada es frecuente que se
haga caso omiso a dichas normas o incluso se transgredan. En este artículo, hemos
ampliado el uso del término “doble discurso” para englobar a todo un sistema
político y cultural, y no sólo un conjunto de individuos que “pecan” en
privado. Gracias a que el doble discurso opera en forma generalizada, en la
mayoría de los países latinoamericanos se dispone de más opciones sexuales y
reproductivas de las que habría si se toman en cuenta las políticas oficiales.
En el centro de este sistema habita el abismo entre el discurso público, que
defiende los preceptos religiosos tradicionales que restringen las opciones
individuales, y los discursos privados no oficiales, que sólo se expresan en
conversaciones privadas, en monólogos interiores y frente a los confesionarios. Son estos discursos privados los
que dan la oportunidad de explicar qué circunstancias motivaron la transgresión
o permiten pedir perdón por haberla cometido. Los discursos privados se
complementan a su vez con mecanismos sociales y políticos: leyes e
interpretaciones de las leyes que hacen posible la existencia de válvulas de escape, prácticas generalizadas, servicios
clandestinos y otros mecanismos– que en
su conjunto son los que permiten contar con alternativas más amplias. En
consecuencia, como características principales del sistema de doble discurso
hay que mencionar que:
¨ Por motivos históricos y políticos, la
jerarquía de una religión hegemónica ha llegado a ejercer considerable
influencia sobre las políticas de estado, logrando así que los códigos morales
de la religión influyan sobre las normas legales. De esta forma, la distinción
entre inmoralidad y criminalidad se torna borrosa.
¨ Adhiriendo a una determinada doctrina
religiosa, el discurso y las políticas oficiales defienden la existencia de
normas fuertemente restrictivas que violan los derechos sexuales y reproductivos
de las personas. Estas normas están revestidas de un carácter sagrado e
inviolable.
¨ Propiciar cambios de una norma diferente
a la sagrada, siempre trae ciertos costos políticos. Las autoridades públicas y
las organizaciones civiles se ven atacadas cuando defienden públicamente la
legitimidad de algún derecho sexual o reproductivo, o cuando intentan reformar
las políticas. Reconocer públicamente que la ley es ampliamente violada (como
en el caso del aborto) o que se usan artilugios legales que echan por tierra la
intención de la ley (como en el caso de las nulidades matrimoniales) puede o no
traer consigo costos políticos.
¨ Las prácticas que transgreden las
normas, como también los mecanismos sociales y políticos que hacen posibles que
dichas transgresiones existan, están ampliamente difundidas. Estos mecanismos
pasan a constituir una válvula de escape que amplía las opciones sexuales y
reproductiva de las personas, pero dado a que son improvisados, ilegales y no
oficiales, no garantizan de que se pueda
acceder a estas opciones en forma continua y segura (en el caso de los
servicios). Por lo tanto, tampoco está garantizado el respeto y la protección
de los derechos fundamentales de las personas.
¨ Las consecuencias más nefastas de las
políticas restrictivas recaen en los sectores de menores ingresos y en los
grupos más vulnerables que sufren de discriminación u otro tipo de marginación,
como son las minorías étnicas, las madres solteras, las personas que viven en
zonas rurales, y los hombres y mujeres homosexuales. Es muy poco frecuente que
las elites políticas sufran las
peores consecuencias de las leyes restrictivas.
¨ Los altos costos políticos que
implicarían cualquier intento por reformar las leyes, sumados a la falta de poder
de los grupos en los que recaen las peores consecuencias de las políticas
restrictivas, producen una falta de voluntad política para propugnar reformas.
Si el tema se discutiera públicamente, ello podría dar origen a una represión
aún mayor de la que hay actualmente y restringir los mecanismos informales a
través de los cuales las personas pueden hoy en día acceder a otras
alternativas. Este panorama plantea serios dilemas éticos a quienes trabajan y
abogan por las reformas.
Este abismo entre las normas públicas que restringen por una parte los
derechos individuales, y los discursos y mecanismos privados que los amplían
por otra, no se limita por cierto al
campo de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, son tantos los
tabúes y restricciones socioculturales que rodean a este tema, que en América
Latina cuando más fuertemente opera el
doble discurso es cuando se trata
de abordar temas de sexualidad y reproducción. De hecho, el término “doble
discurso” puede llevar a equívocos, debido a que su esencia estipula que los
actos privados que se apartan de la norma, aún cuando sean de práctica
generalizada, no cuentan con el apoyo de ningún discurso público que los legitime. El discurso privado en general no sale en defensa de los derechos sexuales y
reproductivos que contravienen las normas tradicionales; éste más bien se
encarga de justificar por qué las personas cometen tal o cual acto privado, o
entrega las explicaciones que justifican dicha transgresión aduciendo
argumentos de debilidad y de pecado.
El doble discurso, recurso construido a la medida y cuyo propósito no
es enjuiciar, se origina precisamente en aquellas culturas predominantemente
católicas. En inglés, los términos que más se asemejan a este fenómeno– como
son “hipócrita”, “engañoso”, “de doble faz” y “con segunda intención”
–denotan juicios negativos. Los debates
polarizados que a menudo coexisten con los sistemas donde opera el doble
discurso llevan a juicios severos. Por ejemplo, en los debates sobre educación
sexual en Chile, los reformistas argumentan que ellos simplemente están
reconociendo la realidad y los riesgos de la conducta sexual de los
adolescentes, mientras que sus opositores son “hipócritas” que esconden sus
cabezas bajo la tierra. Del mismo modo, quienes se muestran contrarios a que la
educación sexual se constituya en un asunto de salud pública, acusan a los
reformistas de ser “permisivos” y promover la “promiscuidad”[7].
Con justicia se podría decir que el
sistema del doble discurso es inherente a las culturas católicas de los países
en los que, por diversas razones históricas y políticas, la Iglesia ejerce gran
influencia sobre el Estado. En estos países, muchos de ellos latino-
americanos, las autoridades de gobierno a menudo se sienten obligadas a defender
en público la doctrina de la Iglesia, aunque saben que es frecuente que los
actos no se ciñan a dichas enseñanzas[8].
Los católicos no consideran que esa actitud sea hipócrita, sino que la aceptan
como una forma de defender un ideal que muchos, incluso ellos mismos, no logran
alcanzar por razones que Dios se encargará de comprender y perdonar.
Al igual como sucede con las
participantes de los estudios del IRRRAG que describimos anteriormente, tanto
las católicas como las personas del clero logran llegar a una paz interior a
pesar de transgredir las normas oficiales. Es bastante común que los sacerdotes
que hacen trabajo comunitario muestren más empatía y flexibilidad ante esta
situación que las autoridades jerárquicas. Debido a que con frecuencia la jerarquía
“acalla” a los sacerdotes que se manifiestan públicamente contra las normas
represivas de la Iglesia, cuando se trata de mostrarse más comprensivos frente
a las conductas sexuales y reproductivas prohibidas, éstos sólo expresan su
opinión en el ámbito de la conversación privada y de la confesión[9].
Un estudio poco difundido y
que se realizó en Colombia acerca de las actitudes de las mujeres y los
sacerdotes católicos con respecto al aborto muestra que la mayoría de los
sacerdotes absuelven en la confesión a aquellas mujeres que se han sometido a
un aborto, a pesar de los mandatos emanados recientemente que instan a los
sacerdotes a excomulgar a dichas mujeres. Por su parte, las mujeres católicas
entrevistadas en clínicas que ofrecen servicios de aborto, hicieron una
distinción de facto entre el concepto público de pecado mortal, y su propia
concepción espiritual de una deidad comprensiva. Si bien reconocieron que el
aborto era un pecado, señalaron que de ninguna manera se rompería por ello su
relación con Dios, ya que lo que habían hecho se había debido a
problemas y necesidades extremas[10].
Ejemplos
del Sistema de Doble Discurso
La ley de divorcio en Chile
y el advocacy por el aborto en Colombia y Chile son claros ejemplos del sistema
de doble discurso. Ambos muestran de qué manera quienes diseñan las políticas
están dispuestos a hacer la vista gorda frente a los actos privados y a las
instituciones sociales que transgreden la norma oficial, a pesar de que se
sienten obligados a defender dicha norma. En ambos casos, han sido los grupos
más vulnerables los que han sufrido de manera desproporcionada las
consecuencias de las políticas, y tanto las personas como los grupos que abogan
por las reformas han enfrentado múltiples obstáculos.
La
Iglesia Católica y la Ley de Divorcio en Chile [11]
Durante los diecisiete años
de dictadura militar en Chile (1973 a 1990), la Iglesia Católica jugó un papel
preponderante como institución defensora de los derechos humanos y de la
justicia social. La Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia, que defendió
durante esos años a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, salvó
la vida de muchos políticos y activistas de oposición que hoy se desempeñan
como autoridades del gobierno civil y líderes de la coalición de centro-izquierda
que gobierna: la Concertación. Más
aún, históricamente la Iglesia ha apoyado siempre los esfuerzos para que exista
una mayor justicia social en Chile. Los orígenes progresistas del Partido
Demócrata Cristiano, fuerza mayoritaria de la
Concertación, se remontan a la época de los movimientos de la teología de
la liberación de la Iglesia Católica. Son estas las razones[12]
las que explican por qué la Iglesia goza hoy en día de una gran influencia
política en Chile, mayor de la que tiene en la mayoría de los países
latinoamericanos.
Esta creciente influencia
política de la Iglesia ha coincidido con el aumento del poder del ala
conservadora de la Iglesia en todo el mundo. El enfoque cada vez más represivo
de la Iglesia respecto de los derechos sexuales y reproductivos se intensificó
en Chile durante la década de los noventa, fortaleciéndose la asociación de la
Iglesia con los partidos conservadores de la oposición[13].
Por lo tanto, la Iglesia está en una posición envidiable: en cuanto a las
políticas que afectan a la familia, al género, la reproducción y la sexualidad,
ha logrado construir fuertes alianzas con políticos de todas las tendencias–
tanto de la Concertación como de los partidos opositores de
derecha – que tienen una posición conservadora frente a estos temas. Como
consecuencia, cuando se trata de discutir en el Congreso y en los medios de
comunicación los proyectos para reformar las leyes sobre el adulterio, el
divorcio, las relaciones homosexuales, las nuevas tecnologías reproductivas o
el aborto, llama la atención la uniformidad de los discursos públicos en Chile,
en comparación con lo que sucede en otros países latinoamericanos[14]. No hay un debate público activo acerca de
estas políticas, aun cuando la mayoría de los chilenos admiten que en el ámbito
privado éstas mismas políticas se transgreden constantemente. En ninguna otra
parte se reconoce y se habla tan abiertamente sobre el doble discurso como en este país de estructura social conservadora.
Si bien no existe una
Convención de Naciones Unidas que consagre explícitamente el derecho de las
personas a separarse definitivamente de sus esposos/as y casarse
nuevamente, es posible contar con los dedos de una mano los
países en los que no hay una ley de divorcio[15].
El poder que ha tenido la Iglesia durante los dos gobiernos civiles de los años
noventa podría explicar por qué Chile es uno de estos países, aún cuando a
través de una encuesta reciente quedó demostrado que el 70% de las mujeres
chilenas está a favor de una ley de divorcio[16].
Al igual de lo que sucede en los países industrializados más modernos, es
frecuente que las parejas chilenas se separen y vuelvan a formar pareja con un
nuevo compañero/a. Muchas personas simplemente viven con una nueva pareja sin
que haya entre ellos un vínculo legal; otras toman la precaución de no casarse
nunca. Durante la década de los noventa, los tribunales otorgaron casi
7.000 nulidades al año[17].
La mayoría de los analistas concuerdan en que el marco legal chileno que opera
para la nulidad del matrimonio civil es una válvula de escape fraudulenta que
permite que no haya una ley de divorcio. El fundamento que se utiliza
frecuentemente para anular legalmente un matrimonio es que uno de los esposos
(respaldados por dos testigos) declara bajo juramento que al momento de
contraer matrimonio civil entregó al oficial una dirección de domicilio
incorrecta, y por lo tanto en ese momento no vivía bajo la jurisdicción que le
correspondía a dicho oficial[18]. Lamentablemente, los honorarios de los
abogados no permiten que esta opción esté al alcance de las personas de escasos
recursos. Se podría argumentar, por cierto, que al no existir el divorcio
muchas segundas uniones–especialmente en los sectores populares –nunca se
formalizan, violando con esto el derecho humano reconocido de contraer
matrimonio y formar una familia. Un resultado claro derivado de esta situación
es que existe una tasa alta y creciente de nacimientos fuera del matrimonio,
que se ha elevado de un 30% en 1985 a un 46% en 1999[19]. Anular un matrimonio significa que éste
nunca existió desde el punto de vista legal, y cualquier repartición posterior
de los bienes matrimoniales queda sujeta por completo a negociaciones que los
esposos hagan entre sí[20].
Por lo tanto, la nulidad deja sin protección al padre custodio– que suele ser
una madre que cuenta con menos bienes que su esposo y sin ingresos económicos
independientes. En los países donde sí hay ley de divorcio, la legislación
contempla esta protección tan necesaria, regulando respecto de los derechos que
cada cual tiene sobre los bienes acumulados durante el matrimonio. Si bien los
padres biológicos debieran pagar una pensión alimenticia, el ineficiente
sistema judicial no garantiza que esta norma se cumpla, de manera que las
madres y los hijos a menudo se ven económicamente perjudicados por esta
situación[21]. Con todos estos antecedentes, es posible
argumentar que la ausencia de una ley de divorcio implica una discriminación
contra las mujeres, como también una violación a la igualdad de derechos de
hombres y mujeres dentro del matrimonio[22].
Resulta fácil, por lo tanto,
poder identificar los sectores sociales que se ven más perjudicados por la
falta de una ley de divorcio. Resulta menos fácil entender por qué hay tan poca
voluntad política para realizar esfuerzos que desemboquen finalmente en una
reforma, aún cuando sí ha habido varios intentos. En primer lugar, para los
legisladores chilenos (N de T)+ que han anulado su matrimonio o que
han llegado a un arreglo legal, resulta fácil oponerse con vehemencia a la
aprobación de una ley de divorcio, argumentando que lo que los motiva es
defender la familia chilena y los valores católicos. La transgresión de las
normas en el ámbito privado y la defensa de estas mismas normas en el ámbito
público coexisten en forma bastante pacífica en un sistema de doble discurso.
En segundo lugar, el poder castigador de la Iglesia Católica es probablemente
un factor fundamental que ha hecho fracasar los esfuerzos legislativos por
introducir alguna reforma. La Iglesia está dispuesta a ejercer toda su
influencia e invertir todos sus esfuerzos en campañas dirigidas a que en las
votaciones sean electos legisladores del área conservadora, y destituir de sus
cargos a aquellos que lideran los esfuerzos para aprobar leyes de divorcio u
otras leyes que amplíen los derechos sexuales y reproductivos. A los
partidarios de las reformas se los ha etiquetado de “divorcistas”[23].
Sin embargo, el año 1997 la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de ley de
divorcio, gracias a una coalición muy particular que incluyó un sector influyente del mayoritario Partido
Demócrata Cristiano y tres legisladores de partidos de derecha[24]. La aprobación contó con diez votos de los
partidos de derecha. Si bien el proyecto fue rechazado por el Senado, de
mayoría conservadora, desde entonces ha habido algunos avances que permiten
albergar cierta esperanza de una
mayor voluntad.
política para actuar frente
a estos conflictivos temas que tienen que ver con la sexualidad y la
reproducción[25].
Un factor que podría ser
causa del debilitamiento de la voluntad política para propiciar alguna reforma
es que los profesionales influyentes provienen principalmente de la clase media
y alta y, por lo tanto, están en condiciones de cancelar los honorarios que
cobra un abogado por tramitar una nulidad. Si bien todas las clases sociales
sufren los inconvenientes y dificultades de la falta de una ley de divorcio,
aquellos que podrían influir en las decisiones políticas no sufren en persona
las consecuencias más negativas de las leyes actualmente vigentes.
Lo que es un enigma aún
mayor es por qué no existe de parte de la ciudadanía una fuerte presión para
aprobar una ley de divorcio. Incluso de parte del movimiento de mujeres no ha
habido la suficiente presión sobre los legisladores. Una parlamentaria
feminista que contribuyó a liderar los recientes esfuerzos para impulsar una
ley de divorcio en el Congreso señaló con tristeza que, mientras se discutía el
proyecto en el Parlamento, no había partidarios que vociferaran desde las
galerías de la sala que adherían a esta moción. “Al parecer la movilización
dentro del grupo de mujeres es extremadamente débil, y a veces me siento muy
sola en mis esfuerzos”, dijo[26].
Un estudio realizado al respecto,
planteó la hipótesis de que un factor que estaría influyendo en el relativo
fracaso de las feministas chilenas para presionar sobre estos aspectos podría
ser el hecho de que están dispersas en ONGs cuyo financiamiento depende en gran
medida de fondos provenientes del gobierno. Esta dependencia contribuiría a
generar cierto grado de “auto censura” frente a temas como las leyes de la
familia y a otros aspectos sobre derechos sexuales y reproductivos, ya que el
gobierno no da cabida a estos temas debido a la oposición de la Iglesia[27]. Finalmente, la mayoría de las ONG, en
especial aquellas que realizan actividades comunitarias, concuerdan en que la
movilización de parte de las organizaciones de mujeres de sectores populares ha
disminuido desde que se restauró la democracia[28].
Tal como hemos visto hasta
aquí, el caso de la ley de divorcio deja al descubierto algunas de los
principales rasgos del sistema de doble discurso. En virtud de las válvulas de
escape que existen para las leyes de matrimonio, la mayoría de los chilenos que
podrían influir en el proceso político pueden conseguir una nulidad,
debilitándose así la voluntad política para impulsar alguna reforma. Mientras se respete la norma de
silencio oficial, es posible mantener el equilibrio político. Sin embargo, este
equilibrio representa una situación profundamente injusta para las parejas de
escasos ingresos que no pueden costear una nulidad, y para las madres que
tienen la custodia de sus hijos y que no están en condiciones de negociar en
privado con su esposo una repartición equitativa de los bienes matrimoniales.
Advocacy
por el Aborto en Colombia y Chile: ¿Cuándo Romper el Silencio? [29]
Como se mencionó en la
introducción, tal vez ningún otro tema relacionado con los derechos
reproductivos genera tanta polémica como el derecho a interrumpir legalmente un
embarazo no deseado sin poner en riesgo la salud de la mujer. La mayoría de los
que abogan por los derechos reproductivos sostienen que este derecho es una
derivación lógica de “el derecho de las parejas y las personas a decidir libre
y responsablemente el número de hijos que desean tener, el espaciamiento de los
nacimientos y el intervalo entre éstos” [30].
Si bien existen muchos otros argumentos en favor de este derecho, los que se
utilizan con más frecuencia son los de salud pública y equidad, que reconocen
que los abortos se practican ampliamente y que su carácter ilegal sólo
contribuye a una mayor morbilidad y mortalidad materna a causa de las
condiciones de riesgo en que se realizan, especialmente entre las mujeres más
pobres[31].
Las mujeres de clase media y alta generalmente pueden pagar servicios de aborto
clandestinos relativamente seguros, de manera que la clandestinidad implica
discriminar a las personas más pobres que no pueden optar a estos servicios en
las mismas condiciones. Tanto en las cumbres de las Naciones Unidas como en
países católicos, los argumentos de salud pública y equidad están ganando
terreno, pero el sistema de doble discurso estipula que el aborto no puede
legalizarse oficialmente, aunque sea una práctica difundida.
El Salvador y Chile son
países que comparten la realidad de ser los únicos en el mundo en que todos los
abortos, incluso aquellos que se realizan para salvar la vida de la madre, son
ilegales y penalizados, situación que puede considerarse como una violación al
derecho a la vida de la madre[32].
Esta legislación es incluso más estricta que el Código Canónico de la Iglesia
Católica, que permite someterse a un aborto en caso de embarazo ectópico o de
cáncer del sistema reproductivo[33]. En vista de la naturaleza clandestina de los
abortos inducidos, las estadísticas sobre su prevalencia se basan sólo en datos
hospitalarios. Los estudios de 1994 del Instituto Alan Guttmacher estiman que
se realizan alrededor de 288.400 abortos al año en Colombia y 159.650 en Chile
(siendo la población total de aproximadamente 36 y 14 millones,
respectivamente)[34]. Incluso en
el caso de Colombia, se han llegado a estimar cifras que alcanzan a 400.000
abortos al año[35]. Una
encuesta nacional que realizó Lucero Zamudio (de la Universidad Externado) en
hogares urbanos, reveló que una de cada tres mujeres que alguna vez se había
embarazado se había sometido a un aborto[36]. En Chile, 35 de cada 100 embarazos terminan
en aborto. En Colombia se estima que anualmente mueren casi 600 mujeres por
complicaciones del aborto, cifra que da cuenta del 67% del total de
hospitalizaciones por causas ginecológicas[37]. En ambos países, son principalmente las
mujeres de escasos recursos las que terminan en hospitales públicos por
complicaciones de un aborto practicado en condiciones de riesgo. Los
proveedores de salud de los hospitales públicos que se oponen al aborto a
menudo adoptan una actitud castigadora hacia estas mujeres. Hay muchos
testimonios que dan cuenta no sólo de comentarios hostiles, sino también de
casos en que algunos proveedores han realizado procedimientos de dilatación y
curetaje sin anestesia a mujeres con aborto incompleto, y otros que han
obligado a mujeres a ingerir medicamentos para detener abortos espontáneos[38].
La opinión pública en ambos
países, sin embargo, es mucho más progresista que las políticas oficiales. En
1997, una encuesta realizada entre mujeres colombianas que tenían una relación
de pareja estable reveló que un 20% de ellas se había practicado un aborto, y
un 48% opinó que éste debería ser legal en ciertas circunstancias. Entre estas
mismas mujeres fue aún mayor el porcentaje que manifestó que el aborto debería
ser legal “si la vida de la madre corría peligro” (88%), si el feto presentaba
defectos físicos o mentales graves (78%), o si se trataba de un caso de
violación. (76%)[39]. Es posible que en Chile el electorado
sea un poco más conservador en estas materias. Una encuesta realizada el año
1999 reveló que un 59 % de las mujeres
estaban de acuerdo con el aborto legal en casos de violación o incesto, un 78% en caso de que la vida de la madre
estuviera en peligro, y un 70% debido a problemas del feto. Y un 30% expresó
que la legislación debiera permitir el aborto “siempre que la mujer lo
solicite”[40]. Estos resultados de Chile son
particularmente notables, dado que en los medios de comunicación no se difunde
ninguna opinión que abogue por el derecho al aborto. (Véase nota 15)
Sin embargo, a pesar de la
similitud de los resultados en Chile y Colombia, la reacción pública a los
estudios Alan Guttmacher en ambos países fue sorprendentemente distinta. En
Chile, el tema del aborto en general suscita menos debate público que en Colombia.
La publicidad que rodeó el lanzamiento de los datos del estudio Alan Guttmacher
en Chile fue considerada una transgresión intolerable al sistema de doble
discurso. Este acepta y tolera las infracciones, siempre y cuando se mantengan
lejos de la esfera pública. “De eso no se habla” es la frase clave
que se aplica a temas como el aborto. En el caso Guttmacher, la amplia
cobertura por parte de los medios de comunicación y el debate que se generó
luego de lanzar el estudio, hicieron imposible pasar por alto los resultados.
Mientras los legisladores y las autoridades católicas progresistas reaccionaron
abogando por un mayor apoyo a los servicios de planificación familiar que
contribuyeran a prevenir los abortos, los legisladores del ala conservadora
intensificaron sus gestiones para aumentar la penalización del aborto. De
hecho, el resultado más tangible fue una persecución intensísima a las clínicas
clandestinas de aborto, que se prolongó con menos severidad durante los años
siguientes. Ni siquiera la clínica más conocida y cara de Providencia, uno de
los barrios donde vive la clase alta de Santiago, se salvó de las redadas
policiales. Quienes difundieron el estudio lo hicieron con el propósito de
demostrar lo inútil que resultaba penalizar una práctica tan ampliamente
difundida, y las consecuencias que su ilegalidad imponía sobre la salud
pública. Sin embargo, las consecuencias de esta difusión parecen haber sido
principalmente negativas y punitivas, dejando a muchas mujeres sin poder
acceder a los servicios requeridos[41].
La sociedad colombiana, por
otro lado, es menos conservadora y en este país la Iglesia Católica tiene menos
influencia sobre las políticas públicas que en Chile. Las leyes contemplan
el divorcio legal,
la libertad de
instrucción religiosa y la educación sexual obligatoria en los
colegios. La nueva Ley de Salud 100 garantiza el derecho a acceder a métodos de
planificación familiar[42].
Sin embargo, en ambos países las autoridades de gobierno aún se sienten
obligadas a adherir a las normas católicas, al mismo tiempo que la Iglesia
ejerce su influencia sobre la opinión pública a fin de obstaculizar cualquier
cambio en las leyes de aborto y de censurar los mensajes televisivos para
difundir el uso del condón como método de prevención del SIDA.
En general, los servicios de
aborto, de los cuales sólo unos pocos operan en forma segura y ética, son mucho
más accesibles en Colombia que en Chile. A mediados de los noventa, la autora
tuvo la oportunidad de leer en los periódicos páginas completas de avisos
anunciando clínicas donde las mujeres podían acudir si estaban preocupadas por
algún “atraso menstrual”[43].
Por otro lado, hay muchas clínicas que ofrecen bajo el amparo de la ley
tratamientos para abortos incompletos, los que generalmente los inician las
propias mujeres en su hogar usando algún mecanismo de riesgo. Sin embargo,
periódicamente la policía allana y cierra estas clínicas (u otras similares).
La reacción pública al estudio Alan Guttmacher fue menos intensa en Colombia
que en Chile, lo que podría reflejar que en ese país hay más información sobre
la disponibilidad de servicios de aborto y se acepta más dicha realidad. Sin
embargo, el estudio de Zamudio, que fue presentado en Noviembre de 1994 en
Bogotá en una conferencia regional de investigadores sobre el aborto, atrajo
mucho más atención de los medios de comunicación. Ello tal vez porque la
conferencia en sí fue un evento de gran importancia, al cual asistieron
legisladores de toda la región. Más aún, los hallazgos presentados fueron más sólidos
que las estimaciones del estudio Guttmacher, y por lo tanto, más difíciles de
ignorar. No está claro si el gran número de redadas y cierres de clínicas de
aborto posteriores a la reunión se debió a este interés que demostraron los
medios, o si se debió más bien a otras dinámicas dentro de la esfera política.
Cualquiera haya sido la causa, muchas de las clínicas reabrieron sus puertas
luego de transcurrido un tiempo prudente.
Una autoridad colombiana que
habló ante los medios de comunicación, se expresó de manera abierta y franca
sobre la manera en que operaba el sistema de doble discurso (al que en Colombia
también se lo denomina de “doble moral”) con respecto al aborto en ese país:
“El aborto no es un problema de sanciones legales, sino de una doble moral
colectiva. No hay ni una sola persona que no sepa dónde funciona al menos uno
de estos centros médicos, y que probablemente haya recurrido a sus servicios.
El aborto es un ejemplo claro de las prácticas clandestinas que aquí existen y
que no desaparecerán ”[44].
Un factor que podría
explicar los diferentes niveles de represión contra los proveedores
clandestinos en ambos países podría ser las diferencias en el imperio de la
ley. Chile es reconocido por su cultura legalista y por ser “la Suiza de
América Latina”. A lo largo de su historia, la ciudadanía ha demostrado un
profundo respeto por las leyes y las normas[45]. Sin embargo, esta rigurosidad legal es
selectiva y arbitraria frente a ciertas leyes como la del aborto, las que
generalmente se consideran represivas o que requieren de una violación de le
ética médica por parte de los proveedores de salud[46]. Si bien hay un número importante de mujeres
que han estado en la cárcel por haberse practicado un aborto –tal como aparece documentado en un estudio
de la abogada Lidia Casas– la mayoría de ellas no ha sido detenida en
allanamientos, sino que denunciadas por proveedores de salud. Los proveedores
están obligados por la ley a denunciar ante las autoridades a aquellas mujeres
que acuden a los hospitales por complicaciones de un aborto inducido, violando
con ello abiertamente la confidencialidad de la relación proveedor/clienta. El
estudio de Lidia Casas sugiere, sin
embargo, que en Chile la mayoría de los proveedores de salud respetan la
confidencialidad de esta relación, ya que la mayor parte de las denuncias emana
de unos pocos hospitales públicos que atienden a una población de escasos
recursos. Más aún, pudo establecerse que las denuncias tienden a concentrarse
en ciertos días en que determinados médicos están de turno[47]. Esta situación demuestra que para estos
casos el sistema de doble discurso opera implantando una política pública que
es ignorada en el ámbito privado, salvando así a la mayoría de las mujeres de
una de las peores consecuencias de dicha política. Sin embargo, las que sufren
el infortunio de caer en manos de proveedores que acatan la letra de la ley,
terminan en la cárcel. Y lo que es aún más. Tanto el riesgo de
mortalidad/morbilidad como el riesgo de ir a la cárcel recaen en forma muy poco
equitativa y desproporcionada sobre las mujeres de sectores populares, quienes
son las que acuden a los hospitales públicos por complicaciones de un aborto
practicado en condiciones de riesgo. Las mujeres de clase media y alta, que
tienen acceso a mejores servicios privados, habitualmente se libran de un
castigo. Se podría argumentar, como en el caso del divorcio, que al existir
esta válvula de escape, se debilita la voluntad de los actores políticos para
resolver el problema de una manera efectiva y consensual, situación que se da
tanto a nivel de las autoridades como al interior de la sociedad civil.
Por otro lado, se sabe que
en Colombia funciona un sistema que en general otorga impunidad frente a una
diversidad de infracciones legales; ello debido a la fragilidad,
desorganización y escasa efectividad del sistema judicial y de seguridad
ciudadana[48]. En este país existe mayor tolerancia que en
Chile frente a los servicios de abortos, siempre que se mantengan en privado y
tras bambalinas. Sólo en ciertas ocasiones se realizan persecuciones
esporádicas, como un gesto distractor de respeto a la regla de la ley y al
discurso oficial que condena el aborto. Al igual de lo que sucede con otros
mecanismos del doble discurso que amplían las alternativas de elección de las
personas, nadie garantiza que bajo las condiciones descritas se pueda acceder a
servicios de calidad. Al parecer, el porcentaje de mujeres que termina en la
cárcel por haberse sometido a un aborto es menor en Colombia que en Chile,
aunque no existen estadísticas concluyentes[49].
En Colombia, tanto los
movimientos de mujeres como los de advocacy
han sufrido divisiones en su interior. ¿La razón? Puntos de vista encontrados
sobre cuál sería la mejor estrategia a seguir para lograr la despenalización
del aborto. Sea que las persecuciones posteriores al estudio de Zamudio de 1994
hayan sido o no una coincidencia, en los últimos años casi siempre que se
aborda el tema del aborto en los debates públicos, se intensifica la represión y las acciones punitivas sobre las
clínicas clandestinas, lo que trae consecuencias negativas para las mujeres que
requieren de servicios de aborto[50].
Por lo tanto, existen ventajas reales asociadas al silencio. Más aún, las redes
de derechos reproductivos han entendido que no les favorece que la opinión
pública las identifique solamente con el tema del aborto, que es un asunto
mucho más polémico que otros dentro del ámbito de los derechos sexuales y
reproductivos. Al igual de lo que sucede con los legisladores, las redes
también enfrentan riesgos políticos si se identifican mucho con este tema[51].
Lamentablemente, otro factor
que contribuye a la división respecto de la cuestión del aborto en Colombia se
origina precisamente a partir de los esfuerzos del movimiento a favor de los
derechos reproductivos por expandir sus actividades más allá de las
organizaciones que se definen como feministas. Existe cierta evidencia que
demuestra que el tema del aborto suscita más desacuerdo en la medida en que las
redes por los derechos sexuales y reproductivos se expanden para incorporar a
organizaciones comunitarias de mujeres de escasos recursos, que tienden a tener
una base social mucho más diversificada que las ONGs feministas[52].
Frente a este clima de
división, la Red Colombiana de Derechos Sexuales y Reproductivos que funciona
en seis ciudades, decidió centrar su campaña 1997-98 en el tema de la violencia
sexual, particularmente en la falta de equidad de las leyes y de la cultura, y
en el tratamiento a las víctimas por parte de la justicia. Durante esta
campaña, la red abordó el tema del aborto en el contexto de la lucha por
eliminar las penas criminales para los casos de violación. De este modo,
consiguieron construir una coalición más amplia, resolviendo momentáneamente
entre sus filas los desacuerdos en torno al tema. Se diría que, en general, la
red tuvo más éxito en capturar la atención y lograr cobertura de parte de los
medios de comunicación locales que de los órganos nacionales[53]. Se podría plantear la hipótesis de que en un
sistema de doble discurso, en la medida en que un medio de comunicación tenga
más cobertura territorial (y por tanto tenga el carácter de “semi-oficial”),
más difícil es lograr que este medio difunda opiniones que transgredan las
normas vigentes casi sagradas sobre reproducción y sexualidad.
En Chile, ha habido grandes
esfuerzos por tratar de silenciar a quienes están a favor de despenalizar el
aborto o de introducir modificaciones que exceptúen su penalización[54]. El aborto por razones de salud o en caso de
malformación grave del feto era legal hasta 1989. Ese año, en uno de sus
últimas intervenciones, el gobierno militar lo decretó ilegal. Siendo este el
contexto actual, los grupos y legisladores que abogan para que el código civil
retorne a su estado anterior a 1989, son difamados por la prensa conservadora.
En los inicios del período democrático, cuando la parlamentaria Adriana Muñoz
propuso reponer las cláusulas que permitían el aborto terapéutico, fue
etiquetada de “abortista”, lo que contribuyó a su derrota en la reelección de
1993[55]. En general, los políticos conservadores
toman la delantera en este tema, y desde 1990 han introducido varias
iniciativas para aumentar las penas criminales de las mujeres que se someten a
un aborto. Afortunadamente, los legisladores están bastante conscientes de la
falta de equidad de las penas para las mujeres de escasos recursos, y todos
estos proyectos de ley han sido rechazados.
Últimamente, el movimiento
de mujeres ha contribuido a que estas propuestas no hayan sido aprobadas, a
pesar de lo cual la dinámica general sigue siendo la de una actitud defensiva.
El Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos ha tenido una labor
particularmente activa al respecto. Creado en 1991, el Foro es una red de
organizaciones - con presencia en diferentes provincias- que lentamente ha ido
ganando mayor legitimidad, y es considerado por las feministas como la única
entidad dentro del movimiento chileno de mujeres que se atreve a abogar
abiertamente por leyes menos represivas con respecto al aborto[56]. A pesar de la fuerza que ha logrado, el
alcance y efecto de las actividades del Foro se han visto entorpecidos por
diversos factores. La censura auto impuesta descrita para el tema del divorcio
en las ONGs de mujeres en Chile opera incluso con más fuerza para el caso del
aborto, de manera que algunas ONGs no están dispuestas a adherir a las campañas
del Foro. Más aún, al igual de lo que sucede en Colombia, a medida que el Foro
ha logrado expandirse a ciudades de provincia y a otras organizaciones de base
y de mujeres, se ha visto enfrentado al problema de que sus miembros tienen
opiniones antagónicas sobre el aborto. Esto ha conducido a que, en la práctica,
la red se vea obligada a mantener una política de adherencia voluntaria a las
campañas en esta materia, y el Foro ha tenido que abocarse a una gran tarea de
capacitación para lograr consenso. Es así como sólo algunos capítulos
regionales participan en la principal estrategia pública del Foro con respecto
al aborto, cual es ubicarse con pancartas que abogan por su despenalización y
entregar material educativo en la plaza principal de la ciudad un viernes al
mes. En los movimientos por los derechos humanos durante las dictaduras
militares (dentro de los hay que destacar el de las Madres de la Plaza de Mayo
en Argentina), esta estrategia constituye una declaración pública simbólica,
que permite difundir un mensaje prohibido en un espacio público más oficial.
Deja al descubierto el desacuerdo de la ciudadanía frente a las políticas
oficiales sobre temas tabúes relacionados con la reproducción y la sexualidad,
rompiendo así la lógica del sistema de doble discurso. Recientemente, el Foro
ha complementado esta estrategia dirigida principalmente a la opinión pública,
creando alianzas con otras ONGs, y estableciendo un diálogo con legisladores y
autoridades del gobierno cuando se han presentado instancias que han exigido
una acción política urgente, como el caso del proyecto de ley más reciente que
proponía aumentar la pena criminal para el aborto[57]. En realidad, resulta sorprendente que entre
las ONGs de mujeres chilenas exista más actividad política con respecto al
conflictivo tema del aborto que esfuerzos por impulsar una ley de divorcio.
Las dinámicas que influyen
en el advocacy por servicios de
abortos seguros y legales en estos dos países nos revelan las características
más notorias del sistema de doble discurso: la fuerte influencia de los dogmas
religiosos sobre las políticas públicas; la violación del derecho de las
mujeres a la maternidad voluntaria; la existencia de mecanismos informales o
ilegales que amplían las opciones de las personas; la discriminación contra las
mujeres de escasos recursos, tanto en el acceso a opciones como en la
aplicación arbitraria y azarosa de las leyes y de los castigos; las divisiones dentro
de la clase política y los movimientos ciudadanos respecto de esta materia, y
la falta de voluntad política de los legisladores, y al interior del movimiento
de mujeres, para revertir esta situación.
Implicancias
para el Advocacy: Una reflexión
Los ejemplos que hemos
expuesto demuestran cómo a través de mecanismos semi-oficiales, clandestinos y
privados, se transgreden los límites impuestos por políticas represivas.
Revelan también una profunda polarización de la opinión pública sobre el ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos.
No se puede menos que
aplaudir el ingenio humano que ha llegado a encontrar maneras tan tortuosas de
ampliar bajo esas circunstancias las opciones individuales. Sin embargo, no se
pueden ignorar las desventajas de dicho sistema, ya que el cúmulo de
consecuencias negativas recae en muchas personas y familias que se ven
perjudicadas de una manera irreparable. Cuando no se cuenta con soluciones
oficiales que amplíen las alternativas sexuales y reproductivas, cuando éstas
son clandestinas, y/o dependen del criterio de profesionales como los
proveedores de salud, nadie tiene garantizado el acceso permanente a dichas
soluciones y nadie puede supervisar la calidad de los servicios que se proveen.
Ello conduce a que las consecuencias tanto legales como de salud recaigan en
forma desproporcionada sobre las personas más vulnerables o de menos recursos.
Los mecanismos informales que amplían las opciones en general conllevan menos
riesgos y se hacen cada vez más accesibles a medida que uno sube la escala
socioeconómica, suavizándose con ello las consecuencias de las políticas
represivas para los mismos sectores que influyen en las decisiones políticas,
ya sea desde el gobierno o desde la sociedad civil. Debido justamente al hecho
de que para estos sectores las consecuencias se van mitigando, unido a que el advocacy implica enfrentarse a riesgos
políticos, es que surge la falta de voluntad política para defender tales derechos.
Este artículo ya se ha referido a los riesgos que el sistema impone sobre los
legisladores. Sin embargo, los riesgos también recaen sobre las ONGs y sobre
quienes trabajan en instituciones católicas.
Costos
Políticos
Aquellos
católicos que creen en el principio de la libertad de conciencia en materias
sexuales y reproductivas sufren de una fuerte represión. La red regional de
Católicas por el Derecho a Decidir recibe apoyo clandestino de muchas personas
que perderían sus trabajos si declararan abiertamente ser miembros de dicha
organización. La creciente represión que busca acallar las voces disidentes
dentro de la Iglesia ha debilitado los intentos por promover el diálogo al
interior de la jerarquía, entre la jerarquía y el clero (incluyendo a las
monjas)- que generalmente son mucho más flexibles y progresistas en estos
temas- y entre los laicos y la
jerarquía. Muchos sacerdotes que en un acto de valentía han manifestado
abiertamente su postura a favor de estos derechos a través de publicaciones y de medios de comunicación
han sido “acallados”. Ejemplos claros de lo anterior han ocurrido en Colombia y
Brasil[58]. Asimismo, un prominente endocrinólogo de la
Universidad Católica de Chile perdió recientemente su cargo de Profesor
Titular, luego de que se publicara en la sección editorial del periódico El Mercurio
una carta que él había enviado al Parlamento de Chile y en la que,
esgrimiendo argumentos propios de la teología católica, manifestaba su
oposición al proyecto Larraín, proyecto que pretendía aumentar la penalización
del aborto[59]. Para enfrentar esta represión, Católicas por
el Derecho a Decidir se ha valido de la investigación (por ejemplo, grupos de
foco sobre estas materias con mujeres católicas) y de encuestas de opinión
pública para demostrar la discrepancia que existe entre la realidad privada y la
opinión del laicado católico por un lado, y el discurso público de la
jerarquía de la Iglesia, por otro. A
fin de que estos puntos de vistas alcancen cierta legitimidad, este grupo ha
dado a conocer las opiniones de teólogos católicos disidentes a través de
publicaciones y de conferencias. Lamentablemente, la Iglesia Católica no es una
democracia. Siendo esa la situación, estas estrategias tienen menos posibilidad
de influir en las autoridades eclesiásticas de la que podrían lograr ejercer
los laicos en el Parlamento a través de estrategias de advocacy. Sin embargo, esta búsqueda y difusión a través de los
medios de comunicación sirve de todas manera a un propósito clave, puesto que
ayuda a legitimar el discurso en favor de los derechos en países cuyas políticas
públicas están fuertemente influenciadas por la Iglesia.
A menudo, los grupos que
hacen actividades de advocacy, muchos
de los cuales son ONGs de mujeres, no logran ser tan persistentes y efectivos
como lo son los activistas que se oponen a los derechos. En los ejemplos que
hemos mencionado sobre la situación de Chile y Colombia, una diversidad de
razones políticas, económicas y culturales explican por qué no ha habido la
suficiente movilización en estas materias de parte de los activistas. En el plano
económico, y debido a una drástica reducción del financiamiento extranjero,
muchas ONGs latinoamericanas han sufrido una situación tan precaria que no han
sido capaces de continuar siendo una voz fuerte e independiente en los debates
públicos. La situación se refleja no sólo en que el escaso personal que aún
trabaja esté completamente sobrepasado de tareas, sino que bajo la precariedad
de la situación que enfrentan, es muy difícil decidirse a portar pancartas y
defender asuntos tan polémicos y que implican tanto riesgo para las
organizaciones. Al no poder contar con ayuda extranjera y de donantes privados
del país para seguir adelante con sus actividades, las ONGs han empezado cada
vez más a depender financieramente de contratos con las autoridades locales y
nacionales, o de contratos bilaterales y multilaterales que requieren de la
aprobación de ambos gobiernos involucrados. En América Latina, varias ONGs se
han transformado en personas non gratas para algunas agencias gubernamentales,
por oponerse a la posición oficial del gobierno con respecto a temas de
derechos sexuales y reproductivos. La consecuencia es que estas ONGs han
quedado excluidas en forma no oficial de la posibilidad de ganar contratos con
el gobierno o de ser contratadas como organismos consultores,
independientemente de si el área de consultoría se relaciona o no con la
posición de la ONG sobre derechos sexuales y reproductivos.
Estrategias
Posibles
Al analizar la lógica del
sistema de doble discurso se vislumbran tres estrategias posibles para impulsar
la voluntad política hacia un cambio: usar tanto los argumentos de salud
pública como los de carácter ético; disminuir los riesgos políticos para una
diversidad de actores políticos, y eliminar las válvulas de escape. Adoptar
este último camino sería una grave equivocación y sólo contribuiría a aumentar
el sufrimiento y el daño. Tendría los mismos efectos de las persecuciones a los
proveedores de servicios de aborto ilegal en Chile, restringiendo con ello las
opciones para miles de mujeres y parejas desesperadas, forzándolas probablemente a tomar medidas
incluso de más riesgo para terminar sus embarazos[60]. Las válvulas de escape existen porque son
necesarias, y esta necesidad no desaparecerá, independientemente de cuáles sean
las políticas oficiales.
Entonces nos preguntamos
¿cómo podrían las estrategias de advocacy enfrentar el sistema del doble discurso? En
materias que van desde el divorcio hasta el aborto, las principales estrategias
han sido recurrir al lobby (++N del T) y usar los datos
epidemiológicos más evidentes: los adolescentes tienen una vida sexual activa,
las mujeres se practican abortos, hay madres que mueren y hay parejas que se
separan. Premunidos de información sobre las consecuencias negativas que
imponen las políticas restrictivas sobre la salud pública, las personas que
abogan por estos derechos hacen lobby
tras bambalinas y en reuniones con profesionales, de modo de ejercer cierta
influencia sobre los responsables de dictar las políticas.
Frente a cualquier
estrategia de advocacy, es importante
determinar cuáles son los grupos objetivos a los que es necesario llegar, y
desarrollar mensajes que se adecuen a esos grupos. En la mayoría de los países,
los legisladores y las autoridades públicas tienen opiniones diversas más o
menos reservadas respecto de esto asuntos. Con las estrategias actuales se
suele llegar sólo a los grupos objetivos de más alta visibilidad y poder: los
que defienden con más vehemencia los derechos, por un lado, y los que defienden
las normas casi sagradas que restringen dichos derechos, por el otro. Usando el
análisis de audiencias, la estrategia que utiliza los argumentos de salud
pública y equidad tiene una importante falencia para enfrentar al subgrupo de
legisladores que abogan de forma vehemente por limitar los derechos
argumentando justificaciones de orden religioso: los datos epidemiológicos no
tendrían ningún impacto sobre alguien que está defendiendo una norma sagrada.
De acuerdo al razonamiento religioso, el hecho de que las personas transgredan
o cometan pecados no significa que los Diez Mandamientos debieran mandarse a la
basura. Desde este punto de vista, sufrir a consecuencia de haber cometido una
transgresión no constituye una injusticia. La moralidad está fusionada con la
ley, y por lo tanto, legalizar el divorcio, el aborto o el adulterio equivale a
aprobarlos desde la perspectiva de la moral.
Además de los argumentos de
salud pública y equidad, existe otro que puede resultar más efectivo para
enfrentar a los que se oponen con intransigencia a los derechos sexuales y
reproductivos, argumento que puede ser mucho más convincente frente los
creyentes de todas las religiones: el principio de la diversidad religiosa.
Previo a la realización de la CIPD, se
convocó a un grupo de líderes de todas las religiones del mundo, incluyendo a
un representante del sector conservador de la jerarquía católica, a fin de
discutir temas relacionados con los derechos reproductivos. Un principio
fundamental en el que todos estuvieron de acuerdo fue que ninguna religión
debiera tener el poder, fuere a través del Estado o de otros medios, de imponer
sus preceptos a los creyentes de otra religión. La diversidad religiosa se ha
fortalecido significativamente en América Latina y en los países con tradición
católica, contribuyendo a ser de éste un argumento importante para quienes
hacen advocacy[61]. Una estrategia de advocacy complementaria sería crear alianzas con personas que
profesan otras religiones distintas al catolicismo, de modo de exigir que las
políticas de Estado no estén vinculadas a doctrinas de ninguna religión[62].
Quienes promueven los
derechos sexuales y reproductivos no sólo se enfrentan a argumentos basados en
la doctrina religiosa. Cada vez más, los opositores a las reformas están usando
también el discurso de los derechos humanos, citando por ejemplo el derecho del
feto a la vida o el derecho de los padres a tener control sobre la educación de
sus hijos adolescentes. Lamentablemente, este tipo de argumento produce un
enfrentamiento de derechos contra derechos, lo que da origen a discusiones
estériles: los derechos de los adolescentes contra los derechos de los padres,
y los derechos de las mujeres contra los de los embriones. En América Latina,
sin embargo, la doctrina católica que establece que la vida y los derechos
humanos comienzan al momento de la concepción, y la que define como
inaceptables las relaciones sexuales prematrimoniales, están engastadas en
estos argumentos, de manera que para quienes promueven los derechos sexuales y
reproductivos sería útil someterlos a un proceso de disección, de modo de
demostrar que se fundan en la doctrina de una religión hegemónica.
Si bien es importante
comprender el sistema en que se fundan las creencias de los más férreos
opositores a los derechos sexuales y reproductivos, sigue siendo efectivamente
estratégico usar argumentos de salud pública y de equidad frente a otras
autoridades responsables de políticas que pueden ser más abiertas a la
perspectiva de los derechos. Esta discusión se centrará en dos grupos objetivos
menos visibles presentes en muchas instituciones legislativas y agencias
gubernamentales: (1) aquellas personas para los que el tema no ha demostrado
ser de mucha relevancia y que han adoptado la postura tradicional porque ese ha
sido el camino más fácil, y (2) aquellas personas que ya están a favor de los
derechos sexuales y reproductivos, pero que sólo se atreven a expresar sus
puntos de vista tras bambalinas.
Es posible que el primer
grupo objetivo no se haya detenido a examinar concienzudamente estos temas, o
es posible que la información con que cuentan sea escasa. Tratándose de los
políticos, en general estos han optado por camino más seguro, cual es adherir a
las normas tradicionales. Es posible que este grupo esté más abierto a dejarse
persuadir por información sobre las consecuencias de la falta de equidad y por
los argumentos de salud pública de las leyes y normas represivas, especialmente
si la opinión pública se inclina por alguna reforma. Una persona dedicada a
actividades de advocacy en el tema
describió así a este grupo:
En muchos países [de América Latina], la desinformación
sobre los temas reproductivos juega un papel muy importante, especialmente
entre las personas que toman decisiones (decision makers). He tenido la
oportunidad de entrevistarme con legisladores de la región, que no saben las
implicancias de pasar leyes penalizadoras sobre el aborto y que no cuentan con
la información que les proporcione diferentes perspectivas sobre este aspecto;
muchos no saben qué son los derechos reproductivos. . . . Y no sólo ello, sino
que ante este vacío, la Iglesia Católica moviliza a sus adeptos, llevándolos al
Congreso, donde el único punto de vista
que se muestra son videos sensacionalistas sobre el aborto.
Lamentablemente, en estos países los grupos de mujeres no
tienen la misma capacidad de movilización[63].
Esta cita también deja entrever la
importancia del papel que juegan los medios de comunicación en la difusión de
diferentes puntos de vista, y el desequilibrio que existe entre quienes hacen lobby a favor y en contra de los
derechos. El segundo grupo objetivo lo integran aquellos legisladores y
autoridades públicas que en privado tienen una postura a favor de los derechos
en temas de salud sexual y reproductiva. Existen profundos desacuerdos
subterráneos entre las agencias gubernamentales, los partidos políticos y los
comités de legisladores, desacuerdos que con frecuencia se traducen en
declaraciones de consenso insípidas y carentes de significado, o simplemente
conducen a la inercia. Las anécdotas respecto de estas controversias en
reuniones privadas cunden como la mala hierba, pero ¡Qué poco frecuente es que
salgan a la luz pública, de modo que el resto de la ciudadanía también pueda
sopesar los argumentos y participar así del debate! Dentro de la mayoría de las
agencias y partidos políticos, aparentar que hay consenso público es un valor
incuestionable. Como resultado, el discurso “legítimo” que cuenta con acceso
garantizado a los medios de comunicación sigue siendo aquél que emana de la
jerarquía de la Iglesia Católica o de las figuras públicas que la respaldan,
mientras que las voces disidentes que defienden los derechos sexuales y
reproductivos rara vez llegan a la opinión pública, excepto cuando son atacadas
por la Iglesia. Esta dinámica sitúa a los discursos en favor de los derechos en
una posición de desventaja, perpetúa la marginalidad política de quienes
promueven estos derechos, y permite mantener tras bambalinas y sin sacar a la
luz pública los desacuerdos entre los actores políticos.
Mientras sean tan altos los
costos políticos de apoyar propuestas controvertidas en pro de los derechos,
las estrategias políticas de corto plazo más efectivas para quienes hacen advocacy obedecen a la lógica del
sistema de doble discurso, conduciendo las negociaciones y el lobby tras bambalinas, lejos de la
opinión pública. Tanto en Colombia como en Chile, los esfuerzos de advocacy
más comunes para lograr una reforma de la ley de aborto son
moderados y se dan claramente en un marco reservado. Las personas que abogan
por los derechos defienden esta estrategia sobre bases éticas: en ambos países,
los debates públicos sobre el aborto han tenido como consecuencia que aumente
la represión sobre las clínicas clandestinas. Esta estrategia podría traer
algunos beneficios legales, pero a largo plazo no logrará resolver el problema de que la postura en
pro de los derechos en estas materias sea percibida como ilegal e inmoral en el
ámbito público.
¿Cómo se podrían introducir
cambios en la cultura política, de modo que el debate tuviera menos costos para
los diferentes sectores, tanto para quienes defienden los derechos como para
los hombres y mujeres que más sufren a causa del sistema de doble discurso?
¿Cómo podría invertirse la estrategia defensiva, de manera que las fuerzas en
pro de los derechos pudieran tener un papel activo en los debates nacionales, y
no limitarse a responder a iniciativas que pueden erosionar aún más los
derechos? Es claro que las diversas estrategias de advocacy debieran concentrar sus esfuerzos en reducir los riesgos
políticos de los potenciales defensores. Una de esas estrategias podría ser
exponer las voces que abogan por los derechos en los medios de comunicación
masiva, trayendo a la luz las opiniones que hasta el momento se han mantenido
en el ámbito privado. Exponer los argumentos de ambos lados ayudaría a
legitimar el debate en sí mismo, como también las posiciones en favor de los
derechos, y contribuiría a disminuir los costos políticos ser partícipes del
debate y de adoptar públicamente una posición disidente.
Con este mismo propósito,
grupos de Colombia, Perú y Chile han usado las encuestas de opinión pública
para legitimar las perspectivas a favor de los derechos sexuales y
reproductivos. Las encuestas podrían ayudar a convencer a los políticos de que
tales perspectivas reflejan y concuerdan con las ideas del electorado, y por lo
tanto, los costos políticos serían menores de lo que temen[64]. Complementar estas encuestas con aquellas
realizadas por Católicas por el Derecho a Decidir podría ser doblemente
efectivo, a fin de demostrarles a los políticos el profundo abismo que existe
entre la opinión de la comunidad laica y la jerarquía de la Iglesia.
En ambos países, una de las
fuentes de división que ha generado el tema del aborto dentro del movimiento de
mujeres ha sido precisamente su esfuerzo por ampliar su alcance social,
incorporando a organizaciones de mujeres de base y de escasos recursos. Sin
embargo, ampliar la coalición en favor de los derechos es ciertamente una estrategia
promisoria para los grupos de la sociedad civil. Mientras más diversos y de más
amplia cobertura sean estos grupos, menor será el riesgo político que implique
defender estos derechos. Aun cuando en
dichas organizaciones hay más propensión a la diversidad ideológica que en las
ONGs feministas, son precisamente los sectores populares los que sufren el
impacto de las consecuencias negativas de las políticas restrictivas, y los que
más se beneficiarían de una reforma de las políticas. Por lo tanto, si no es
posible crear alianza con la organización como un todo, sería ventajoso hacerlo
con subgrupos dentro de ella. En los últimos seis años, muchas organizaciones
de mujeres y autoridades públicas que promueven los derechos han seguido la
estrategia de emplear el lenguaje de los documentos y convenciones de consenso
firmados por los líderes de su país, y hacer un seguimiento de los progresos
que el país ha hecho para implementar dichos acuerdos. En tanto el Programa de
Acción de la CIPD y la Plataforma de Acción de la Conferencia sobre la Mujer de
NU en Beijing reflejan los compromisos tomados sobre ciertos temas de derechos
sexuales y reproductivos, sus recomendaciones han demostrado ser instrumentos
muy valiosos para el advocacy. La
utilidad de esta estrategia radica precisamente en que otorga legitimidad a la
salud y a los derechos sexuales y reproductivos como asuntos políticos
fundamentales, reduciendo por lo tanto los riesgos políticos asociados a las
actividades de advocacy.
Para todas las personas dedicadas
a actividades de advocacy, sea que
pertenezcan al gobierno, a la sociedad civil o a la Iglesia, los riesgos
políticos que implica la defensa pública de estos derechos son probablemente el
principal obstáculo para lograr una masa crítica que las apoyen. Una punto es
que en el ámbito privado uno pueda estar de acuerdo en que las opciones
sexuales y reproductivas debieran ser un asunto de conciencia personal más que
un asunto legal, y recurrir privadamente a los mecanismos existentes para
ampliar esas opciones. Otra cosa totalmente diferente es asumir los costos
políticos asociados a comprometerse públicamente y salir en defensa de temas
tan polémicos, como es la despenalización del aborto. Antes de diseñar
estrategias, un ejercicio importante para quienes promueven los derechos sería
analizar la naturaleza de los riesgos, como también las fuentes, los argumentos
y las tácticas de ataque de la oposición. Las estrategias multifacéticas que
emplean una combinación de tácticas para hacerle frente a estos riesgos y
contrarrestar efectivamente los ataques (por ejemplo, las encuestas de opinión
pública, las alianzas en torno a otros temas, los acuerdos internacionales, la
asociación con los medios de comunicación y la educación de los responsables de
las políticas) son más efectivas, ya que logran un refuerzo mutuo entre dichas
tácticas. También es importante analizar las diferencias entre los potenciales
aliados, de modo de aproximarse a ellos de la forma más adecuada.
Si bien el sistema de doble
discurso impone obstáculos importantes a los esfuerzos por el advocacy de los derechos sexuales y
reproductivos en muchos países de América Latina, se ha progresado en temas
claves como son la violencia contra las mujeres y la violencia sexual. Es de
esperar que un análisis riguroso de la naturaleza de los riesgos políticos, la
adaptación de los mensajes a los diversos grupos objetivos, y una aproximación
decidida a potenciales aliados implique lograr una verdadera y exitosa
protección de todos y cada uno de los derechos sexuales y reproductivos.
En el largo plazo y en la
medida en que la diversidad inunde progresivamente las sociedades modernas en
lo que respecta a sus sistemas de creencias y a sus tradiciones
culturales/religiosas, es posible que cada vez menos se acepte que una doctrina
religiosa influya de forma tan indebida sobre el Estado. La vaga distinción
entre lo que se considera inmoral y lo que debería ser ilegal dificulta
enormemente los esfuerzos por proteger los derechos sexuales y reproductivos en
América Latina. Aceptar opiniones y sistemas de creencias diversos entre la
ciudadanía de un país, y por cierto entre los creyentes de cualquier religión,
es una piedra angular para defender los derechos sexuales y reproductivos. La
otra es el respeto por los derechos humanos. La sexualidad y la reproducción
son aspectos fundamentales de la vida y del bienestar de los seres humanos, y
los gobiernos debieran desarrollar una labor positiva para promover la salud y
el bienestar físico, emocional y social de sus habitantes. En la medida en que
las culturas democráticas echen sus raíces y se afiancen, los Estados no podrán
mantener normas represivas que nieguen las opciones de acción más básicas a una
ciudadanía cada vez más diversificada. En el largo plazo, las políticas que
niegan los derechos sexuales y reproductivos de las personas no son
sustentables en un sistema democrático.
Agradecimientos
Deseo agradecer
especialmente a Mala Htun, quien revisó el primer borrador de este artículo y
me entregó valiosos comentarios. A Gaby Oré Aguilar, María Isabel Plata, Luisa
Cabal, Elena Prada Salas, José Barzelatto, Josefina Hurtado y Carmen Posada,
quienes aportaron valiosos comentarios en borradores siguientes.
La preparación de este
artículo fue posible gracias al generoso apoyo de la Fundación Ford y del David
Rockefeller Center for Latin American Studies, de la Universidad de Harvard.
La traducción al español fue realizada por el Instituto Chileno de
Medicina Reproductiva (ICMER), gracias al aporte financiero de la Fundación
Ford.
Edición: Ana María Concha
Santiago, Chile, Marzo del 2000
Publicado originalmente en
inglés con el título:"The Double Discourse on Sexual and Reproductive
Rights in Latin America: The Chasm between Public Policy and Private
Actions". Health and Human Rights,
Vol # 2, pp. 110-143. Boston,
March, 2000. Traducido e impreso con la autorización del François-Xavier
Bagnoud Center for Health and Human Rights y Traducido e impreso con la
autorización del François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights y
del Presidente y Consejo Académico la Universidad de Harvard (President and
Fellows of Harvard College).
Se permite citar extractos cortos de este artículo,
respetando las reglas generalmente aceptadas. En caso de que se quiera citar un
extracto más extenso, por favor consulte a la autora, Bonnie Shepard, al correo
electrónico: Bonnie_Shepard@alumni.ksg.harvard.edu
y envíele copia del material donde los haya citado.
Un número limitado de copias de este
artículo será distribuido libre de costo a lectoras/es de países en vías de
desarrollo. Para las personas e instituciones de países desarrollados, el
artículo tiene un valor de US$10. Si desea ordenar una copia, contáctese con
Emilia Lepe en el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER),en la
siguiente dirección:
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Fonos: (56 2) 632 1988 - 632 7378; fax (
56 2) 633 6204; correo electrónico:
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